Exige EUA a Rubén Rocha por narcogobierno

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, en activo y retirados, señalados por delitos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los implicados habrían conspirado “con líderes del Cártel de Sinaloa” para introducir drogas a territorio estadounidense a cambio de beneficios políticos y sobornos. Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos de seguridad y exfuncionarios estatales.

De acuerdo con el expediente, los acusados habrían facilitado operaciones delictivas vinculadas con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de brindar protección a integrantes del grupo criminal, compartir información sensible y obstaculizar investigaciones. También se menciona la presunta participación de algunos en actos de violencia, incluidos secuestros y homicidios.

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La presidenta señaló que la Fiscalía mexicana debe proceder si encuentra elementos, tras señalamientos desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa

El fiscal federal Jay Clayton afirmó que las organizaciones criminales no operarían con el mismo alcance sin la participación de funcionarios corruptos, mientras que autoridades de la DEA señalaron que el caso refleja un intento por debilitar instituciones públicas y afectar la seguridad en Estados Unidos.

Tras la difusión del documento, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación mexicana. La dependencia indicó que los documentos enviados “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad” de los acusados.

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Asimismo, la Cancillería expresó inconformidad por la difusión pública del caso y adelantó el envío de una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos, al considerar que se vulneraron acuerdos de confidencialidad.

Por su parte, el embajador estadounidense Ronald Johnson sostuvo que el combate a la corrupción y al crimen transnacional es una prioridad compartida entre ambos países, y defendió la necesidad de garantizar la rendición de cuentas en casos que involucren actividades ilícitas.