Extorsión sigue en aumento, ¿Cuáles son las entidades más afectadas?
La extorsión se ha consolidado como uno de los principales frenos para la inversión y el crecimiento económico en México. Al cierre de 2025, este delito registró un incremento en 20 de las 32 entidades del país, lo que significa que en casi dos tercios del territorio nacional los empresarios enfrentaron mayores riesgos y costos derivados de esta práctica criminal.
De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la extorsión no es un fenómeno aislado ni transitorio, sino una presión constante que encarece la operación cotidiana, limita la capacidad de expansión de las empresas y erosiona la confianza en las instituciones.
“Se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial”, advierte el organismo.
Los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que mientras algunos delitos muestran señales de reducción, la extorsión se consolida como un problema estructural sin contención efectiva. El número de víctimas pasó de 6,223 en 2015 a 11,081 en 2025, lo que representa un aumento de 78.1% en una década. Estas cifras, además, solo reflejan los casos denunciados, por lo que el impacto real sería mucho mayor al considerar la llamada “cifra negra”.
La concentración territorial del delito evidencia fallas en las estrategias de seguridad. Cinco entidades -Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz- concentran 65.2% de las víctimas, y en las diez entidades con mayor incidencia se acumula 81% del total nacional. Entre los incrementos más alarmantes destacan Tlaxcala, con un crecimiento de 1,300%; Chiapas, con 364.3%; Ciudad de México, con 264.4%; Nayarit, con 171.4%; Yucatán, con 100%; y Puebla, con 84.4%.
El análisis municipal confirma la disparidad regional, pues Guanajuato aporta ocho de los veinte municipios con mayores tasas de víctimas, la Ciudad de México concentra cuatro y Nuevo León dos. La ausencia de acciones contundentes en estas zonas ha permitido que la extorsión se expanda con rapidez, afectando directamente la operación de las empresas.
En las regiones fronterizas, el fenómeno también muestra una tendencia ascendente. El 17.35% de los casos se concentra en entidades colindantes, con 12.27% en la frontera norte y 5.07% en la frontera sur. Esta última registró el mayor crecimiento anual, con 37.4%, frente al 7.9% observado en el norte, lo que refleja una presión creciente sobre corredores logísticos y cadenas de suministro estratégicas para la economía nacional.
La realidad empresarial confirma estas cifras. Según el indicador #MásSeguridad de #DataCoparmex, 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito en 2025, siendo la extorsión el segundo más frecuente. El 68.8% de los casos se realizó vía telefónica y en 31.2% de las denuncias se identificó la participación de personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en el Estado de Derecho.
Ante este panorama, Coparmex insiste en que la extorsión debe colocarse como prioridad nacional de política pública. Si bien la aprobación de la Ley General para combatir este delito representa un avance, el organismo subraya la necesidad de que los gobiernos locales constituyan unidades especializadas en las Fiscalías Estatales.
“Fortalecer el Estado de Derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos criminales es indispensable para proteger la inversión y preservar empleos formales”, señala.
La Confederación Patronal adelantó que dará seguimiento puntual a la canalización de presupuestos y a la conformación de las estructuras especializadas acordadas en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de que las empresas puedan operar sin coerción y el país recupere condiciones de crecimiento y estabilidad.
