En La montaña mágica, Thomas Mann cuenta la historia de un empresario que visita a un pariente en un sanatorio en los Alpes suizos. El visitante comienza a sentirse mal y el médico lo encama, quedándose ahí por siete interminables años. Una pequeña cosita se convierte en una enorme bola de nieve. Así parece ser el devenir del TLC norteamericano. Ahora que el gobierno estadounidense ha optado por un esquema incierto hacia el futuro, es imperativo separar los componentes clave de los mitos que se le atribuyen al tratado y, sobre todo, las responsabilidades que sucesivos gobiernos han eludido por tres tortuosas décadas. Me pregunto si el gobierno actual asumirá ahora la responsabilidad.
Para comenzar, un tratado de libre comercio no es más que un instrumento de política pública para orientar la actividad económica y conferirles certeza a los agentes económicos, es decir, a los empresarios, inversionistas, consumidores y trabajadores. Se trata de un mecanismo que se acuerda con otras naciones, en este caso nuestros dos vecinos al norte, para establecer reglas del juego que inviten e incentiven inversiones de largo plazo, libres de los vaivenes políticos cotidianos.
La importancia de este tratado específico, originalmente conocido como NAFTA, radica en tres factores: primero, en que Estados Unidos de facto le "prestó" a México instituciones judiciales para conferirles certeza a inversionistas del exterior; segundo, reenfocó la política económica y restableció reglas del juego para todos los actores económicos con reglas predecibles y conocidas tanto hacia el exterior como en el ámbito interno. Es decir, se convirtió en la principal fuente de confianza para toda la sociedad. En este punto radica su trascendencia política y, por lo tanto, la relevancia de la reciente decisión del presidente Trump. Finalmente, el tratado proveyó incentivos claros para reorientar la estructura económica para integrar a las tres economías norteamericanas, elevar la productividad, generar divisas y crear empleos bien pagados. Todo eso se ha logrado, con creces.
Para México, el tratado fue un factor político clave que permitió restablecer bases sólidas para generar confianza entre la población, en tanto que, para Estados Unidos, constituía una solución geopolítica para avanzar el desarrollo de México y, con ello fortalecer su frontera más débil. En el caso mexicano, el tratado impuso una serie de disciplinas para el gobierno, mismas que se respetaron hasta los últimos años en que comenzaron a ser erosionadas al eliminar instituciones y entidades clave, enmendar la Constitución para excluir inversionistas privados (como en electricidad) y sesgar los procesos a través de una creciente intervención gubernamental. No es casualidad que la confianza de los inversionistas se haya deteriorado.
Mucho más importante, dada la trascendencia estructural y política del tratado, es significativa la respuesta de preocupación casi unánime que se ha manifestado en toda la sociedad en estos días. El riesgo de perder el instrumento debería enfocarnos hacia lo que es necesario hacer no sólo para preservarlo, sino para lograr que efectivamente se transforme a toda la economía del país para beneficio del conjunto de la población.
El T-MEC no es una estrategia para generar crecimiento económico, ni para acabar con la pobreza o enmendar los errores que provoque un gobierno. Es no más que un instrumento de política económica, que debe ser complementado con estrategias de formación de capital humano, educación avanzada, desarrollo científico, construcción de infraestructura y afianzamiento de instituciones independientes. La conjunción de estas políticas debería arrojar un mayor crecimiento y menores niveles de pobreza. Sin embargo, lo que hemos observado es casi nula actividad hacia el avance de estos factores desde los noventa y una acelerada destrucción institucional en los últimos ocho años. Culpar al gobierno norteamericano o al T-MEC de estos resultados resulta un tanto absurdo.
Visto en retrospectiva, tan pronto entró en operación el TLC en 1994, ningún gobierno se abocó a crear las condiciones para que ese instrumento tan preciado (y envidiado en el mundo) trascendiera más allá de las empresas que entendieron su potencial y de los gobiernos, sobre todo a nivel estatal, que lo hicieron suyo.
Dado que el TLC resolvió un problema ancestral de falta de divisas en tanto que la migración atenuó la presión social, el incentivo para avanzar hacia otro estadio de desarrollo se desvaneció y nadie, incluyendo los dos gobiernos recientes, crearon condiciones para que las regiones más pobres y rezagadas se incorporaran a la lógica inherente al TLC.
Un gobierno decidido a acelerar el desarrollo del país, igual de izquierda que de derecha, se abocaría a consolidar la confianza empresarial y ciudadana para crear fuentes de certidumbre internas, especialmente en la era de Trump. Y eso implicaría atacar las fuentes ancestrales de rezago y pobreza, sobre todo en materia educativa, de salud y de infraestructura. Lamentablemente, en todos y cada uno de estos frentes vamos en reversa.
La fortaleza industrial, escribió Steven Williams, un lector del Financial Times, resulta de la innovación y políticas coherentes, no de medidas nostálgicas que no ayudan a nadie.
ÁTICO
El T-MEC no falló; ha sido un éxito rotundo; los que fallaron fueron los gobiernos que no invirtieron en educación, salud, instituciones...
