Fallo de Suprema Corte impacta confianza de inversionistas
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin orden judicial previa representa un golpe a la confianza de inversionistas y al Estado de derecho en México, advirtió María del Carmen Reyes García, presidenta de Coparmex Laguna.
La dirigente empresarial señaló que la certeza jurídica no es un lujo, sino la base sobre la que se construye la inversión y el desarrollo. Cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por el país.
El pasado 6 de abril, el Pleno de la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, validando la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por mayoría de seis votos contra tres, se determinó que la UIF puede bloquear cuentas cuando existan "indicios suficientes" de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
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Según el proyecto, esta acción no implica determinación de responsabilidad ni sustituye las facultades del Ministerio Público, sino que opera en un 'plano preventivo'Para Coparmex, esta decisión tensiona el principio de presunción de inocencia, pues permite aplicar medidas que afectan directamente el patrimonio de personas y empresas sin una resolución judicial previa.
"El bloqueo de cuentas puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a los afectados en desventaja para su defensa", subrayó Reyes García.
Enfatizó que la inversión depende de la certeza institucional. Consideró que, en la competencia global por capital, las decisiones que debilitan los contrapesos y la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México.
El impacto es especialmente severo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan más del 99% del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria. A diferencia de las grandes corporaciones, carecen de estructuras jurídicas y reservas financieras para enfrentar procesos prolongados. Un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad de los negocios.
Reyes García subrayó que la resolución de la Corte no agota el debate, sino que abre una responsabilidad directa para el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias. Coparmex Laguna exhortó a ambos poderes a colmar los vacíos legales y establecer reglas claras que eviten el uso discrecional de estas facultades.
Entre las propuestas destacan definir criterios objetivos y verificables para justificar un bloqueo, establecer un control judicial previo en un plazo máximo de seis horas, fijar límites razonables de duración de la medida, garantizar la notificación inmediata al titular y crear un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas.
