Familia de Marta Granados señala inconsistencias en investigación tras más de tres años de su desaparición

A más de tres años de la desaparición de Marta Granados de Castelblanco, ocurrida el 14 de mayo de 2023 en el Rancho Las Rusias, en Ramos Arizpe, su familia cuestionó la actuación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y aseguró haber identificado presuntas inconsistencias, omisiones y respuestas que, a su consideración, no corresponden con la documentación integrada en la investigación.

De acuerdo con los familiares, durante este tiempo han presentado más de 100 oficios ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas para solicitar información sobre las diligencias realizadas, los resultados obtenidos, las líneas de investigación descartadas y los documentos que sustentan las decisiones tomadas.

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Entre los principales señalamientos se encuentra la afirmación de que la Fiscalía de Coahuila habría informado que la Fiscalía General de la República (FGR) había atraído el caso, situación que, según la familia, nunca ocurrió. Precisaron que existió una investigación federal paralela, pero que ello no significó que la autoridad federal asumiera la investigación estatal.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con las primeras búsquedas realizadas en el Rancho Las Rusias, lugar donde Marta fue vista por última vez. La propia documentación de la Fiscalía registra operativos efectuados los días 16, 17 y 18 de mayo de 2023 con participación de autoridades municipales y estatales, además del uso de drones, binomios caninos y helicóptero.

Sin embargo, la familia señala que durante esos primeros días no se realizaron peritajes forenses y que posteriormente se efectuaron trabajos de Criminalística de Campo y pruebas con BlueStar, cuyos resultados negativos fueron utilizados para sostener que no existían indicios relacionados con un delito y justificar que el inmueble no fuera asegurado.

También cuestionan la evolución de la hipótesis relacionada con un arroyo cercano al sitio de desaparición. Según el documento familiar, el Dictamen de Antropología Forense 42/2023 planteaba distintas posibilidades sobre el desplazamiento de Marta, pero no establecía que hubiera caído al arroyo y sido arrastrada por la corriente.

La familia sostiene que, pocos días después, esa posibilidad comenzó a ser presentada por autoridades ministeriales como una línea de investigación y posteriormente se convirtió en una de las principales hipótesis, sin que hasta ahora, afirman, se haya identificado de manera clara el dato que sustentó ese cambio.

Uno de los puntos que consideran más preocupantes es el periodo transcurrido entre diligencias de búsqueda en Las Rusias. La familia señala que el 20 de diciembre de 2024 se realizó una inspección con una retroexcavadora para buscar indicios biológicos y no biológicos, pero que posteriormente no localizaron en la documentación revisada una nueva búsqueda material estatal en el lugar hasta mayo de 2026, es decir, un periodo superior a 16 meses.

Los familiares también cuestionaron información relacionada con el caso que fue incorporada al informe presentado por México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en abril de 2026.

Según su revisión documental, en ese informe se señaló que existía contacto continuo con la familia y que sus solicitudes habían sido atendidas. Sin embargo, los familiares sostienen que una de las afirmaciones incluidas en el documento internacional no correspondía con la comunicación que habían enviado, particularmente respecto a la supuesta falta de disposición de una víctima indirecta para participar en una reunión.

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Otro señalamiento apunta a documentos oficiales en los que, según la familia, se atribuyó a una víctima indirecta participación presencial en operativos efectuados los días 16, 17 y 18 de mayo de 2023, pese a que esa persona se encontraba en otro estado durante esas fechas.

La familia también puso bajo cuestionamiento un video presentado como elemento de coartada. Aclaró que no afirma que el material sea falso o manipulado, pero sostiene que en la documentación que revisó no aparece completa la conexión técnica entre el archivo, el dispositivo que originalmente lo grabó, su integridad y el equipo cuya ubicación fue corroborada mediante telecomunicaciones.

En este sentido, los familiares aseguran haber solicitado información como el archivo original, versiones existentes, hashes, metadatos, dispositivo de origen, método de adquisición y responsables de su obtención.

A ello se suma, de acuerdo con la familia, la existencia de interrupciones en los canales de comunicación con la Fiscalía, cambios de números telefónicos, comunicaciones sin respuesta y una demora de 52 días para informar sobre la renuncia de asesores jurídicos. Los familiares consideran que estos elementos contradicen la afirmación de que siempre existió comunicación mediante todos los canales oficiales.

Respecto a las solicitudes de información, señalan que llegaron a acumularse más de 100 oficios pendientes y que posteriormente la Fiscalía emitió respuestas a un bloque de 24 documentos. Sin embargo, sostienen que en varios casos las respuestas no atendieron de manera específica las preguntas planteadas sobre hechos, fechas, responsables, metodologías, decisiones o resultados.

Finalmente, los familiares cuestionan las conclusiones de la Fiscalía sobre el contexto del caso, al considerar que no se ha individualizado el análisis criminal que permita conocer qué fuentes fueron revisadas, qué personas y antecedentes fueron considerados, qué se encontró y qué elementos fueron descartados.

A más de tres años de la desaparición de Marta Granados, la familia sostiene que sus principales preguntas continúan siendo las mismas: qué se hizo, cuándo se hizo, quién lo realizó, qué se encontró y dónde están los documentos que lo acreditan. Para los familiares, la principal preocupación no sólo radica en las interrogantes que permanecen abiertas, sino también en las inconsistencias que, aseguran, han encontrado al comparar las respuestas oficiales con la documentación de la investigación.