Feminicidios dejan en orfandad y vulnerabilidad a miles de menores
La impunidad en los crímenes contra las mujeres superó el 95% entre 2015 y 2023, mientras que miles de niñas, niños y adolescentes quedan en condiciones de vulnerabilidad tras perder a su cuidadora principal a causa de la violencia feminicida, expuso la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
La ministra presentó en Gómez Palacio su libro “Mamá, en tu ausencia ¿Quién por mí?”, acompañada por la alcaldesa Betzabé Martínez Arango y la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Durango, Irma Selene Soto Rodríguez.
El volumen, de 193 páginas, coloca en el eje del análisis institucional la desatención, el desamparo y la profunda vulnerabilidad en que terminan miles de infancias tras perder a su cuidadora primordial a causa de la violencia feminicida.
Entre enero de 2015 y junio de 2024 se iniciaron casi 8 mil carpetas de investigación por feminicidio o feminicidio en grado de tentativa a lo largo del territorio nacional. En una cuarta parte de los casos, las víctimas eran madres o cuidadoras principales; sin embargo, solo en 2 casos se obtuvo una reparación integral del daño.
A través de una investigación posdoctoral, la doctora Yasmín Esquivel Mossa señala que, en este país, el acceso a la justicia y la reparación del daño para las infancias y adolescencias marcadas por la violencia continúan siendo un problema.
Ante un auditorio repleto en el Centro de Convenciones, donde se congregaron miembros del Poder Judicial, legisladores, cúpulas empresariales, defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general, la alcaldesa Betzabé Martínez Arango dio la bienvenida a la autora y elogió la investigación por dar luz a un problema social históricamente desatendido por el aparato gubernamental.
Durante el desarrollo de la asamblea, la edil rompió el protocolo tradicional para narrar una experiencia personal que transformó de manera definitiva su existencia: el homicidio de su progenitora en el acceso a su propio domicilio, cuando ella contaba con 19 años.
La gobernante compartió cómo la ausencia violenta de una madre altera radicalmente el trayecto de los hijos y recriminó la frialdad con la que suelen actuar las dependencias encargadas de procurar justicia.
“Cuando una mujer es asesinada, solemos hablar de la víctima directa. Pero pocas veces pensamos en quienes continúan viviendo con esa ausencia para siempre”, reflexionó la mandataria municipal.
En su testimonio, visibilizó el calvario de sortear indagatorias lentas, señalamientos despectivos de las autoridades e insensibilidad burocrática, y concluyó que las secuelas de un crimen de esta magnitud distan mucho de terminar con la emisión de un fallo judicial.
El trabajo documental de la ministra Esquivel Mossa, sustentado en la revisión minuciosa de más de 300 decisiones judiciales sobre feminicidio e imposición de tentativas, argumenta que las secuelas del delito rebasan la esfera estrictamente legal.
La investigación demuestra que la pérdida del sostén materno desencadena una crisis multidimensional que arrastra secuelas psicológicas, escolares, sociales y financieras para las infancias, las cuales se extienden a lo largo de los años sin contención pública.
Frente a este complejo escenario, el texto plantea iniciativas urgentes para transformar la actuación del Estado. Entre sus pilares destaca la conformación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, instrumento considerado necesario para dimensionar cuantitativamente la tragedia y diseñar políticas de acompañamiento real, puesto que actualmente México carece de un padrón verídico sobre esta población.
Adicionalmente, el proyecto legislativo promovido en la obra plantea reformas para reconocer jurídicamente a los hijos como víctimas plenas y no como meros afectados colaterales o indirectos. De igual modo, impulsa la adopción de una tutela judicial reforzada, que obligaría a los juzgadores a requerir informes periódicos sobre el bienestar integral, la evolución académica, el estado de salud y el desarrollo de los menores hasta que alcancen la mayoría de edad.
Martínez Arango enfatizó que estas medidas representan el amparo institucional que le faltó a ella y que hoy requieren miles de familias en el país. Resaltó que el incremento de mujeres en espacios de alta decisión debe materializarse en esquemas concretos de resguardo a través de organismos como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Porque no quisiéramos seguir atendiendo a los niños de mujeres que matan, queremos que dejen de matar a las mujeres”, sentenció Martínez Arango al cierre de su participación.
