Fernando Rodríguez acusa intento de influencia en juicio por sus derechos políticos
El diputado Fernando Rodríguez González denunció un presunto intento de tráfico de influencias en el proceso relacionado con sus derechos políticos, al señalar que el legislador federal Ricardo Mejía Berdeja habría solicitado una audiencia privada con el magistrado ponente del caso.
Por lo anterior, aseguró que el pasado lunes, al acudir a las oficinas del magistrado ponente Felipe Fuentes Barrera, encontró a la secretaria coordinando el acceso de Mejía Berdeja, situación que grabó, y la cual evidencia la solicitud de una reunión entre el dirigente petista y el juzgador.
Cuestionó la participación de Mejía Berdeja en un juicio relacionado con sus derechos políticos, ya que no forma parte del proceso, por lo que no descarta que estaría intentando obtener mediante influencias políticas lo que no ha conseguido por la vía jurídica.
Afirmó que existen señalamientos sobre un supuesto acuerdo político nacional para que el magistrado ponente favorezca los intereses de Mejía Berdeja, situación que no debe estar por encima de los derechos de los ciudadanos.
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El legislador defendió su retorno al Congreso de Coahuila tras un fallo electoral a su favor y arremetió contra su homólogo suspendido y Ricardo MejíaExpone presuntas irregularidades ante los magistrados
Sostuvo que previamente expuso ante equipos de los magistrados las presuntas irregularidades en las que habría incurrido Antonio Flores Guerra, a quien acusó de generar confrontación política mediante iniciativas y puntos de acuerdo que fueron retomados de otros estados.
No obstante, manifestó su confianza en la imparcialidad del Poder Judicial Federal y recordó que seis magistrados previamente han respaldado su derecho a permanecer en el último periodo ordinario del Congreso de Coahuila.
Sin embargo, advirtió que si la resolución final resulta contraria a sus intereses y considera que fue producto de una negociación política, continuará denunciándolo a nivel nacional.
Reiteró que no pueden anteponer las relaciones políticas o acuerdos políticos contra los derechos de los ciudadanos, por lo que el proceso debe resolverse con criterios jurídicos y no mediante acuerdos partidistas.
