FGR investiga en Torreón presunto fraude de mil 230 millones con demandas de ex policías federales
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación por un presunto fraude que supera los 1,230 millones de pesos, luego de detectar una serie de resoluciones laborales emitidas desde Torreón, Coahuila, que habrían favorecido a cientos de ex integrantes de la extinta Policía Federal y de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Las indagatorias apuntan a seis laudos laborales que ordenaban al ISSSTE pagar indemnizaciones a 880 ex servidores públicos, la mayoría ex agentes federales, pese a que, de acuerdo con las autoridades, ya no tenían derecho a esa prestación.
La prestación desapareció desde 2007
Según la investigación, los ex policías solicitaron el pago de la denominada indemnización global, equivalente a 45 días del último sueldo básico, beneficio contemplado en la antigua Ley del ISSSTE para trabajadores que no alcanzaban una pensión por jubilación.
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Sin embargo, dicha prestación fue eliminada con la reforma a la Ley del ISSSTE que entró en vigor en abril de 2007, además de que los demandantes ya contaban con cuentas individuales de Afore, por lo que, según las denuncias, el beneficio ya no les correspondía.
Pese a ello, las demandas fueron promovidas en 2021 utilizando la legislación anterior.
¿Por qué investigan a la Junta Especial de Torreón?
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es que los expedientes fueron admitidos por la entonces Junta Especial Número 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), ubicada en Torreón, aun cuando los demandantes provenían de distintos estados del país.
La investigación sostiene que esa instancia carecía de competencia territorial para resolver esos asuntos.
Además, las querellas señalan que las demandas fueron aceptadas sin precisar información esencial, como el salario base de los trabajadores, requisito indispensable para calcular cualquier indemnización.
Detectan presuntas irregularidades en los procedimientos
De acuerdo con las denuncias presentadas por el ISSSTE y la propia JFCA, los expedientes presentaban diversas anomalías, entre ellas:
- Demandas con información incompleta sobre la antigüedad laboral.
- Omisión para requerir la corrección de datos indispensables.
- Admisión de los juicios pese a no cumplir con los requisitos legales.
Las investigaciones también mencionan la participación de funcionarios de la entonces Junta Especial 42, entre ellos Aarón David Carrillo Ochoa, Edgar Ubaldo Ruiz Castillo y Gerardo Alfonso Montellano Valdés, quienes intervinieron en la admisión y resolución de los expedientes.
Un solo laudo superaba los 950 millones de pesos
El caso más significativo corresponde a un laudo que ordenaba el pago de 950 millones 262 mil pesos a favor de 678 ex servidores públicos, principalmente ex elementos de la Policía Federal y de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Las autoridades lograron detener la ejecución de los pagos antes de que los recursos fueran entregados.
Desaparece la Junta Especial 42 de Torreón
Tras detectarse las presuntas irregularidades, la ejecución de los laudos fue suspendida y, posteriormente, el 17 de junio de 2024, la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42, con sede en Torreón, desde donde se emitieron las resoluciones que hoy forman parte de la investigación federal.
