Fiscalía General del Estado, región Laguna 1 (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)
La incidencia delictiva en materia de robos ha registrado una disminución significativa en el municipio de Torreón, como resultado de la implementación de una política criminal enfocada en la judicialización de casos y el combate a la reincidencia, según datos de la Fiscalía General del Estado, región Laguna 1.
Carlos Alonso Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía en la región, explicó que a inicios del año pasado los diagnósticos realizados por la institución revelaron un incremento alarmante del 130 por ciento en los delitos de robo en general, incluyendo aquellos de alto impacto. Ante esta situación, el fiscal general instruyó reforzar las acciones de investigación y judicialización, especialmente contra personas reincidentes.
“Lo que detectamos fue que muchas detenciones no generaban antecedentes, ya que se resolvían con reparación del daño en sede ministerial. Eso permitía que los beneficios legales se mantuvieran intactos para los responsables, sin llegar a sentencias condenatorias”, señaló.
La nueva estrategia consistió en llevar más casos ante los tribunales, lo que permitió obtener sentencias condenatorias y limitar los beneficios legales para quienes reincidían en el delito. Tras casi un año de aplicación, los resultados muestran una reducción de entre 30 y 35% en la incidencia de robos en Torreón.
El delegado destacó que este avance ha sido posible gracias a la coordinación entre diversas corporaciones como la Policía Municipal, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Mando Especial, el 33 Batallón de Infantería y la Guardia Nacional.
“Cada institución aporta desde su trinchera para mantener blindado Coahuila”, afirmó.
En el marco de una reunión con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Rangel Gámez también abordó las inquietudes del gremio relacionadas con el transporte de hidrocarburos, insumo esencial para sus actividades.
Informó que durante el encuentro se acordó establecer programas de capacitación dirigidos a choferes y supervisores de las empresas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos legales y de protección civil en el traslado de combustibles.
El funcionario aclaró que los delitos relacionados con hidrocarburos son de competencia federal y corresponden a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, subrayó que cualquier corporación puede realizar detenciones en caso de irregularidades.
“La intención es acompañar al gremio, blindar la seguridad y evitar que la delincuencia organizada se disfrace de empresas para operar”, puntualizó.
Como parte de los acuerdos, se establecieron mesas de trabajo periódicas para ajustar las medidas a las necesidades del sector, siempre dentro del marco legal.
