Un juez federal concedió una suspensión provisional de la construcción de la presa Mujer Solteca -uno de los principales megaproyectos del Plan Nacional Hídrico 2025-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum-, derivado de un amparo interpuesto por el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente (Occama) de Oaxaca que obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno de Oaxaca a detener el desarrollo de la presa conocida antes como Paso Ancho y después Margarita Maza. El macroproyecto -que prevé controlar los ríos Sola y Atoyac mediante una cortina en Villa Sola de Vega, Sierra Sur-, incumple normatividad ambiental, está marcado por la opacidad, tendría un sobrecosto de 30 mil millones de pesos y avanza sin que la ciudadanía cuente con información suficiente sobre su viabilidad ambiental, financiera e hídrica.
El amparo indirecto obliga a las tres instituciones a detener el desarrollo de la obra por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental regional, permisos de cambio de uso de suelo y no promover mecanismos efectivos de participación pública.
Aunque el Gobierno Federal ha anunciado una inversión de 15 mil 944 millones 815 mil 692 pesos para su construcción, los documentos oficiales contemplan además 10 mil 044 millones de pesos en costos de operación y 4 mil 304 millones de pesos en mantenimiento, lo que elevaría el gasto público comprometido a 30 mil 293 millones de pesos durante el periodo 2026-2028.
Afirma el observatorio Occama que ésta inversión se impulsa sin conocer aún los daños que causaría al caudal ecológico del río Atoyac y sin considerar que el río Sola es un afluente deficitario que podría ni siquiera contar con la suficiente agua para cumplir los objetivos del gobierno.
Pese a tratarse de un proyecto cuyo costo total ascendería a 30 mil 293 millones de pesos al incorporar los gastos de construcción, operación y mantenimiento -equivalentes a prácticamente una cuarta parte (24.7%) de los 122 mil 600 millones de pesos anunciados por el Gobierno de México para todo el Plan Nacional Hídrico-, la propia Ficha de Valoración Estratégica reconoce que la Manifestación de Impacto Ambiental de la presa sigue en evaluación, que las correspondientes al acueducto y la planta potabilizadora continúan en elaboración y que el avance global de estudios, permisos y autorizaciones ambientales es apenas del 30%.
La misma documentación oficial identifica riesgos derivados de una disponibilidad hídrica menor a la proyectada, mientras que no existe un proceso amplio de participación pública que permita conocer y discutir los impactos sociales, ambientales y financieros de una obra que comprometería recursos públicos sin precedentes para el estado.
La falta de información pública completa sobre la viabilidad del proyecto y el incremento sustancial de su costo total obligan a un escrutinio ciudadano y gubernamental mucho más riguroso.
El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca está formado por 28 organizaciones.
La suspensión judicial obtenida por éste observatorio constituye una medida de protección del interés público.
El fallo del juez federal, dado a conocer el 18 de junio, no sólo evita que continúe un proyecto sin cumplir plenamente las obligaciones ambientales previstas en la ley, sino que abre la posibilidad de revisar con transparencia un presupuesto millonario destinado a una sola presa, lo que abre la posibilidad de que este presupuesto pueda reorientarse para fortalecer otras acciones estratégicas que atiendan el desabasto o mala gestión hídrica en Oaxaca, cuando la propia Conagua identifica que sus principales causas son las fugas, la falta de sectorización, el deterioro de las redes de distribución, la contaminación de las fuentes superficiales y las deficiencias operativas del organismo encargado del servicio.
En este contexto, para el observatorio Occama resulta indispensable transparentar la totalidad de los costos del proyecto, sus estudios técnicos, ambientales y financieros, así como garantizar mecanismos efectivos de participación pública antes de comprometer una inversión equivalente a una cuarta parte del Plan Nacional Hídrico.
La magnitud de los recursos involucrados exige el máximo nivel de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana para evitar decisiones que puedan derivar en un uso ineficiente o injustificado del presupuesto público.
Por ello, el observatorio de los Valles Centrales de Oaxaca hace un llamado a las autoridades federales y estatales para cumplir plenamente la resolución judicial, transparentar toda la información técnica y financiera del proyecto y abrir un proceso público de evaluación que permita garantizar que cualquier inversión en infraestructura hídrica responda a criterios de eficiencia, sostenibilidad, participación ciudadana, a la consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada y a la rendición de cuentas, privilegiando soluciones que atiendan de manera integral las causas reales del desabasto de agua en aquel estado del sur mexicano.
Aparte del proyecto de presa Mujer Solteca -hoy frenado por resolución judicial-, el Macroproyecto de Infraestructura Hídrica del sexenio de Claudia Sheinbaum incluye 16 megaproyectos más: el sistema de presas Hermosillo -Sinoquipe, Puerta del Sol, Las Chivas- en Sonora, la presa Milpillas en Zacatecas, la presa Las Escobas en San Luis Potosí, la presa El Novillo en Baja California Sur, la presa El Tunal II en Durango, y el acueducto Presa Solís-León en Guanajuato, entre otros estratégicos.
Tales proyectos de presas, que representan un giro en la política socioambiental de la 4T, han generado brotes de resistencia en diversos pueblos, comunidades, núcleos agrarios y organizaciones de territorios de potencial afectación.
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