Fundación Jimulco es una asociación civil poco común en el espectro de los organismos de la sociedad civil existentes en la Comarca Lagunera y, quizás, en todo el país. Su conformación se basa en la participación de personas morales, a diferencia del resto que son integradas por personas físicas: cinco universidades, tres cámaras empresariales, cuatro asociaciones civiles y representantes del gobierno municipal y estatal, creada en 2009 con el fin expreso de administrar la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, ubicada en el municipio de Torreón, Coahuila, función que desempeña desde 2010 mediante un convenio de colaboración con el gobierno de esta municipalidad.
Durante esta década y media la gestión de dicha área natural protegida, el objeto de creación de Fundación Jimulco se ha centrado en dos fines: por un lado, proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad que estos albergan en las 57,000 ha que le conforman y, por el otro, contribuir en mejorar las condiciones de vida de cerca de cinco mil habitantes de las comunidades que ejercen la propiedad de los terrenos (seis ejidos) y residen en las nueve localidades comprendidas dentro de ese polígono.
Tal función ha sido compleja por los contrastes que presenta la reserva ecológica: posee un importante capital natural en el que coexisten en su territorio cuatro ecosistemas (bosque templado, matorral intermontano, matorral desértico y ripario o ribereño), que dan origen a una importante biodiversidad (más de 800 especies registradas de flora y fauna silvestre); en contraposición a esta riqueza biótica, gran parte de su población humana vive en condiciones sociales precarias, sustentada en economías basadas centralmente en una agricultura parcelaria irrigada con el agua que brota de manantiales en el río Aguanaval, una ganadería bovino-caprina extensiva que aprovecha los agostaderos áridos y la recolección de plantas nativas con valor comercial, destacando el orégano.
Al ser declarada en 2003 como área natural protegida (ANP) de categoría municipal, su gestión se convierte en un reto, primero para el gobierno municipal y en seguida para las dos asociaciones civiles que la han co-administrado con este (Biodesert y Fundación Jimulco). Proteger la fauna y flora silvestre de prácticas irregulares que se venían realizando previa su declaratoria las cuales, si bien algunas persisten, estas se han reducido significativamente, como la caza furtiva de venado, la captura de aves o la extracción de plantas utilizadas en la ciudad para ornato, con fines medicinales o que ingresaban en circuitos comerciales de mercado negro, por mencionar algunas.
Proteger también ha implicado reducir las emisiones de residuos y establecer una forma de vigilancia que prevenga y denuncie delitos ambientales, prevenir y controlar incendios forestales, entre otras, acciones que no serían posibles sin la participación comunitaria, aunque algunos de los residentes aún realizan esas prácticas y se resisten a modificarlas, incluyendo cambios de uso de suelo sin permisos, en gran parte inducidas por habitantes de las zonas urbanas que buscan beneficiarse de manera particular con el uso de los bienes naturales ahí existentes, aprovechándose de las condiciones sociales precarias de los habitantes del ANP.
Pero no solo se trata de proteger, también de conservar, mediante la realización de prácticas de manejo y uso de esos bienes naturales que beneficien colectivamente a los campesinos y sus familias, prácticas no siempre visibles porque se efectúan en terrenos de uso común, en el monte.
En ambos aspectos, Fundación Jimulco ha desarrollado un papel importante facilitando la gestión que realizan las comunidades del ANP ante instituciones de gobierno y empresas privadas. Entre las primeras destaca la Comisión Nacional Forestal, que durante los últimos veinte años ha canalizado recursos federales (cerca de cincuenta millones de pesos) en acciones de protección y conservación de la naturaleza, destacando los programas de pago por servicios ambientales, ya sea a través del programa normal o de fondos concurrentes, en este último se encuentran las aportaciones del gobierno municipal y, de manera relevante, del gobierno estatal, como sucede actualmente con tres ejidos beneficiados.
Fundación Jimulco también ha sido un gestor acertado en la gestión de fondos privados, actualmente tres de los cuatro proyectos de inversión que realizan desde hace siete años empresas privadas, en acciones de conservación en el ANP, fue facilitada por esta asociación civil (con montos cercanos a treinta millones de pesos). Destacan compensaciones ambientales que las empresas aplican en obras de conservación de suelo y agua, reforestaciones, cercados y otras que contribuyen a mejorar los hábitats de flora y fauna silvestre, actividades que ocupan a los pobladores complementando los ingresos que obtienen de sus actividades tradicionales.
Ambos fondos, públicos y privados, se aplican directamente en las comunidades rurales del ANP, los cuales representan un porcentaje ampliamente multiplicado con respecto a los fondos municipales que recibe Fundación Jimulco para cumplir sus funciones de co-adminstración, lo cual constituye una gestión responsable basada en la suma de los esfuerzos, recursos y voluntades de sus integrantes.