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En julio de 2021, el gobierno federal prometió una revolución energética y anunció la creación de Gas Bienestar, bajo el argumento de romper los monopolios y llevar cilindros de gas baratos a cada rincón del país.
La empresa pública, que nació bajo el brazo de Petróleos Mexicanos (Pemex), irrumpió en el mercado nacional de Gas Licuado de Petróleo (gas LP). Cinco años después, el balance de las Cuentas Públicas y los informes de auditoría dan cuenta de que el ambicioso plan de rescate nacional se convirtió en un programa en un estado de la República, financieramente deficitario y congelado en el tiempo.
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El PRI también señaló el limitado impacto social del programaGas Bienestar fue presentado como una estrategia que sería implementada a nivel nacional. En las conferencias de prensa matutinas de 2021, el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó un calendario en el que anunció que la primera fase se implementaría en la Ciudad de México, para posteriormente avanzar hacia los estados con mayor pobreza energética, como Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México, hasta cubrir las 32 entidades federativas.
Esa expansión jamás ocurrió. Hoy, el programa se encuentra en un estado de parálisis operativa, abarcando menos de 0.5% del territorio nacional. La infraestructura de reparto jamás cruzó las fronteras metropolitanas, ni siquiera logró llegar a las 16 alcaldías, y quedó restringida a nueve alcaldías de la capital del país, siendo estas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza, y Xochimilco.
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Al haber sido constituido como una filial de derecho privado bajo el control de Pemex de manera indirecta, Gas Bienestar no reporta de forma abierta el uso de sus recursos en la Cuenta Pública Federal. De hecho, la empresa ha catalogado formalmente sus datos de ingresos, nóminas y costos como "secreto comercial" para evitar transparentarlos vía solicitudes de información.
