En las calles y en los parques. En partidos de futbol. En aeropuertos y carreteras. A la salida de centros comerciales. Y, por supuesto, en sus casas. Provistos con datos de inteligencia, en muchos casos generados por Palantir, la empresa fundada por Peter Thiel y gestionada por Alex Karp, los agentes anticipan los movimientos de sus víctimas y los capturan con lujo de intimidación y de violencia, ya sean individuos aislados o familias completas, o familias a las que separan de sus hijos menores de edad. No tienen compasión alguna: sus jefes, y los jefes de sus jefes —en una línea que llega a Stephen Miller y el propio Donald Trump— les han exigido aumentar sus cifras, subir sus porcentajes, mostrar la mayor eficiencia posible.
Sin parámetros de acción claros y con inauditos márgenes de discrecionalidad, actúan sin órdenes judiciales, movidos solo por la vaga idea de proteger a sus conciudadanos de un peligro que no existe. En numerosas ocasiones, documentadas por decenas de testigos, no usan uniformes ni automóviles oficiales, sino vestimentas civiles y vehículos sin placas, o capuchas con las que enmascaran sus rasgos. Una vez que identifican a sus objetivos, actúan con tanta rapidez como vehemencia, como si quisieran que su brutalidad sirviese de ejemplo para otros. Quizás por ello circulan tantos videos con su modus operandi: una prueba de que su conducta está diseñada para intimidar y aterrorizar. A fin de cuentas, hagan lo que hagan la ley habrá de protegerlos a ellos, no a quienes padecen su crueldad.
Si no estamos frente a una policía secreta, como la Gestapo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, como si la frialdad fuera su norma), cada día se le acerca más: su labor no consiste en detener a criminales, sino en operar una política de Estado, decididamente racista, que solo busca eliminar a quienes han sido identificados, sin razón alguna, como “enemigos”. Illegal aliens, en la terminología que Trump ha llevado hasta sus límites a la hora de comparar, en la página oficial de la Casa Blanca, a los migrantes sin papeles con alienígenas: criaturas no humanas que es necesario expulsar o, cuando se torna imprescindible, exterminar.
El secretismo acompaña cada uno de sus pasos y, una vez que alguien ha sido detenido —tras un profiling basado, como en la Alemania hitleriana, en rasgos étnicos—, son trasladados a campos de concentración —una vez más, imposible llamarlos de otro modo—, donde carecen de cualquier protección legal.
Las condiciones en estos lugares han sido múltiples veces denunciadas: muchos se hallan en manos de subcontratistas privados que aprovechan cualquier oportunidad para maximizar sus ganancias. En este doble limbo, miles de personas se vuelven números, al tiempo que el lenguaje del poder, el newspeak trumpeano, los cataloga y describe como meros sujetos de “traslado administrativo”.
En las últimas semanas, el ICE ha roto el récord de detener a diez mil personas en cinco días. Impunemente, frente a los ojos del mundo que prefieren concentrarse en los partidos del Mundial que se celebran en el mismo país que se ha convertido en un Estado racista y policiaco: lo mismo ocurrió durante las Olimpiadas de Berlín. Imposible no advertir la indiferencia o la cobardía de un sinfín de futbolistas que, como la FIFA —rendida dócilmente ante el tirano—, han preferido no hacer ni el mínimo gesto para referirse al sufrimiento que se acentúa afuera de los estadios. Al menos 52 han muerto en estos lugares desde enero de 2025 sin que haya habido suficientes explicaciones sobre lo ocurrido.
Hasta ahora, Miller y Trump ya han cumplido su objetivo: la campaña de deportación interior más agresiva de la historia de Estados Unidos, tomando en cuenta que, en la era Obama, se expulsaba sobre todo a personas detenidas directamente en la frontera. Adormecidos o abotagados por las redes, preferimos no ver las incontables violaciones a los derechos humanos generadas por la mayor potencia del planeta. Demandar al ICE y a sus subcontratistas por las muertes de mexicanos es una acción necesaria, pero limitada ante un Estado criminal que al mismo tiempo tiene el cinismo de celebrar sus 250 años de historia como si fuera una democracia modelo.
