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Agronitrogenados

Gilda Lozoya asegura que su detención es “un caso político”

Detienen en el AICM a Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, por el caso Agronitrogenados

Gilda Lozoya asegura que su detención es “un caso político”

Gilda Lozoya asegura que su detención es “un caso político”

EL SIGLO

La noche del miércoles 1 de julio, Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a su regreso de Ámsterdam. La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión emitida en su contra desde el 22 de junio de 2023 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR señala que, entre junio y noviembre de 2012, Gilda Susana presuntamente recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa que era dirigida por Alonso Ancira Elizondo.

De acuerdo con las indagatorias federales, Lozoya Austin se convirtió en beneficiaria de la empresa fachada Tochos Holding Limited mediante una cesión de derechos realizada por su hermano Emilio.

La cuenta bancaria receptora se abrió en Suiza a nombre de dicha compañía y recibió depósitos por un estimado de 2.5 millones de dólares. Según el Gobierno Federal, de esos fondos salieron 38 millones de pesos para la adquisición de una residencia en la colonia Lomas de Bezares en la Ciudad de México, inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada con sentencia definitiva.

La acusación principal apunta a que estos movimientos se realizaron antes de que Emilio Lozoya asumiera la titularidad de Pemex, gestión en la que posteriormente se concretó la compra a sobreprecio de la planta "chatarra" de Agronitrogenados, provocando un daño patrimonial estimado en 760 millones de dólares.

"Es un caso político": La postura de la defensa y la acusada

Durante la audiencia inicial efectuada el jueves 2 de julio en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gilda Susana Lozoya tomó la palabra para rechazar los cargos imputados por las autoridades.

"Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano", declaró ante la jueza de control, argumentando además que su salida del país duró solo una semana por un asunto familiar y que su retorno fue completamente voluntario debido a que no había sido notificada del mandamiento judicial.

Por su parte, su abogado defensor, Alejandro Rojas Pruneda, criticó la detención y el uso de la fuerza pública por parte de la FGR, señalando que su clienta mantenía una postura de cooperación permanente. Asimismo, reprochó la difusión de fotografías de la detenida esposada junto a agentes de la Interpol, calificando el acto como una estigmatización pública innecesaria.

Audiencia suspendida tras entrega tardía de la carpeta

La comparecencia ante el tribunal fue suspendida debido a que los fiscales de la FGR entregaron la carpeta de investigación que consta de 11 cajas con un aproximado de 70 mil fojas, apenas unos minutos antes del inicio programado. Ante esto, la defensa solicitó un aplazamiento para poder analizar el expediente, el cual fue concedido por la jueza de control Nora Ileana García Peralta tras un debate de dos horas.

Durante la sesión, la juzgadora negó la solicitud de la defensa para otorgar el arresto domiciliario a Gilda Susana en la misma residencia donde su madre, Gilda Margarita Austin Solís, cumple una medida similar, argumentando que el personal de custodia actual no tiene la obligación de vigilar a otra persona.

Medios nacionales como Proceso reportaron diversas confusiones por parte de la jueza durante el desahogo de los puntos, particularmente al negarse inicialmente a evaluar la legalidad de la detención tras confundir los términos de la constitucionalidad de la orden de aprehensión. Finalmente, la jueza ordenó suspender la diligencia para reanudarse el viernes 3 de julio a las 9:00 horas, prohibiendo a la FGR difundir información adicional sobre el caso hasta que se resuelva la situación jurídica de la imputada.

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