ÁTICO
Hace cien años, el gobierno quiso acabar con la libertad de creencia. Fracasó. Hoy quiere limitar la libertad de expresión. Fracasará.
Hubo un día en que el gobierno quiso acabar con la libertad de creencia e imponer una verdad única. Olvidó que el catolicismo -corazón de la espiritualidad popular en México- arraigó particularmente en el occidente del nuestro país. Cuando el poder pasó del desprecio a la persecución, los campesinos se levantaron en armas. Estalló hace exactamente cien años: la Guerra de los Cristeros.
Tenemos la fortuna de contar con una obra maestra que la recreó con rigor y conmovedora empatía. Me refiero a La Cristiada de Jean Meyer. Sus tres volúmenes (publicados a principios de los años setenta) rescatan losmás diversos avatares de la guerra, pero ante todo resaltan la fe del modesto campesino, cuyas hazañas recuerdan aún sus bisnietos.
Los antecedentes son conocidos. La necesaria separación de la Iglesia y el Estado así como la plena libertad de creencia habían sido consagradas en la Constitución liberal de 1857. La virtud de ambos preceptos se convirtió en franca intolerancia con la Constitución de 1917 cuyo objetivo era erradicar la religión.
El 3° asentaba: “Ninguna corporación religiosa [...] podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria...”. El 130° negaba toda posible personalidad de las “denominadas Iglesias”, impedía a losministros ejercer el voto y facultaba al Estado a determinar el número de sacerdotes.
Aunque los gobiernos de Carranza y de Obregón no ocultaban sus convicciones jacobinas, se abstuvieron de llevar ambos artículos a sus últimas consecuencias. Todo cambió en el período de Plutarco Elías Calles cuya decisión -manifestada a los obispos- fue irrevocable: “No hay otro camino [...] que someterse a [...] la ley”. El 2 de julio de 1926, el Diario Oficial publicó la llamada “Ley Calles”, con las reformas al Código Penal que incluían delitos relativos a la enseñanza confesional y cultos. El artículo 19, el más delicado, obligaba a los sacerdotes a inscribirse para que pudieran ejercer su ministerio.
La respuesta fue inmediata. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa -el principal organismo de resistencia civil de los católicos- organizó un eficaz boicot económico. Por su parte, los obispos emitieron una pastoral que anunciaba la suspensión de cultos a partir del momento en que la Ley Calles entrara en vigor. El 31 de julio fue el último día de cultos en todo el país. Los fieles se arremolinaron frente a los templos. Calles declaró que “naturalmente” no pensaba suavizar siquiera las reformas. Ingenuamente, confiaba en que “cada semana sin ejercicios religiosos haría perder a la religión católica 2% de sus fieles”.
El 21 de agosto, el presidente sostuvo una entrevista con Leopoldo Ruiz, obispo de Michoacán, y Pascual Díaz, obispo de Tabasco. La actitud de los obispos era conciliadora y hasta cierto punto humilde. Pero Calles fue lacerante y áspero. Su visión del papel del clero en la historia de México era absolutamente negra: “con toda franqueza”, creía que el cleromexicano había evidenciado estar siempre del lado del opresor. “No se hagan ilusiones -les dijo-, están perdiendo a los campesinos. Todas las agrupaciones de campesinos de la Revolución han protestado su adhesión a mi gobierno [...] y considerado a los sacerdotes como sus enemigos”. Y terminó con un reto: “Yo les voy a demostrar que no hay problema [...] el único que podrían crear sería lanzarse a la rebelión y en este caso el Gobierno está perfectamente preparado para vencerlos”. Al despedirse, los obispos expresaron que no fomentaban ninguna rebelión. Pero la decisión ya no era de ellos.
Calles esperaba suprimir el “fanatismo” del pueblo, pero un amplio sector del pueblo campesino enMichoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y varias otras zonas se rebeló espontáneamente.
La Guerra de los Cristeros se prolongó por casi tres años. Sin organización central hasta el arribo tardío del general Gorostieta, los cristeros libraron una guerra de guerrillas similar a la zapatista y no menos efectiva. En el momento de los arreglos con Roma en junio de 1929 -en los que intervino el embajador estadounidense Dwight Morrow- había cerca de 50 mil campesinos en armas. Otros 25 mil habían muerto en combate.
El saldo final fue atroz. Sangrienta e injusta, aquella guerra no solo costó a México, en total, 70 mil vidas; provocó, además, una severa caída de la producción agrícola (38% entre 1926 y 1930) y la emigración de unas 200 mil personas.
La lección histórica continúa vigente: ningún régimen puede gobernar las conciencias.