Gobierno de México descalifica petición ambiental sobre la Cuenca Baja del Río Nazas
El Gobierno de México emitió su respuesta oficial a la petición SEM-25-001, presentada ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en el marco del Capítulo 24 del T-MEC. Sin embargo, lejos de ofrecer argumentos técnicos y jurídicos que esclarezcan los hechos denunciados, el documento se distingue por un tono de confrontación institucional y descalificaciones dirigidas al Secretariado de la CCA, lo que genera preocupación en vísperas de la próxima revisión del tratado comercial.
La respuesta mexicana acusa al personal de la Unidad SEM de tener “dificultades para comprender” la legislación ambiental nacional y los fundamentos del propio T-MEC. Incluso señala “limitaciones técnicas significativas” y una “incomprensión fundamental del mandato conferido”. Estas expresiones, que cuestionan la capacidad institucional del órgano encargado de administrar el Proceso de Comunicaciones Ciudadanas sobre la Aplicación de la Legislación Ambiental (Proceso CEL), desplazan la discusión del cumplimiento ambiental hacia una confrontación con el mecanismo internacional.
El Gobierno mexicano sostiene que las actuaciones del Secretariado proyectan una “imagen preocupante” y podrían constituir un “factor de incertidumbre” para la cooperación ambiental. En varios apartados, se sugiere que las supuestas “irregularidades y deficiencias” del Secretariado forman parte de un “patrón que exige corrección”, lo que refuerza el tono de descalificación más que el diálogo técnico.
Uno de los argumentos más llamativos de la respuesta oficial es la afirmación de que las presas Lázaro Cárdenas (1936-1946) y Francisco Zarco (1966) fueron construidas en un contexto en el que “no existía un derecho ambiental sistematizado, ni en el ámbito nacional ni en el internacional”. Bajo esta lógica, el Gobierno sostiene que dichas decisiones no pueden evaluarse conforme a estándares ambientales actuales.
Luis Pedroza, abogado de la organización civil Prodefensa del Nazas, consideró que esta postura, resumida mediáticamente como “las presas se construyeron cuando no existía el derecho ambiental”, genera inquietud, pues pretende descartar la discusión sobre las obligaciones vigentes frente a los impactos actuales en la Cuenca Baja del Río Nazas.
La respuesta mexicana, marcada por descalificaciones y justificaciones históricas, deja sin atender el fondo de la petición, que son los efectos ambientales y sociales que persisten en la región. Para los peticionarios, la ausencia de evidencias técnicas contundentes y de argumentos sólidos que acrediten el cumplimiento de la legislación ambiental refuerza la convicción de que el Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones. En este sentido, la demanda por avanzar hacia un “Nazas Vivo” cobra mayor fuerza como un llamado a la responsabilidad y a la cooperación internacional.
Como se informó oportunamente, el 3 de septiembre se promovieron dos peticiones formales ante instancias internacionales por el deterioro de la cuenca baja del río Nazas, en los estados de Durango y Coahuila, la primera en la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con sede en Montreal, con base en lo establecido en el T-MEC, y la segunda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Con este hecho, se abre un precedente en la defensa de los ríos en América Latina y se plantea un llamado urgente para reconocer los derechos de los ecosistemas.
