Gobierno estatal promete predios y acompañamiento a víctimas del fraude inmobiliario

Personas que fueron defraudadas con la compra-venta de terrenos y casas habitación por lo que se ha denominado el “cártel inmobiliario”, obtuvieron el compromiso de la Secretaría General de Gobierno del Estado a tener acompañamiento legal, agilizar la judicialización de los casos en la Fiscalía estatal y la entrega de predios a modo de reparación del daño de que han sido víctimas.

Durante una reunión que sostuvieron en días pasados con Óscar Pimentel González, Secretario de Gobierno en la entidad, el funcionario les ofreció la asignación de una abogada penalista para que esté al pendiente de todos los procesos que hay en la Fiscalía General del Estado, donde se han cometido muchas irregularidades y dilaciones, según denunció Alfonso Serrano Faccuseh, uno de los afectados.

Un ejemplo de los obstáculos con que se han encontrado en la Fiscalía General del Estado, son los comprobantes de las transferencias bancarias que se hicieron para cubrir la compra de los inmuebles, que les piden a los denunciantes para acompañar la denuncia pese a que los bancos no se los entregan directamente, sino por intervención de la Fiscalía.

Además, pese a que el compromiso del delegado de la FGE había sido judicializar dos carpetas de investigación por semana, solamente han avanzado dos casos en un lapso de nueve meses, de un total de 27 denuncias que se han interpuesto por quienes integran este grupo que se reunió con Pimentel González.

A decir de Alfonso Serrano, la dilación y retrasos con que ha actuado la Fiscalía permitió que una de las personas que había sido detenida por su presunta implicación en el caso, recuperara su libertad tras el pago de los daños.

Indicó que otro de los compromisos del Secretario de Gobierno fue que a más tardar el 15 de abril, se entregarán predios en estos 27 casos para subsanar el daño de que fueron objeto, aunque no serán del mismo valor del que adquirieron, “pero es una forma que él propone para reparar el daño porque hay omisión de funciones de los diversos representantes de gobierno estatal y municipal que provocaron que el fraude tuviera estos alcances”, señaló.

Aún falta por conocer dónde estarán ubicados estos predios, entre terrenos y casas que algunos compraron con créditos Infonavit, aunque independientemente de que se les entreguen, los afectados mantendrán su postura para que cada uno de los casos se judicialice y se llegue hasta las últimas consecuencias por la vía penal.

Por otra parte, se buscará concretar una entrevista con el propio titular de la Fiscalía, Federico Fernández Montañez, quien según lo que comentó Alfonso Serrano, no les ha dado la atención debida.

Y es que según detalló, desde marzo del pasado solicitaron una audiencia con este funcionario; “nos dieron un número de teléfono en el que se supone nos atendería directamente, pero no nos contesta; otro día nos citó a las 10 de la mañana y los atendió hasta las 7 de la tarde, y no sabía ni quiénes éramos nosotros”, señaló el quejoso.

Implicadas, dependencias municipales y estatales

Los primeros casos de compra-venta ficticia de terrenos y viviendas se dieron en 2020 pero salieron a la luz tres años después, ante la falta de respuesta de las autoridades y la desesperación de los afectados por ver truncados sus planes de adquirir un patrimonio, ya que pagaron la cantidad acordada con los vendedores, pero éstos nunca entregaron los inmuebles.

Los predios que habían comprado tenían otros propietarios, y el común denominador en todos los casos era que los trámites se habían realizado a través de la Notaría Pública Número 45, que tenía a su cargo Nicolás “N”, pero que debido a las denuncias acumuladas se le retiró el fiat y cerró de manera definitiva, además que se inició un proceso de investigación en su contra por el fraude.

“Caímos en el engaño porque nos entregaron documentos oficiales con códigos QR, que si se escanean, aparecen con las inscripciones que detallan, pero al acudir al Registro Público de la Propiedad encontramos que están a nombre de otras personas”.

Los señalamientos del grupo de afectados son hacia Gustavo Muñoz y Gabriela Ávila, de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Municipio, con quienes se hacían los trámites directamente de la Notaría Pública y éstos firmaban los documentos. Otras áreas son la de Catastro Municipal y la del impuesto predial, puesto que se expidieron recibos apócrifos.

“Estamos seguros que el gobierno municipal debió estar al tanto de estas irregularidades, han sido años, por lo menos desde 2020 cuando se empezaron a hacer los señalamientos”, dijo Alfonso Serrano, al indicar que por parte del gobierno estatal, también podría estar implicado el Registro Público de la Propiedad.

Los afectados han solicitado también audiencia con el presidente municipal, Román Alberto Cepeda, pero no han tenido respuesta.

“Lo más sorprendente es que se aportaron todos los datos para encontrar a los presuntos responsables del fraude inmobiliario, pero a quien era titular de la Notaría 45 se le permitió fugarse a España, hay muchas irregularidades; esta persona obtuvo el fiat notarial del exgobernador Rubén Moreira, sin acreditar los exámenes que establece el Reglamento de Notarías y sin gozar de buena salud”, según indicó Alfonso Serrano Faccuseh.