Richard Leiter Johnston III, de 35 años, sirvió como oficial del ejército de Estados Unidos, combatió en Afganistán en misiones antiterroristas de la operación “Centinela de la Libertad” (OFS), se entrenó como “boina verde” de las Fuerzas Especiales y realizó tareas de asalto aéreo, paracaidismo y buceo de combate en Oriente Medio, África y Asia.
John Dudley Black, de 44 años, también sirvió en Afganistán como parte del cuerpo de “marines” y fue ayudante militar del comandante general de la Primera División de esa rama de las fuerzas armadas estadounidenses.
¿Qué hacían en Chihuahua antes de morir, presumiblemente de manera accidental, cuando desbarrancó el vehículo en el que regresaban el 19 de abril pasado del operativo en que se desmanteló un gigantesco narcolaboratorio escondido en la Sierra Tarahumara? ¿Les parece creíble que dos efectivos militares con ese nivel de entrenamiento y de letalidad reclutados ahora por la CIA solo realizaban tareas de escritorio enfocadas en el adiestramiento de fuerzas de seguridad de Chihuahua, según explicó la propia embajada de Estados Unidos en México al confirmar su deceso? Cuesta trabajo no suponer que los dos personajes de marras operaban, como suelen hacerlo los agentes de la inteligencia estadounidense, en algo mucho más delicado y seguramente encubierto e ilegal, tanto que obligaba al sigilo y la reserva.
Pero el secreto empezó a desvelarse esta semana al ponérsele foco periodístico a Guillermo Arturo Zuany Portillo, fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro cuando se desmanteló el narcolaboratorio y se mataron los agentes estadounidenses.
Fuentes anónimas citadas por The New York Times sostienen que Zuany Portillo—quien es investigado por las autoridades mexicanas y tiene órdenes de aprehensión, según confirmó el secretario Omar García Harfuch— huyó de nuestro país y está bajo protección del gobierno de Estados Unidos, donde ya ha declarado que fue enlace entre la CIA y las fuerzas de seguridad de Chihuahua, que ya trabajaba en la formación de un grupo conjunto contra el narcotráfico, que algunos agentes estadounidenses ya participaban armados en los operativos a pesar de una prohibición constitucional expresa y que la gobernadora María Eugenia Campos estaba enterada.
Ninguna autoridad estadounidense ha hecho declaración oficial alguna que confirme que el exfiscal de operaciones estratégicas y antisecuestro esté bajo su protección y la CIA declinó hablar sobre el asunto. La FGR, aquí en México, dijo haber encontrado indicios de que agentes estadounidenses participaron en actividades que excedían la cooperación ordinaria permitida por la ley mexicana y sin desmentir frontalmente lo señalado por el diario neoyorquino, consideró que los hechos publicados son compatibles con una investigación federal mexicana que ya está en marcha.
El viernes pasado, en su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum dejó al gabinete de seguridad la tarea de informar todo lo que sabe sobre el hombre de la CIA en Chihuahua y sin negar tajantemente que esté bajo la protección de Estados Unidos, refirió que “es muy relevante cómo que esta persona, vinculada en su momento con la delincuencia organizada—lo puedo decir—, se acerca después a sus agencias”.
Acusado de traición a la patria por este caso, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, sigue en prisión vinculado a proceso, mientras que la gobernadora Maru Campos nada más ha dicho.
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