“Solo nos hablaron de empleos”: habitantes de Sapioris revelan cómo conocieron Fermachem

A través de redes sociales se enteraron de las posibles repercusiones ambientales que la planta de fertilizantes nitrogenados podría causarle a su comunidad.

Tras el arranque oficial de la construcción de la planta de fertilizantes nitrogenados Fermachem, el pasado 8 de junio en la localidad de Sapioris, Lerdo, el proyecto se colocó en el centro del debate público.

Mientras autoridades destacan la inversión (28 mil millones de pesos) y la generación de empleos que promete la obra, en redes sociales comenzaron a circular cuestionamientos sobre sus posibles impactos ambientales, el consumo de recursos naturales y los riesgos asociados a su operación.

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La planta estará destinada exclusivamente a la fabricación de urea y no a la comercialización de amoniaco, según alcaldesa de Lerdo

Entre las principales preocupaciones se encuentra la demanda de agua que requerirá la planta en una región marcada por la sobreexplotación de sus acuíferos y los efectos persistentes de la sequía. También se ha cuestionado la cercanía del proyecto con el Área Natural Protegida Estatal Cañón de Fernández, así como la posibilidad de que la instalación produzca amoníaco y los riesgos ambientales asociados a este proceso.

A ello se suman dudas sobre el origen del agua que abastecerá a la planta —incluida la posibilidad de que provenga de pozos subterráneos—, la escasa información pública disponible sobre las características técnicas del proyecto y la falta de mecanismos de socialización que permitan a la población conocer, analizar y debatir sus implicaciones antes del inicio de la obra.

Esa percepción está presente sobretodo entre los habitantes de Sapioris, quienes manifestaron a este diario, que durante años sólo escucharon sobre la llegada de una empresa que traería empleos y derrama económica, pero que jamás recibieron información detallada sobre los posibles impactos ambientales del proyecto.

Por ejemplo, Antonio Carrillo, habitante de la comunidad que registra aproximadamente mil 992 personas, recuerda que la noticia comenzó a circular cuando empresarios extranjeros arribaron a la zona con la intención de adquirir terrenos.

Según relata, en aquel momento se hablaba de una planta relacionada con fertilizantes orgánicos y de la creación de entre dos mil y tres mil empleos, una expectativa que generó entusiasmo entre muchas familias del poblado y sus alrededores. Sin embargo, asegura que nunca hubo reuniones abiertas o explicaciones dirigidas a la población sobre las características del proyecto.

“Escuchamos que iba a generar mucho empleo y que habría derrama económica, pero desconocíamos completamente el impacto ambiental”, señala.

Afirma que fue en días recientes, a través de redes sociales, cuando comenzaron a surgir cuestionamientos sobre posibles afectaciones al agua, al río Nazas y al entorno natural de la región.

Una percepción similar comparte Samuel Martínez Favela, de 41 años e hijo de ejidatario. Explica que durante años la mayoría de los habitantes vieron con buenos ojos la venta de terrenos porque se trataba de parcelas “abandonadas” al ya no ser cultivadas.

“Nos fuimos ciegamente por la venta de esas tierras porque nos hablaron de empleo y de economía para la región, pero no sabíamos cuál podía ser el impacto negativo”, comenta.

Puntualizó que en ese momento fueron 55 ejidatarios los que firmaron para vender sus tierras. Ahora, dice, ellos mismos se cuestionan si fue una buena decisión porque, contrario a lo que ahora circula en redes, los representantes de la empresa nunca mencionaron el amoníaco, los riesgos ambientales, ni las afectaciones a largo plazo.

Incluso, Martínez Favela recuerda que la planta les fue presentada como generadora de fertilizantes orgánicos.

Hoy, menciona, la opinión de la comunidad está dividida: mientras algunas personas mantienen la expectativa de conseguir empleo, otras han comenzado a manifestar preocupación por la cercanía del proyecto con el Cañón de Fernández y por las consecuencias que pudiera tener para el medio ambiente.

“La mitad de la población ya está en contra porque ahora sabemos lo que podría pasar; la otra parte todavía lo ve por el lado de los empleos y la economía”, afirma.

Para Ofelia Elizalde García, una de las pocas voces que preservan el canto cardenche, el principal problema no es únicamente el proyecto en sí, sino la manera en que se comunicó a la población.

“Estábamos inocentes de que iba a ser un riesgo grande”. Reconoce que desde hace años era conocido que los terrenos adquiridos estaban destinados a una planta de fertilizantes, pero considera que las autoridades y los responsables de la inversión debieron informar oportunamente sobre todos los alcances de la obra.

“Nosotros lo veíamos como algo bueno porque iba a haber trabajo para los muchachos y para los señores. Nunca nos dijeron que podía haber afectaciones”, comenta.

Elizalde asegura que jamás fue convocada a una reunión informativa donde se explicaran los beneficios y riesgos del proyecto. Como muchos otros habitantes, se enteró luego de que se colocara la primera piedra y los cuestionamientos ambientales comenzaran a difundirse por internet.

“Nomás sabíamos las cosas buenas. Nunca supimos que podía perjudicar de esa manera”, señala.

La preocupación resulta especialmente sensible para quienes consideran al Cañón de Fernández como uno de los principales patrimonios naturales de la región. “Es nuestro orgullo”, dice Ofelia, quien además advierte que la escasez de agua ya representa un problema cotidiano para las comunidades cercanas.

A juicio de los tres habitantes, el acceso a información clara y completa debió formar parte del proceso desde el inicio. Antonio sostiene que, de confirmarse algunos de los riesgos que hoy se discuten públicamente, la comunidad tendría motivos para oponerse al proyecto. Samuel considera que los posibles daños ambientales nunca fueron explicados a los pobladores. Y Ofelia resume la inquietud colectiva con una frase: “la desinformación es la madre de todas las cosas malas que pasan”.

Impactos ambientales según documento oficial

Aunque el proyecto de la planta de fertilizantes Fermachem arrancó de manera oficial en el 2026, el documento público que permite conocer sus posibles impactos ambientales se vincula a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desde el 2019 para el proyecto "Fertilizantes del Norte", promovido entonces por Tara Nitrofertilizantes Mexicanos. No obstante, ninguna autoridad ha aclarado sobre si dicho estudio continúa siendo la evaluación ambiental vigente o si el proyecto fue objeto de modificaciones posteriores que ameritaran nuevas autorizaciones o actualizaciones ante la autoridad federal.

Pero, si la MIA aprobada, de manera condicionada, por la SEMARNAT en 2019 sigue siendo el documento que sustenta el proyecto que hoy se construye en Sapioris,

¿Qué dice sobre los impactos ambientales que esta planta tendrá en la comunidad lerdense?

Para iniciar, es importante precisar que, aunque el Ayuntamiento de Lerdo afirmó en un comunicado oficial que Fermachem producirá urea y no amoníaco; en el documento aquí citado se puntualiza que la empresa sí generará este último compuesto químico. Se puntualiza que las instalaciones tendrán capacidad para generar hasta 200 mil toneladas de amoníaco al año, equivalentes a unas 2 mil 200 toneladas diarias.

Según la MIA, la mayor parte de ese amoníaco se utilizará como materia prima para fabricar urea, uno de los fertilizantes nitrogenados más empleados en la agricultura. Sin embargo, el estudio también establece que el excedente que no sea consumido en ese proceso podrá comercializarse como amoníaco libre, ya sea para uso agrícola directo o para distintas aplicaciones industriales.

En ese sentido, luego de que se oficializó la construcción de la planta, trascendió que Peñoles dejaría de importar amoniaco para perfilarse como cliente de Fermachem.

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Empresa dependía de la importación desde Estados Unidos, con costos logísticos y riesgos asociados a la volatilidad internacional

Otra de las dudas que surgieron entre la ciudadanía tiene que ver con la cercanía del proyecto al Área Natural Protegida Estatal Cañón de Fernández. Sobre este punto, Arturo Ortiz Galán, subsecretario de Desarrollo Económico en La Laguna de Durango y titular de la Unidad de Atracción de Inversión Extranjera, declaró a este mismo diario que la planta de Fermachem no se encontraba dentro del área protegida y que su ubicación se localizaba a más de 15 kilómetros de distancia, medidos en línea recta.

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Con una inversión de 1,600 millones de dólares, la planta producirá urea a base de agua gris y construirá un acueducto.

Sin embargo, la MIA autorizada presenta referencias distintas. De acuerdo con el documento, el predio destinado a la planta colinda hacia el oeste con el Parque Estatal Cañón de Fernández a una distancia aproximada de cinco kilómetros. Asimismo, en el apartado de vinculación con áreas de importancia ambiental, se señala que el Cañón de Fernández se localiza a 3.5 kilómetros al sur del proyecto. En otro apartado del mismo estudio, la distancia entre el límite más cercano del parque y el sitio donde se pretende instalar la planta se estima en 4.2 kilómetros.

Si bien las cifras varían según el punto de referencia utilizado dentro del propio documento, todas ellas son considerablemente menores a los más de 15 kilómetros señalados por el funcionario estatal, una diferencia que abre interrogantes sobre el criterio empleado para medir la separación entre el proyecto industrial y una de las áreas naturales más importantes de La Laguna.

¿Qué es lo peor que puede ocurrir? 

Según el documento autorizado por la SEMARNAT, los impactos potenciales más graves identificados con este proyecto están relacionados con el manejo de sustancias peligrosas, las emisiones contaminantes y la transformación del entorno natural.

Uno de los riesgos considerados como catastróficos es la posibilidad de una fuga o pérdida de contención de amoníaco anhidro o gas natural, sustancias que serán utilizadas en el proceso industrial. Un accidente de este tipo, se estipula, podría generar nubes tóxicas de amoníaco capaces de afectar a personas y ecosistemas cercanos, además de provocar incendios o explosiones de gran magnitud.

Durante su operación, la planta también emitirá de manera continua diversos contaminantes a la atmósfera. Entre ellos se encuentran dióxido de carbono (CO₂) y óxidos de nitrógeno (NOx), generados por los sistemas de combustión, así como emisiones de amoníaco y partículas de polvo de urea provenientes de los procesos de producción y almacenamiento.

En materia ambiental, el proyecto contempla la remoción total o parcial de la vegetación existente en alrededor de 59 hectáreas destinadas a las obras permanentes y otras 12.5 hectáreas para instalaciones temporales. Esto implicará la afectación de ecosistemas de matorral desértico característicos de la región y la pérdida de cobertura vegetal natural.

Asimismo, los estudios advierten sobre riesgos importantes para el suelo. La zona presenta alta susceptibilidad a procesos de erosión y compactación, condiciones que podrían agravarse con las actividades de construcción y operación. A ello se suma la posibilidad de contaminación por derrames accidentales de combustibles, aceites u otras sustancias químicas utilizadas en la planta.

Llaman a manifestación ciudadana 

Ante la preocupación ciudadana sobre la poca transparencia con la que se ha manejado la instalación de la planta, ciudadanos organizados a través de varios colectivos, están convocando a una manifestación en la plazuela principal de Lerdo el próximo domingo 14 de junio. Su postura: frenar, a través de la presión social, la instalación de la empresa.

Por su parte, autoridades estatales y municipales han respaldado el proyecto al asegurar que Fermachem cuenta con las autorizaciones ambientales correspondientes para iniciar su construcción. Asimismo, sostienen que su ejecución representará un progreso importante para el municipio de Lerdo.