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Transporte de combustible

Hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 39 millones por transportar combustibles sin permiso

El estricto marco legal incluye la clausura de instalaciones y el decomiso de producto; empresarios laguneros acusan extorsiones por la falta de claridad en las revisiones.

Hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 39 millones por transportar combustibles sin permiso

Hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 39 millones por transportar combustibles sin permiso

FABIOLA PÉREZ-CANEDO

Transportar o almacenar hidrocarburos sin cumplir con los permisos correspondientes puede convertirse en un problema de enormes dimensiones económicas y legales. 

La Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente imponen sanciones que alcanzan hasta 39 millones de pesos, además de clausuras definitivas de instalaciones.

La Ley de Hidrocarburos establece multas que van de 150,000 a 300,000 veces el valor de la UMA, lo que equivale a entre 16 y 32 millones de pesos, y la revocación de permisos por hasta 15 años.

El Código Fiscal de la Federación sanciona el llamado “huachicoleo fiscal” con multas que oscilan entre 39,000 y más de 5 millones de pesos, además de la cancelación de sellos digitales que impiden emitir comprobantes fiscales.

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En el ámbito penal, las consecuencias son aún más severas: transportar hasta 300 litros sin permiso puede derivar en 4 a 6 años de prisión y multas de hasta 678,000 pesos; entre 300 y 1,000 litros, las penas suben a 6 a 10 años de cárcel y multas superiores al millón de pesos; más de 2,000 litros implican de 10 a 15 años de prisión y sanciones de hasta 1.5 millones de pesos.

El almacenamiento también está regulado con rigor. Superar los 30 litros para autoconsumo obliga a dar aviso a la CNE y cumplir requisitos técnicos como tanques certificados, bitácoras de consumo y facturas de compra.

El incumplimiento puede costar entre 848,000 y 1.6 millones de pesos, además de clausura y decomiso del combustible. Si se trata de volúmenes mayores, las sanciones fiscales del SAT pueden superar los 5 millones de pesos.

Las normas técnicas son igualmente estrictas. Los bidones para diésel deben contar con certificación UN, rotulación NOM-003-SCT, rombo de seguridad Clase 3 y número UN 1202.

Los envases plásticos deben ser antiestáticos y los metálicos libres de corrosión. Un bidón abollado, sin sello o con tapa improvisada puede ser decomisado por la autoridad.

En el caso de semirremolques, las válvulas y conexiones deben cumplir con especificaciones de antigüedad y seguridad, de lo contrario deben ser sustituidas de inmediato.

Derivado de este marco normativo, empresarios de la región han señalado que elementos de la Fiscalía General de la República ha incurrido en prácticas de extorsión relacionadas con el manejo de combustibles en tambos o garrafones, recipientes que en ocasiones se utilizan para alimentar maquinaria en obras o procesos productivos.

 Según los testimonios, la falta de claridad en la regulación ha abierto espacios para presiones indebidas y cobros ilegales.

Ante esta situación, se pidió organizar una reunión en el Mando Especial de La Laguna con el objetivo de aclarar dudas y establecer criterios uniformes que eviten abusos, de manera que se revisaron conjuntamente los lineamientos para garantizar que las inspecciones se realicen con apego estricto a la legalidad.

Transportar o almacenar combustibles sin cumplir con la normativa puede derivar en sanciones que abarcan desde multas millonarias hasta prisión, además de que se busca evitar riesgos.

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