Huachicol afecta competencia de gasolineras; piden investigar toda la cadena de distribución
El empresario gasolinero Juan Gerardo Oyervides Rodríguez afirmó que el combate al huachicol debe extenderse hasta todos los involucrados en la cadena de distribución y comercialización de combustibles de procedencia ilícita, al considerar que esta actividad representa una competencia desleal para las estaciones de servicio que operan dentro del marco legal.
El empresario se pronunció sobre las recientes investigaciones relacionadas con una red de tráfico ilegal de combustibles y la presunta implicación de un exgobernador. Señaló que las autoridades deben mantener abiertas las investigaciones para identificar y sancionar a todos los responsables que participaron en estas operaciones.
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Oyervides Rodríguez destacó que en Coahuila existe una coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad para combatir este delito y recordó que, desde hace más de un año, las autoridades estatales realizaron aseguramientos de autotanques relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos, investigaciones que posteriormente derivaron en la identificación de quienes presuntamente encabezaban esa estructura.
Indicó que el traslado de combustibles por vía férrea requiere una logística compleja y el cumplimiento de diversos controles, por lo que consideró necesario esclarecer cómo pudieron realizarse estas operaciones sin ser detectadas durante un periodo prolongado.
“Para mover este tipo de productos existen procedimientos muy específicos y lugares autorizados para realizar los trasvases. No es una operación sencilla, por lo que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó.
El empresario sostuvo que la venta de combustible de procedencia ilícita coloca en desventaja a las estaciones de servicio legalmente establecidas, ya que deben respetar los costos oficiales y cumplir con todas las obligaciones fiscales y regulatorias.
Explicó que actualmente los precios de los combustibles se han mantenido relativamente estables, con la gasolina Magna alrededor de los 24 pesos por litro y el diésel por encima de los 27 pesos, situación que ha reducido los márgenes de utilidad de los empresarios del sector.
Además, señaló que las ventas también han disminuido, por lo que la comercialización de combustible ilegal agrava aún más las condiciones para quienes operan de manera formal y generan empleos en la entidad.
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El sector formal exige las indagatorias contra el mercado ilegal en todos los niveles, pues los precios artificialmente bajos representan una competencia desleal y ruinosa.Investigaciones deben alcanzar a quienes comercializan combustible ilegal
Oyervides Rodríguez consideró que las autoridades no deben limitar las investigaciones a quienes introducen o transportan el combustible robado, sino también proceder contra los propietarios o responsables de estaciones de servicio que, en caso de comprobarse, adquieran y comercialicen producto de procedencia ilícita.
Recordó que la legislación contempla sanciones penales para quienes participen en este tipo de actividades, por lo que pidió que las disposiciones legales se apliquen sin excepciones.
“Si ya se identificó quién realiza estas operaciones, también debe investigarse quién compra y vende ese combustible. Un castigo ejemplar evitaría que otros incurran en estas prácticas”, manifestó.
El empresario agregó que la presencia del huachicol no solamente afecta a las empresas legalmente establecidas, sino que también favorece el crecimiento de actividades delictivas y perjudica la imagen del país ante inversionistas y autoridades internacionales.
Respecto a la presunta participación de un exgobernador en las investigaciones, señaló que una persona que ocupó un cargo de ese nivel pudo haber desarrollado relaciones que facilitaran este tipo de operaciones, aunque subrayó que serán las autoridades las encargadas de determinar las responsabilidades mediante las investigaciones correspondientes.
Finalmente, reiteró su confianza en las instituciones de seguridad de Coahuila y pidió que no se detengan las indagatorias para garantizar condiciones de competencia equitativas para los empresarios que operan conforme a la ley y continúan invirtiendo y generando empleos en la entidad.
