Huachicol fiscal, nuevo desfalco multimillonario
El miércoles 19 de marzo atracó el buque tanque petrolero Challenge Procyon al puerto de Tampico, en Tamaulipas, con 10 millones de litros de diesel a bordo.
El combustible fue descargado a través de mangueras a camiones cisterna, mismos que hicieron base en el terreno de una empresa de fletes cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, y luego se encargaron de distribuirlo en 18 estados.
Una vez resguardado el combustible, comenzó la operación: elementos de seguridad federales aseguraron el Challenge Procyon, que pertenece a la naviera Altamarítima, e incautaron los 10 millones de litros de diesel en la empresa de fletes.
El Challenge Procyon había ingresado a México de manera legal, zarpando el 16 de marzo en el puerto de Beaumont, Texas; sin embargo, su tripulación afirmó que transportaba aditivos para la fabricación de lubricantes. Operaciones de inteligencia detectaron que cada 10 días ingresaba a México un buque cisterna cuyo capitán miente sobre la carga de hidrocarburos que lleva al país, con el fin de evadir impuestos que deben pagar combustibles como la gasolina y el diesel.
Fuentes de seguridad aseguraron que esos combustibles de contrabando, ingresados bajo el modus operandi de huachicoleo fiscal, son de mala calidad y regularmente no logran venderse en Estados Unidos, pero en México el negocio es redondo.
Las fuentes remarcaron que existe una red de complicidad que incluye desde dueños de gasolinerías, transportistas y trabajadores portuarios, entre otros. “El diesel proviene de Houston y es de mala calidad, entonces lo que no pueden vender en Estados Unidos lo envían a México y llega a 18 estados del país”, detallan.
Así, a precio de mercado legal en México, se venden gasolina y diesel de menor calidad y que fueron introducidos sin pago de impuestos. El aseguramiento del buque Challenge Procyon es parte de las nuevas operaciones de inteligencia que el gobierno federal lanzó contra el llamado huachicoleo fiscal.
De acuerdo con las estimaciones de Onexpo Nacional, que agrupa a los gasolineros, el huachicoleo fiscal alcanza a introducir de manera ilegal hasta 300 mil barriles diarios, equivalentes a más de 40 millones de litros por día de combustibles que ingresan al país bajo otra denominación para no pagar los impuestos que les corresponderían en las aduanas.
Según consideran empresarios gasolineros, uno de cada tres litros de combustible que se comercializan en el país es ilícito, ya sea obtenido a través de tomas clandestinas o importado de forma ilegal bajo otra fracción arancelaria en el esquema denominado huachicoleo fiscal, o bien que es combustible con químicos y mezclas ilegales.
Empresarios detallaron que diariamente se venden en el país 180 millones de litros de combustibles automotrices, por lo que alrededor de 60 millones se comercializan ilegalmente. Esa cantidad representa un daño estimado a la economía equivalente a 525 mil 600 millones de pesos al año, que serían pérdidas para el erario, para Petróleos Mexicanos (Pemex), para importadores privados y comercializadores; también significa daños en los motores de los vehículos y, finalmente, ganancias para grupos del crimen organizado.
Actualmente existen órdenes de aprehensión en contra del vicealmirante Roberto Farías Laguna, familiar político de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; las investigaciones, igualmente, llevaron a la detención de Francisco Javier Antonio Martínez.
Los cargos que enfrentan son delincuencia organizada con el objetivo de realizar huachicol o tráfico de combustible. Se realizará una investigación complementaria por seis meses, luego de una audiencia.
La FGR detectó que los sobrinos políticos del almirante y exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, formaron una red de servidores públicos, civiles y empresas que probablemente lavaron sus ganancias del huachicol fiscal.
Renuncia Gertz Manero a FGR; le dan embajada
L a mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República avalaron el 27 de noviembre la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República después de más de ocho horas de negociaciones, especulaciones y al final el acuerdo para su dimisión, a fin de aceptar una embajada “en un país amigo” que le ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 22 en contra del PAN, PRI y MC concluyó la gestión de seis años de Gertz Manero, quien fue propuesto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y se abrió el proceso y convocatoria para elegir a un nuevo fiscal.
En el debate la oposición acusó a Morena y al gobierno de la Cuarta Transformación de intentar justificar un movimiento “sin sustento jurídico” para colocar a un fiscal “a modo”.
Fue la crónica de una renuncia anunciada desde la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se perfiló desde una noche antes en una visita de Adán Augusto López a Palacio Nacional.
Tras la salida de Gertz, Palacio Nacional nombró a Ernestina Godoy como Fiscal adjunta interina, misma que posteriormente fue ratificada para el cargo tras ser postulada por la propia presidenta Sheinbaum y avalada de la terna enviada al Senado.
El paso de Gertz Manero por la Fiscalía fue polémico, de acuerdo con políticos de oposición, así como organizaciones civiles y activistas, utilizó al ente de justicia para silenciar enemigos políticos de la 4T, así como para la persecución política de temas personales para el propio exfiscal.
Asimismo, se dispararon las investigaciones abiertas por el Órgano Interno de Control (OIC) contra funcionarios por faltas graves y no graves, como incumplimiento en la declaración patrimonial, cohecho, desvío de recursos, desacato y abuso de funciones, lo que sumó, hasta junio pasado, 15 mil 243 expedientes abiertos.
