¿Qué harías si el agua que llega a tu casa tuviera un color extraño, oliera mal y no supieras si es segura para tu familia? En Guadalajara, miles de personas llevan tiempo enfrentando esa incertidumbre.
El pasado 11 de octubre de 2026 salieron a las calles para exigir algo elemental: agua limpia. Lo que comenzó como una manifestación por un derecho básico terminó con enfrentamientos, golpes y 39 personas detenidas. El propio gobernador Pablo Lemus reconoció excesos policiales y detenciones injustificadas.
Detrás de esa marcha hay algo que vale la pena mirar con atención. Muchas personas que quizá nunca se habían encontrado compartían una misma preocupación. La falta de agua segura las llevó a reconocerse en los problemas de otros, a organizarse y a ocupar las calles. Así nacen también las identidades colectivas. Carla Beatriz Zamora Lomelí, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur, ha estudiado cómo la defensa de los recursos naturales puede transformar a los habitantes de una comunidad en actores capaces de cuestionar las decisiones del gobierno.
Entonces vino la represión. El reclamo por el agua no desapareció, pero se le sumaron otras preocupaciones: encontrar a los detenidos, exigir su libertad, denunciar las agresiones. La experiencia compartida comenzó a tomar otro significado. Bastó que algunos medios o autoridades comenzaran a hablar de manifestantes violentos para que el motivo de la protesta corriera el riesgo de quedar en segundo plano. De pronto, la conversación dejó de girar alrededor del agua sucia y se concentró en los disturbios. ¿En qué momento quienes reclaman un derecho comienzan a ser vistos como un problema? Liliana Pardo Montenegro, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, ha investigado cómo los gobiernos pueden utilizar el discurso de la seguridad y el orden para criminalizar la protesta.
Por supuesto, cualquier agresión debe investigarse. Pero eso no justifica golpear o detener indiscriminadamente a quienes se manifiestan. La autoridad tiene la obligación de proteger a las personas, incluso cuando éstas cuestionan sus decisiones.
Lo sucedido en Guadalajara merece algo más que declaraciones. Hay denuncias graves que deben esclarecerse, responsables que identificar y derechos que proteger. También hay una ciudadanía que al encontrarse en las calles, comienza a descubrir la fuerza de actuar colectivamente.
Quizá ahí esté una de las cuestiones más importantes de este hecho: no sólo se está reclamando agua, también se está disputando qué significa ser ciudadano y tener derecho a exigir. Porque una democracia no se mide por lo cómoda que se siente frente a quienes están de acuerdo con el gobierno, sino por cómo trata a quienes lo cuestionan.
El agua limpia no debería ser una conquista ciudadana, tendría que estar garantizada. Y salir a exigirla jamás debería convertirse en un riesgo para la libertad o la integridad de nadie.
eiko.gavaldon@iberotorreon.mx