El fiscal general de Minnesota interpuso el martes una demanda contra el gobernador de Texas con el objetivo de forzar la extradición de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) que está acusado de herir a un hombre y luego mentir para justificar el tiroteo durante las redadas migratorias en Minneapolis.
El fiscal general Keith Ellison solicitó a un juez federal que prohíba que el jefe policial del condado de Cameron, Texas, libere al agente Christian Castro, y que ordene al gobernador de Texas, Greg Abbott, que firme su orden de extradición para que agentes de Minnesota puedan asumir su custodia.
Las autoridades de Minnesota han tenido diferencias con el gobierno federal para definir quién tiene jurisdicción para investigar y procesar a agentes federales por incidentes ocurridos en servicio. Ellison es demócrata y Abbott es un aliado republicano del presidente Donald Trump.
Mientras tanto, en San Diego, California, ya no permitirán que las autoridades federales de inmigración se entrenen en un campo de tiro local, ante la preocupación por la violenta ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra los inmigrantes.
Los supervisores del condado de San Diego votaron 3 a 2 el martes para poner fin a los contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para entrenar en una instalación propiedad del condado cerca de la frontera con México y en una instalación de la Marina arrendada por el condado. Las agencias, que realizan la aplicación de las leyes migratorias y llevan a cabo controles aduaneros y de inmigración en la concurrida frontera entre Estados Unidos y México, han tenido contratos durante años para entrenar en esas instalaciones.