Impulsan reforma electoral con candados al nepotismo y ajustes a ayuntamientos en Coahuila
Los grupos parlamentarios que integran la Alianza Coahuila —PRI, PAN y PRD—, junto con la fracción parlamentaria “Evaristo Pérez Arreola” de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentaron una iniciativa de reforma constitucional que plantea cambios de fondo en materia electoral, integración de ayuntamientos, paridad de género y control del gasto público.
La propuesta incorpora a la Constitución local disposiciones aprobadas recientemente a nivel federal y establece nuevas restricciones para el acceso a cargos de elección popular, entre ellas la prohibición del nepotismo electoral y la eliminación de la reelección inmediata para diversos puestos públicos.
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La alianza PRI-UDC mantendrá el control del Poder Legislativo al haberse llevado los 16 distritos de mayoría en disputa.Uno de los aspectos centrales de la iniciativa establece que ninguna persona podrá contender por la gubernatura, diputaciones locales o cargos en los ayuntamientos cuando mantenga o haya mantenido, durante los tres años previos a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con quien ejerza el cargo al que pretende acceder.
Con esta medida, los promoventes buscan impedir la transmisión de posiciones de poder entre familiares y fortalecer las condiciones de equidad en los procesos electorales.
La reforma también plantea poner fin a la reelección inmediata de diputadas y diputados locales, así como de presidentes municipales, síndicos y regidores. De aprobarse, esta disposición entraría en vigor a partir de los comicios de 2030.
En materia de elegibilidad, el proyecto impide el registro de candidaturas y nombramientos en cargos públicos a personas con sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, violencia familiar o violencia política contra las mujeres por razón de género.
La restricción también alcanzaría a quienes tengan la condición de deudores alimentarios morosos mientras ésta permanezca vigente.
La iniciativa incorpora además mecanismos para fortalecer la paridad de género. Los partidos políticos estarían obligados a garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en las postulaciones al Congreso del Estado y a los ayuntamientos, mientras que las autoridades electorales podrían realizar ajustes en la asignación de espacios de representación proporcional para asegurar una integración paritaria.
Otro de los cambios relevantes se refiere a la composición de los cabildos. La propuesta establece que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y un máximo de 15 regidurías.
Los municipios que actualmente cuentan con una integración superior deberán adecuarse en la siguiente elección municipal.
Entre ellos se encuentran Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Matamoros, Francisco I. Madero y Frontera, que actualmente tienen 17 regidores.
Los recursos que se generen por la reducción de espacios en los cabildos deberán permanecer en las finanzas municipales y destinarse exclusivamente a proyectos de infraestructura pública.
En el ámbito legislativo, la iniciativa fija un límite al presupuesto anual del Congreso del Estado, el cual no podrá rebasar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal correspondiente a cada ejercicio fiscal. La medida busca fortalecer la disciplina financiera y evitar incrementos desproporcionados en el gasto parlamentario.
Asimismo, la propuesta armoniza la Constitución de Coahuila con la federal en materia de suspensión de derechos ciudadanos para personas prófugas de la justicia. La restricción entraría en vigor desde la emisión de una orden de aprehensión y permanecería vigente hasta que ésta quede sin efectos o prescriba la acción penal.
Los promoventes sostienen que el paquete de reformas permitirá fortalecer la transparencia, la austeridad y la igualdad sustantiva, además de consolidar instituciones más eficientes y reglas más estrictas para quienes aspiren a ocupar cargos públicos en la entidad.
