Inspecciones laborales en Durango derivan en más de 270 procesos sancionatorios por incumplimientos, incluida la Ley Silla
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Durango ha intensificado sus inspecciones en comercios y servicios para verificar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y, desde diciembre pasado, también la aplicación de la llamada Ley Silla.
El resultado ha sido la apertura de alrededor de 270 procesos administrativos en todo el estado, que podrían derivar en sanciones económicas a los establecimientos que incumplen con la normatividad laboral.
Berenice Morales de Ávila, titular de la dependencia, explicó que las inspecciones son permanentes y que la Ley Silla se incorporó como un nuevo criterio obligatorio en las verificaciones.
“Al momento de que llegan nuestros inspectores y se trata de un negocio de la rama de comercios o servicios, de manera automática se verifica el cumplimiento de esta nueva disposición. Se viene a agregar a lo que ya revisábamos”, señaló.
Los procesos administrativos abiertos implican que se detectó un incumplimiento y se notificó a los responsables, quienes cuentan con un plazo para subsanar las irregularidades o justificar la falta de cumplimiento. Una vez agotado ese término, las sanciones pueden aplicarse de manera formal y monetaria.
“De diciembre a la fecha, tenemos alrededor de 270 procesos en curso. El monto de las multas es variable, porque depende del tamaño de la empresa, el giro y el número de trabajadores”, detalló Morales de Ávila.
El tabulador de sanciones establece multas que van desde 50 hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos que pueden superar los 50 mil pesos en casos graves. La secretaria subrayó que las inspecciones abarcan tanto a negocios registrados en el padrón formal como a aquellos que operan sin registro, con el objetivo de fomentar la formalidad y garantizar derechos básicos a los trabajadores.
La Ley Silla, que obliga a los patrones a proporcionar asientos a los trabajadores en actividades que lo permitan, se ha convertido en un símbolo de la nueva etapa de vigilancia laboral en Durango. Su cumplimiento se suma a la revisión de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, y respeto a derechos laborales.
“Es un derecho que llegó para quedarse y que nosotros tenemos que verificar de manera permanente”, afirmó la funcionaria.
Aunque las sanciones aún están en trámite, la expectativa es que una parte significativa derive en multas efectivas, lo que enviará un mensaje a los empleadores sobre la importancia de cumplir con la normatividad.
“Lo que buscamos es que las empresas se regularicen y que los trabajadores tengan acceso a condiciones dignas”, concluyó Morales de Ávila.
