Inteligencia Artificial y Delito; Retos en el Ámbito Legislativo

La IA (Inteligencia Artificial) proporciona una gran cantidad de beneficios que permiten hacer la vida más fácil; sin embargo, también supone riesgos y peligros por el empleo que de esta tecnología puede hacer la delincuencia.

"El riesgo es aún mayor porque se trata de un ámbito desregulado, es decir, no existen normas jurídicas que permitan dar respuesta a complejidades que la IA ha supuesto y en la que potencialmente pueden resultar afectados bienes jurídicos de orden fundamental", asegura Mario Eduardo Maldonado Smith, autor del documento "Inteligencia Artificial y Delito; Nuevos Retos en el Ámbito Legislativo", publicado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) del Poder Legislativo Federal en México.

Maldonado Smith es investigador A del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, profesor de la Universidad Internacional de la Rioja y doctor en Derechos Humanos por la Università degli Studi di Napoli, Federico II.

¿Qué es la IA?

De acuerdo con José Cabanelas Omil, la IA puede entenderse como: la habilidad y capacidad de un ordenador, red de ordenadores o red de robots controlados por ordenadores para realizar las tareas comúnmente asociadas a seres humanos inteligentes.

Es una rama de la informática-computación que se ocupa de la simulación del comportamiento inteligente.

Asimismo, en su recientemente aprobado Reglamento de Inteligencia Artificial, el Parlamento Europeo afirma que un sistema de IA es: "Un sistema basado en una máquina diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar información de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales".

Mediante el Machine Learning, la máquina no sólo es capaz de derivar predicciones, sino también de aprender y de mejorar constantemente; la clave de ello es el algoritmo mediante el cual está configurada.

Un algoritmo es: una secuencia finita de instrucciones repetibles y únicas que indican una combinación de acciones que realizar para resolver un problema, transformando los datos entrantes (input) en información de valor saliente (output). En consecuencia, las decisiones automáticas o robóticas son aquellas que involucran los denominados algoritmos de razonamiento que, dadas unas premisas, llegan a conclusiones mediante una programación lógica expresada con un lenguaje capaz de realizar operaciones automáticas a partir de dicho conocimiento preliminar.

Mediante el mecanismo de aprendizaje automático, permite a la máquina aprender y mejorar constantemente para encontrar en cada caso la mejor de todas las posibles respuestas, incluso, una que ni siquiera el programador haya eventualmente pensado.

Empleo de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Delictual

La tecnología no es ni buena ni mala, ni justa o injusta; estos atributos siempre son relativos y dependen del uso que el ser humano da a una determinada cuestión. De esta manera, así como la IA puede ser empleada para facilitar la realización de actividades cotidianas, a la par, constituye una tecnología susceptible de ser empleada por la delincuencia en la comisión de una inmensa cantidad de delitos.

El campo en donde pueden presentarse conductas criminales con el empleo de IA es, por excelencia, el contexto de la ciberdelincuencia; y esto incluye: estafas, fraudes, suplantaciones de identidad, deepfakes o contenido falso; evasión fiscal, blanqueo de capitales, pornografía infantil, delitos en materia de intimidad y libre desarrollo de la personalidad (incluyendo ciberacoso y sexting); violaciones al derecho de autor, propiedad intelectual e industrial; acceso no consentido a bases de datos (hackeo), malware, secuestro de información (ramsonware), ataques a sistemas informáticos mediante el empleo de bots; entre otros.

"En el terreno del deepfake, mediante el empleo de IA es posible recrear de manera idéntica la voz e incluso imagen de políticos y altas personalidades comunicando cierta información o mostrando determinadas conductas. Se trata de contenido en donde las personas involucradas aducen que no es real; sin embargo, la tecnología de IA es tan avanzada que resulta sumamente complejo determinar la autenticidad de esa información. Esta misma situación puede presentarse para cualquier persona y comprometerla en escenarios que pudieran ser delictuales", asegura Maldonado Smith.

Otro ejemplo es el que concierne a la intimidad, la imagen personal, la reputación o el libre desarrollo de la personalidad. Aquí también hemos conocido casos en donde con tecnología de IA ha sido posible elaborar imágenes de contenido sexual de personas que, naturalmente, no han dado su consentimiento para el tratamiento de esa información.

Indica que al verse expuestas mediante esta tecnología, las víctimas resienten un profundo daño en múltiples bienes jurídicos (intimidad, imagen, reputación, libre desarrollo de su personalidad, dignidad, entre otros) y, sin embargo, persistirían dudas respecto de sí tal conducta podría ser susceptible de sancionarse por alguna figura penal, toda vez que el marco jurídico aún no prevé el empleo de IA como una herramienta o medio comisivo para la realización de esas conductas. En consecuencia, atendiendo al principio de legalidad y más concretamente a su subprincipio de taxatividad, la conducta puede resultar atípica por no contemplarse específicamente dentro de las hipótesis normativas previstas.

El 'deepfake' y la masificación de la información

"El caso del deepfake es de especial preocupación en un contexto moderno en donde la masificación de la información puede ser compartida en instantes y con un impacto a gran escala en todo el mundo, no sólo por lo que respecta al contenido falso, sino sobre todo por el empleo que de esa información puede hacerse en términos de manipulación y desinformación", asegura el investigador.

De esta manera, bastaría un clic para dar inicio a eventuales escenarios de efervescencia social, exacerbación de los ánimos, florecimiento de discursos de intolerancia, odio, instigación y deseos de violencia. Naturalmente, esto constituye a su vez todo un riesgo para la estabilidad de los Estados, los sistemas democráticos, la seguridad pública, la paz y la tranquilidad.

Señala que una entidad dotada de IA es susceptible de lesionar bienes jurídicos tutelados por el derecho penal y que se trata de entidades con una capacidad autónoma de decisión. Lo que ocurre es que la máquina finalmente es capaz de aprender por sí misma y de manera autónoma dentro del entorno o ambiente en el que se sitúa.

"La realidad es que a la fecha no se tiene certeza respecto de la responsabilidad que puede derivarse de máquinas que emplean IA, estamos ante un escenario de entera desregulación. Esta situación es altamente preocupante pues coloca en estado de indefensión a quienes son víctimas de conductas lesivas a sus bienes jurídicos fundamentales, un escenario que, a futuro, no hará más que incrementarse, por ello se requieren herramientas legislativas que permitan dar certeza a esta situación".

IA como herramienta de prevención del delito

Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía tiene que ver con la seguridad pública, la cual supone prevención del delito y persecución de los delincuentes. A la par, el empleo de mejores herramientas de inteligencia que permitan la valoración del riesgo delictual para, a partir de ello, generar estrategias de combate a la criminalidad.

La IA puede en este rubro ser una estupenda herramienta al incorporarla en los sistemas de videovigilancia, biométricos, financieros, de geolocalización, inclusive, en software de identificación de zonas de riesgo o de alta incidencia delictiva (Hotspots).

La IA, a su vez, es capaz de elaborar mapas criminales a partir de diversas bases de información existentes que permitirían a las autoridades estar en el lugar y momento adecuado en el que una conducta delictiva podría estar cometiéndose. Esta tecnología resulta aplicable para la prevención y detección de cualquier delito, aunque es claro que en aquellos que se realizan mediante sistemas o plataformas digitales (la ciberdelincuencia) las oportunidades son inmensas.

"En estos casos, se trabaja con información que permite realizar predicciones muy cercanas a la realidad que, mediante la tecnología de IA, puede darnos", señala.

Conclusiones

Como resultado de la investigación que aquí se ha planteado podemos derivar las siguientes conclusiones, señala Maldonado Smith: La IA nos proporciona una gran cantidad de beneficios que permiten hacer nuestra vida más fácil; sin embargo, también supone riesgos y peligros por el empleo que de esta tecnología puede hacer la delincuencia. El riesgo es aún mayor porque se trata de un ámbito desregulado, es decir, no existen normas jurídicas que permitan dar respuesta a complejidades que la IA ha supuesto y en la que potencialmente pueden resultar afectados bienes jurídicos de orden fundamental.

"Resulta necesario adaptar nuestro ordenamiento jurídico a nuevas formas delictivas que ya operan y en donde, de no hacerlo, pueden crearse espacios para la impunidad; en particular, se ha destacado el caso del deepfake y la afectación a bienes jurídicos como la imagen, el honor, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual. A la par, una agenda pendiente es la determinación de la responsabilidad que puede derivarse por el empleo de la IA", asegura.

Recomendaciones

"Acerca de las recomendaciones que eventualmente pudieran ser incorporadas en una ley que regule el empleo de la IA, se han tomado como ejemplo las directrices que al día de hoy se aplican en el contexto europeo y que pudieran servirnos de ejemplo", señala- Como grandes principios a seguir en una regulación de IA se podrían incorporar las siguientes: distinción entre los diversos grados o implicaciones que la IA puede suponer (proporcionalidad); transparencia y explicabilidad; uso seguro y fiabilidad; trazabilidad; respeto a los derechos fundamentales; perfiles de no discriminación; tutela de la privacidad y gobernanza de datos; consentimiento informado; rendición de cuentas; programación con perspectiva de género; uso responsable y sostenido del medio ambiente; análisis y gestión de riesgos; control y supervisión humana; mecanismos de verificabilidad de la información; entre otros.