Investigaciones de EU alcanzarían a funcionario federal en Coahuila

Las investigaciones que realizan autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos de Morena y grupos del crimen organizado podría alcanzar a funcionarios federales con responsabilidad en Coahuila, situación que genera incertidumbre, desconfianza y preocupación entre inversionistas, declaró Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra Monclova.

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Luego de que trascendiera la revocación de la visa estadounidense a al gobernador de Tamaulipas, generó incertidumbre sobre si también sería investigado por las autoridades norteamericanas Américo Villarreal Santiago, delegado de Programas para el Bienestar en Coahuila, por su vínculos como hijo del gobernante tamaulipeco.

Mtanous Falco consideró que el caso representa una situación de preocupación política debido a que tentativamente involucraría a un funcionario federal con presencia directa en la entidad.

Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya, es además esposo de la senadora morenista por Coahuila Cecilia Guadiana, cuyo nombre se maneja como uno de los viables para su postulación a la gubernatura del estado en las elecciones de la próxima renovación del poder ejecutivo de la entidad.

Mtanous Falco señaló que la decisión del gobierno estadounidense y el posible seguimiento al hijo de este ocurre en un contexto de investigaciones sobre presuntas relaciones entre políticos de Morena y organizaciones criminales, lo que ha provocado cuestionamientos públicos sobre la actuación de las autoridades mexicanas.

“Si no tienen nada que esconder, deben presentarse y defenderse”, expresó el representante de la iniciativa privada, quien sostuvo que cualquier servidor público señalado en una investigación debe colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

Piden aplicación pareja de la ley

El presidente de Canacintra Monclova consideró que las investigaciones deben desarrollarse sin distinciones partidistas y con total transparencia, especialmente cuando involucran a funcionarios de alto nivel.

Afirmó que la revocación de una visa por parte de Estados Unidos difícilmente ocurre sin la existencia de elementos previos de investigación, por lo que consideró necesario que las autoridades correspondientes aclaren el alcance de los señalamientos y permitan que los involucrados ejerzan su derecho de defensa.

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Manifestó que siempre ha sido una presión y ahora es un elemento central

“Estados Unidos no va a revocar una visa sin antes tener argumentos para hacerlo”, declaró.

Mtanous Falco también cuestionó lo que considera una respuesta desigual de las autoridades mexicanas frente a casos relacionados con integrantes del partido gobernante, al señalar que la ley debe aplicarse de la misma manera para todos los ciudadanos y servidores públicos.

Inquieta efecto en inversiones

El líder industrial advirtió que la posibilidad de que funcionarios federales vinculados a programas estratégicos del Gobierno de México aparezcan dentro de investigaciones desarrolladas por autoridades estadounidenses puede afectar la percepción de estabilidad institucional del país.

Explicó que la confianza es uno de los principales factores que observan los inversionistas al momento de evaluar proyectos productivos, por lo que cualquier investigación relacionada con presuntos nexos entre autoridades y grupos criminales termina impactando la imagen del país ante los mercados internacionales.

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El gobernador de Sonora ofreció una conferencia de prensa, en donde negó la versión que circula en medios.

Añadió que la incertidumbre generada por este tipo de casos puede repercutir en la llegada de nuevas inversiones a regiones industriales como la Centro de Coahuila, donde actualmente existe una fuerte necesidad de atraer capital y generar empleos tras la crisis económica provocada por la situación de Altos Hornos de México.

Finalmente, Mtanous Falco expresó su confianza en que las investigaciones avancen conforme a derecho y permitan esclarecer cualquier señalamiento, al considerar que la transparencia y la certeza jurídica son fundamentales para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el desarrollo económico.