“Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros”.
BALTASAR GRACIÁN
La presidenta Sheinbaum ha encontrado a un nuevo responsable de la violencia en Sinaloa y el resto del país: la injerencia extranjera. Este domingo 20 de septiembre lo expresó en Sinaloa: “La injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¡No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio, los mexicanos decidimos nuestro futuro!”. Ayer regresó al tema en la mañanera: “Sinaloa es una demostración que el injerencismo [sic] pues provocó, con el rompimiento de un grupo delictivo, pues provocó la situación que hoy tenemos”.
Como vemos, si no son los emisarios del pasado --prianistas a un tiempo neoliberales y conservadores-- los responsables de cualquier problema son los extranjeros. Los gobiernos morenistas nunca se equivocan ni se corrompen.
Las declaraciones de la presidenta, sin embargo, llevan a conclusiones incómodas. Al hablar de la injerencia extranjera en Sinaloa la presidenta se refiere, sin concretarlo, al traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 donde fue detenido. Lo que sabemos, en buena medida por la carta que El Mayo hizo pública en agosto y que no ha sido desmentida, es que a él lo citaron a una supuesta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y el exrector de la Universidad de Sinaloa Héctor Melesio Cuén para resolver “diferencias políticas”. El Mayo iba acompañado de cuatro “escoltas”, uno de los cuales era José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del estado. El secuestro lo realizó Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, como lo dijo El Mayo en su carta: “Joaquín me quitó el trapo de la cabeza y me ató al asiento. Nadie más estaba a bordo del avión, excepto Joaquín, el piloto y yo”.
Las autoridades de Estados Unidos han negado haber participado en el secuestro, pero sí detuvieron a El Mayo cuando llegó a territorio estadounidense.
Esta captura difícilmente puede considerarse “injerencia extranjera”. Lo que es claro es que por lo menos algunas autoridades sinaloenses sabían que se iba a realizar esa reunión, como lo sugiere la presencia del comandante Heras López. La propia presidenta afirmó ayer que la detención de El Mayo generó “el rompimiento de un grupo delictivo”; efectivamente, aceleró el quiebre entre las dos principales facciones del cártel de Sinaloa. No obstante, si la forma de evitar la violencia es proteger a los criminales, evitar detenerlos, estaríamos llegando en México a un extremo muy complicado. Sería tanto como reconocer que Donald Trump tiene razón cuando dice que el gobierno mexicano está controlado por el narco.
No sorprende que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya emitido órdenes de detención con propósitos de extradición contra Rocha Moya y otros políticos de Sinaloa. La acusación afirma que hay pruebas de que Rocha Moya se reunió con los Chapitos y que llegaron a un acuerdo para asegurar su elección como gobernador en 2021. Se ha documentado que grupos vinculados a los Chapitos secuestraron a candidatos y operadores electorales de oposición para esos comicios. Sabemos también que la Fiscalía de Sinaloa mintió sobre las circunstancias del asesinato de Cuén el mismo día de la captura de El Mayo.
No, la violencia en Sinaloa no fue provocada por una injerencia extranjera. Había una “paz narca” que se mantenía por un frágil pacto entre los Chapitos, la Mayiza y el gobierno de Rocha Moya. Es verdad que la aprehensión de El Mayo rompió esa alianza, pero la razón de fondo no es que Estados Unidos haya detenido a El Mayo, quien durante décadas operó con impunidad en nuestro país, sino que un gobierno pensó que la manera de evitar la violencia era pactar con los criminales.
PROHIBIDOS
Nuevamente el gobierno del “Prohibido prohibir” decreta una prohibición. Ahora son los teléfonos celulares, que los niños en las escuelas no podrán usar ni siquiera en sus recreos.
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