Llegaron con bastones de mando, sahumerios, discursos sobre el pueblo y una promesa grandilocuente: refundar la justicia. Un año después, la “nueva” Suprema Corte celebra su aniversario proclamando que imparte justicia “real y verdadera”.
Pero detrás de la ceremonia, la retórica y la autocomplacencia aparece una realidad menos majestuosa. Una Corte nacida de una elección cuestionada, más lenta que su antecesora, menos transparente de lo que presume, atravesada por pleitos internos y todavía incapaz de demostrar lo esencial: su independencia. No tenemos una nueva Suprema Corte. Tenemos una cortecita. Chiquita, encogida, ínfima.
Cortecita desde su origen. Basta recordar cómo llegaron quienes hoy se proclaman depositarios de la voluntad popular. En la elección judicial participó apenas alrededor del 13 por ciento del electorado. Los nueve ministros ganadores aparecieron en los famosos “acordeones” que indicaban por quién votar. Seis habían sido postulados por el comité del Poder Ejecutivo; los otros tres -Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- habían sido nombrados previamente por AMLO. La misión de observación de la OEA habló de “dudas razonables” sobre la autonomía del nuevo Poder Judicial y desaconsejó replicar el modelo mexicano en otros países. Vaya democratización.
Los acordeones no fueron una anécdota pintoresca. Fueron el instructivo de armado de una Corte afín.
Y después llegó la realidad cotidiana. Hugo Aguilar presume que abatieron el rezago heredado y que “no hay rezago, no hay ineficiencia”. Los datos comparables cuentan otra historia.
Una investigación de N+ encontró que -durante su último año- la Corte anterior resolvió 3,174 proyectos, mientras la nueva resolvió 2,059. Treinta y cinco por ciento menos. Por cada tres asuntos que resolvía la Corte anterior, la cortecita actual resuelve dos. La reforma eliminó las salas, donde se resolvía buena parte de los asuntos. Pero la Constitución permite organizar el trabajo mediante secciones y la nueva Corte no lo ha hecho. Prometieron una justicia más rápida y construyeron una más lenta.
Peor aún: cuando Aguilar fue cuestionado sobre las estadísticas heredadas, anunció que había suspendido su difusión porque eran inexactas. Contra datos presuntamente malos, menos datos. Contra la opacidad heredada, opacidad renovada. En términos de los engroses pendientes -asuntos ya votados cuya sentencia definitiva sigue pendiente- la propia Corte decidió contabilizarlos, pero esa cifra desapareció del informe que proclama el fin del rezago. La cortecita tiene sus propios “otros datos”.
Y tampoco parece particularmente cercana al pueblo. Elegir jueces no convierte mágicamente la justicia en accesible. El ciudadano que enfrenta ministerios públicos inoperantes, defensorías insuficientes, expedientes eternos y tribunales saturados no experimenta la “democratización” porque Hugo Aguilar sesione en Chiapas o utilice un lenguaje o un traje distinto. La justicia cercana se mide desde abajo: en tiempo, acceso, calidad y resultados. Y a eso se suma un espectáculo impropio de un tribunal constitucional: pleitos internos, reclamos públicos, desorganización y argumentos ridículos que alimentan memes cotidianos.
Pero el problema más grave no es la productividad ni el profesionalismo.
Es la independencia. Hasta ahora, en algunos de los grandes temas vinculados con la 4T, la nueva integración ha mostrado una notable sumisión hacia el proyecto político que pavimentó su llegada. Y preocupa todavía más una frase del ministro presidente: “Hoy, el pueblo también manda en el Poder Judicial”. No. Ésa es precisamente la función que un tribunal constitucional no debe desempeñar. Los jueces no son diputados. No representan a mayorías electorales ni reciben un mandato popular. Su obligación es defender la Constitución incluso en contra de quienes votaron por ellos.
La Corte anterior tenía defectos, privilegios y rezagos. Había mucho que reformar. Pero reformar no significaba domesticar. Democratizar no significaba partidizar. Acercarla al pueblo no significaba acercarla al poder. La Suprema Corte debería ser el lugar donde termina la voluntad del gobernante y comienza el límite constitucional. Una institución capaz de decir no. De incomodar. De contener. De ser impopular cuando defender derechos lo exige. Una Corte suprema. No una Corte sumisa, no una Corte ínfima. No una cortecita.