La Cristiada
El 1 de agosto de 1926, hace 100 años, entró en vigor la Ley sobre Delitos y Faltas en Materia de Culto Religioso y Disciplina Externa. La legislación la había promulgado previamente el presidente Plutarco Elías Calles con la intención de fortalecer al Estado mexicano ante lo que consideraba un rival: la Iglesia Católica.
La Ley Calles, como se le llamó, obligaba al registro de todos los sacerdotes; exigía que los ministros de culto fueran no sólo mexicanos, sino mexicanos por nacimiento; limitaba drásticamente el número de sacerdotes en el país; prohibía que las corporaciones religiosas pudieran dirigir escuelas o impartir enseñanza en escuelas primarias; penalizaba los votos religiosos y ordenaba la disolución de monasterios y conventos para confiscar sus propiedades; sancionaba el uso público de sotanas o hábitos religiosos; establecía una “pena de cinco años al ministro de un culto que critique cualquier artículo de la Constitución, bien sea en público o en privado”; suprimía “por completo la libertad de prensa en materia religiosa”.
Otros gobernantes fueron más allá. Tomás Garrido Canabal de Tabasco decretó en 1925 que solo podía haber en el estado un ministro de cada culto por 30 mil habitantes. En otras palabras, sólo seis sacerdotes podían oficiar misa, aunque hubiera la posibilidad de contar con seis pastores para cada iglesia protestante o seis rabinos para las ceremonias judías, que no se necesitaban. Decretó, además, que para ser ministro de culto era obligatorio estar casado.
En protesta por la Ley Calles, el Episcopado Mexicano suspendió los actos de culto en el país el 31 de julio de 1926. El 3 de agosto estalló una revuelta armada de campesinos pobres. La guerra duró tres años y tuvo un saldo de 250 mil muertos entre combatientes y civiles. Las tropas federales cometieron homicidios de civiles y violaciones. La población de las zonas en rebeldía fue confinada en campos de concentración para impedir que apoyara a los rebeldes, lo cual provocó una hambruna que mató a decenas de miles. Pese a un acuerdo de paz, el conflicto se reanudó entre 1934 y 1938.
Calles decía que no quería perseguir a la religión católica, pero que la Iglesia debía ceñirse a la legislación mexicana. También afirmaba que la Iglesia ponía en riesgo la soberanía nacional por estar subordinada a un Estado extranjero, el Vaticano. Impulsó la creación de una Iglesia Católica Apostólica Mexicana independiente de Roma, que se desvaneció cuando dejó de recibir apoyo del régimen.
Yo no soy católico, pero la Ley Calles me parece un desplante de autoritarismo e intolerancia. Mostró la ambición del régimen de la Revolución por ocupar todos los espacios de poder, sin importar los deseos de la gente. Las medidas no sólo discriminaban a la Iglesia, sino que agraviaban a un pueblo que consideraba el culto católico una parte crucial de su cultura e identidad. Prohibir a los sacerdotes criticar la ley, incluso en privado, no era señal de un régimen progresista, sino de una dictadura.
Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940, resolvió el conflicto muy a la mexicana. No derogó la Ley Calles, pero dejó de aplicarla. Mantuvo un sistema laico de educación pública, mas no persiguió a quienes abrieron nuevamente escuelas religiosas privadas.
La guerra fue un doloroso ejemplo de lo que puede provocar un gobierno autoritario que viola los derechos y creencias fundamentales de la población. Un siglo después, el gobierno no ha ofrecido una disculpa pública por esta guerra con la que reprimió a un pueblo por el delito de ejercer su libertad de culto.
