Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Torreón, Coahuila. Imagen: Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
La región lagunera de Coahuila —Torreón, San Pedro de las Colonias, Matamoros y Viesca— fue uno de los espacios donde la confrontación entre Iglesia y Estado adqui rió mayor densidad social en 1926 y 1927, durante la Guerra Cristera. En ese sentido, La Laguna aparece como un territorio en el que las disposiciones federales y estatales no quedaron reducidas a decretos abstractos: se tradujeron en expulsiones de sacerdotes, cierre de colegios, intervención de templos, protestas callejeras, boicot económico, vigilancia sobre los sacramentos y formas clandestinas de resistencia religiosa.
En estos municipios, el conflicto no fue únicamente doctrinal o jurídico, sino una disputa por el control de la vida cotidiana, de la educación, de los templos y de las prácticas comunitarias. Por ello, el caso lagunero permite ver que la cuestión religiosa no avanzó de manera uniforme: cada municipio respondió según sus autoridades locales, sus redes católicas, su estructura educativa y sus condiciones sociales.
Antes de que la aplicación de la Ley Calles endureciera el escenario, la organización católica ya tenía presencia en la región. En marzo de 1925 se fundó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, cuyo propósito fue definido de forma tajante: “el fin de la liga es, pues, detener al enemigo y reconquistar la libertad religiosa y las demás libertades que se derivan de ella”. Esa exigencia se condensó en cuatro puntos: “libertad plena de enseñanza; derecho común para los ciudadanos católicos; derecho común para la iglesia y derecho común para los trabajadores católicos”. La liga tuvo comités en Torreón, en el ejido El Coyote, de Matamoros, y en San Pedro de las Colonias. Esta pre sencia es significativa porque muestra que la Laguna fue un espacio con capacidad de articulación religiosa previa al conflicto abierto.
El quiebre definitivo llegó en febrero de 1926, cuando el gobierno estatal comenzó a aplicar las disposiciones constitucionales relativas al culto. A los ayuntamientos se les recordó el decreto del 13 de abril de 1917, mediante el cual se había fijado el número de ministros permitidos por municipio: cinco para Torreón, tres para San Pedro, dos para Matamoros y uno para el resto de ellos, lo que incluía a Viesca. Esa distribu ción revela la manera en que el Estado intentó cuantificar, limitar y administrar la presencia religiosa en el territorio. No se trataba sólo de expulsar extranjeros o clausurar colegios; también se buscaba convertir el ejercicio sacerdotal en una actividad sujeta a autorización y vigilancia.
Los golpes iniciales se dirigieron contra los sacerdo tes extranjeros; los primeros expulsados de Coahuila fueron los de la Comarca Lagunera, específicamente los de Torreón y San Pedro. Los curas españoles de Torreón, notificados por la autoridad municipal el 14 de febrero de 1926, dirigieron una carta al gobernador en la que intentaron presentarse como obedientes a la ley: “Nosotros desearíamos seguir viviendo en esta ciudad, acatando las disposiciones de la ley… Y que no se nos considere bajo ningún concepto como rebeldes… Pues nosotros como extranjeros de nacionalidad española, no podemos menos que acatar reverentes sus leyes y las órdenes de las autoridades”.
La petición no tuvo efecto. Al día siguiente, el presidente municipal de Torreón informó que “con fecha 15 de febrero salieron por el tren de Monterrey con rumbo a Tampico, los presbíteros españoles Ramiro Macua, Francisco Padilla y Benito González”.
En San Pedro de las Colonias el proceso fue semejante. Fueron expulsados Ricardo Saz Laville, Eulo gio Arana y Antonio Aguade. Las damas católicas de ese municipio y Emilio Madero intentaron impedir la medida, pero únicamente consiguieron que al padre Saz se le concedieran tres días para preparar sus artículos personales.
En marzo vino una segunda oleada: desde Torreón salieron León Aguado, Filomeno Pérez, Luis Denages y fray Domingo Pitarch.
CONTRA ESCUELAS Y SACRAMENTOS
La ofensiva estatal también se dirigió contra la educación confesional. En San Pedro, el 12 de febrero de 1926, el alcalde Francisco Saracho intervino el colegio católico María Inmaculada, dedicado a la educación primaria de niñas. El edificio fue utilizado para ins talar la única escuela municipal de San Pedro, con el argumento de que “el plantel de la escuela municipal Luis A. Bauregard se encuentra en pésimo estado y está en compostura”.
La directora, Julia Navarrete, promovió un amparo por violación a garantías individuales, pero el recurso fue declarado improcedente por el juez supernumerario con residencia en Torreón; después, la revisión tampoco prosperó, pues se ratificó que el inmueble era propiedad federal y que el presidente municipal había actuado conforme a derecho.
El caso sampetrino no terminó ahí. El colegio Ma ría Inmaculada siguió funcionando en otro local, con docentes vestidas con hábito y con una enseñanza in clinada a la doctrina católica, según informó el propio Saracho. Además, al colegio Moderno de San Pedro se le hizo una excitativa para evitar su clausura, pues aunque no era propiamente confesional, contaba con religiosas en su planta docente; por ello se les exigió que, si querían continuar enseñando, debían hacerlo sin hábito y con estricto apego a la ley.
En Torreón, el presidente municipal Nazario Ortiz Garza clausuró los colegios La Paz, Jesús María, La Corregidora y Elliot. La educación se convirtió, así, en uno de los campos principales de la disputa.
Frente a la clausura de colegios, el obispo Jesús María Echavarría impulsó las llamadas “escuelas hogar”. Algunas de estas funcionaron en Torreón, San Pedro de las Colonias y Viesca, además de otras poblaciones de Coahuila. Según el testimonio recogido por la Diócesis de Saltillo, eran “verdaderas catacumbas de educación, esparcidas silenciosamente por dichas ciudades… tienen solamente el apoyo del siervo de Dios”. Esta expresión permite entender la naturaleza clandestina y doméstica de la resistencia educativa: al ser cerrados o intervenidos los espacios institucionales, la enseñanza católica se desplazó a casas particulares, sostenida por familias, docentes y redes de confianza.
La restricción de sacramentos añadió otra dimensión al conflicto. El gobierno prohibió la celebración de bautizos y matrimonios “sin que los interesados presenten comprobantes de haber cumplido con el registro civil”. A pesar de ello, entre marzo y julio de 1926, antes del cierre formal de templos, se siguieron celebrando dichos sacramentos. En Matamoros se registraron 133 bautismos y en Viesca se celebraron tres matrimonios registrados en Santiago Apóstol. Para abril de 1926, el gobierno estatal informó tener identificados a 25 sacerdotes católicos en Coahuila. En la región lagunera, la distribución era la siguiente: uno para Matamoros y Coyote, dos para San Pedro y Concordia, dos para Torreón y uno para Viesca. La cifra permite observar una red clerical reducida pero presente en los cuatro municipios.
Además, el obispo Echavarría continuó recorriendo la entidad. El 24 de junio, desde Torreón, durante una visita pastoral, escribió: “estamos por regresar a Saltillo. Por todas partes hay penas. Es peramos que venga al fin la calma y el consuelo. Estamos en las manos de Dios y Dios está con nosotros”
CIERRE DE TEMPLOS
Cuando entró en vigor la Ley Calles, la tensión se trasladó a los templos. Para finales de agosto, las autoridades estatales infor maron que tenían bajo control los templos católicos y protestantes del estado.
La estadística de Coahuila en 1926 registró los siguientes inmuebles religiosos: en Mata moros, Nuestra Señora del Refugio, un templo sin nombre en la Hacienda El Coyote y dos salones protestantes; en San Pedro, La Parroquia, La Capilla, dos salones protestantes y la iglesia de Concordia; en Torreón, Nuestra Señora de Guadalupe, El Carmen, Perpetuo Socorro, San Pablo, el Templo Bautista y Príncipe de Paz; en Viesca, Santiago Apóstol, San Isidro y un salón protestante sin nombre.
La presencia simultánea de templos ca tólicos y protestantes muestra que la vigi lancia estatal no operó sobre un espacio religioso homogéneo. La intervención no fue solamente administrativa: implicó registra materialmente los objetos de culto. En la iglesia de San Pedro de las Colonias se levantó un inventario que incluía “27 bancas grandes de la iglesia, cuatro confesionarios, 90 bancas para niños, 12 reclinatorios, un viacrucis”, además de imágenes, estatuas, candelabros, ciriales, lámparas, púlpito, cepos para limosnas y diversos objetos de altar. Ese inventario permite observar el alcance concreto de la política religiosa: que el Estado tomara control y administrara los bienes materiales de la Iglesia.
En Matamoros, por otra parte, en agosto de 1926, entró en funcionamiento un templo bautista, dato im portante porque muestra que, mientras el catolicismo enfrentaba clausuras, vigilancia y culto clandestino, algunas expresiones protestantes mantuvieron una relación más funcional con las autoridades.
La intervención de templos provocó reacciones públicas. En Torreón, ante el cierre, se documentó una manifestación multitudinaria que recorrió sectores de la ciudad y terminó con actos de violencia. Los manifestantes iban lanzando piedras y gritando “viva Cris to Rey”. Al intervenir las fuerzas de seguridad, los soldados fueron recibidos de forma hostil y dispararon al aire para dispersar la protesta.
Pero Torreón también fue escenario de apoyo al gobierno. La Federación Local del Trabajo y la Liga de Sindicatos de la Comarca Lagunera organizaron una marcha de respaldo a las medidas oficiales. El 8 de agosto participaron masones, agrupaciones obre ras, comerciantes, empleados públicos y privados, y se reportaron cerca de siete mil asistentes.
El boicot económico por parte de la comunidad religiosa tuvo impacto en Torreón. Según Jean Meyer, de agosto a diciembre “los negocios disminuyeron un 75 por ciento por causa de la baja del algodón, la plata, el plomo y el boicoteo”. Aunque la cita combina factores económicos y religiosos, permite advertir que la movilización católica coincidió con una coyuntura regional sen sible, marcada por actividades productivas estratégicas. En una ciudad ligada al comercio y a la economía algodonera, el boicot no podía ser un gesto menor: tocaba el flujo cotidiano de consumo y el ánimo político de sectores urbanos.
RESISTENCIA Y CLANDESTINIDAD
Tras el cierre del culto público, la resistencia sacerdotal adoptó formas clandestinas. En Torreón se reportó que Victoriano Polina y Nieves García recorrían comunidades rurales laguneras con un sacerdote español y un religioso carmelita, quienes casaban, bautizaban y oficiaban misas en casas particulares, cobrando 100 pesos por matrimonio y 10 pesos por misa o bautizo.
En Viesca, el cura Buenaventura Acosta continuó en secreto oficiando misas, dando la comunión y administrando sacramentos en domicilios particulares. En la Hacienda del Coyote, municipio de Mata moros, el padre Lucas Cervantes siguió impartiendo sacramentos “a diestra y siniestra”, lo que motivó que el Ayuntamiento intentara multarlo con 500 pesos y después remitir el caso a las autoridades federales.
La persecución continuó en 1927. Juan Alonso Rodríguez, cura de Matamoros, fue capturado por que “se dedica desde tiempo atrás al ejercicio y práctica de ceremonias religiosas en casas particulares”. El gobernador Pérez Treviño ordenó que, una vez detenido, fuera remitido a las autoridades militares y el 29 de enero fue entregado al general San Martín en el cuartel general de la 25 jefatura de operaciones militares con cabecera en Torreón.
Ese mismo año, el presidente municipal de Torreón, Nazario Ortiz Garza, remitió al padre Cecilio González al cuartel general por violar la Ley Calles; había sido sorprendido oficiando misa en el domicilio de Gregorio Ramírez, quien también fue remitido al juzgado de distrito, mientras los asistentes recibieron una multa.
En conjunto, la región lagunera muestra una de las caras más complejas de la cuestión religiosa en Coahuila. En Torreón, San Pedro, Matamoros y Viesca se cruzaron la acción municipal, la vigilancia estatal, la expulsión de ministros, la clausura educativa, la intervención de templos, la movilización obrera favorable al gobierno, la protesta católica y la persistencia clandestina de sacramentos.
La Laguna no aparece como una zona pasiva ni periférica, sino como un escenario de confrontación intensa. Allí, la política anticlerical se volvió vida cotidiana: cerró colegios, expulsó y vigiló intensamente sacerdo tes, ocupó templos, vigiló casas y persiguió misas priva das. Pero también allí la resistencia católica se sostuvo en redes locales, domicilios particulares, maestros, mu jeres, sacerdotes y fieles que buscaron conservar, aun bajo amenaza, sus prácticas religiosas.
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