Si la Fiscalía General de la República hubiera investigado al gobernador Rubén Rocha Moya, habría descubierto más de una ilegalidad. No lo investigó. "Presenten su denuncia", repite Sheinbaum cuando le preguntan por presuntos delitos de algún aliado. Ya la presentó Estados Unidos.
La solicitud de detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya incluye la acusación de haber llegado al poder con el apoyo del crimen organizado, algo ampliamente documentado en el 2021 en Sinaloa y en otras entidades, como Michoacán y Sonora. Estados Unidos no está defendiendo la democracia mexicana: le importa la alianza de Rocha con el crimen organizado, sellada antes de llegar a la gubernatura, para introducir drogas y, de acuerdo con el expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cumplida luego por el gobernador y los otros 9 acusados.
Como dijo Sheinbaum, nunca antes el gobierno de Estados Unidos había solicitado la detención de un gobernador mexicano en funciones. Pero es difícil encontrar uno con tanta evidencia de vínculos con el crimen organizado y un gobierno federal tan tolerante al respecto.
La soberanía implica mantener desde la legalidad el control del Estado sobre el territorio. Sheinbaum la invoca constantemente. Los gobiernos de Morena abrieron la puerta a la intervención de Estados Unidos al no actuar frente a la penetración del crimen organizado en varias entidades gobernadas por su partido.
"Si no hay nada, no hay nada que temer, nada", le dijo Sheinbaum al gobernador en una llamada. Todos saben cuánto hay. Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y adversario histórico de Rocha, fue asesinado el día en que, según una carta de El Mayo Zambada, tenía programada una reunión con el gobernador. La Fiscalía General del Estado encubrió el crimen con el montaje de un asalto en una gasolinera. La FGR la desmintió y atrajo el caso, pero no avanzó en su investigación.
La Presidenta querría seguir hablando del caso García Luna. Hoy debe enfrentar una acusación similar o peor contra un gobernador al que su partido ha arropado cada vez que se le señalan actos ilícitos. Los argumentos que tantos morenistas, incluido AMLO, usaron contra García Luna justificarían detener a Rocha. Ahora Sheinbaum exige "pruebas contundentes e irrefutables".
Está ganando tiempo. Sabe que una solicitud de extradición, aún no presentada formalmente, no es un procedimiento penal. En una extradición el juez sólo revisa que el delito esté tipificado en ambos países y que existan indicios razonables de culpabilidad, los cuales sí existen según el Gran Jurado de Nueva York que analizó las pruebas del fiscal. El tratado de extradición se basa en la confianza recíproca entre sistemas judiciales.
La decisión final de extraditar recaerá en el Ejecutivo, como ocurrió cuando envió a 92 criminales a Estados Unidos sin seguir los protocolos formales. Será una decisión política. Por lo pronto, Rocha pidió una licencia temporal. En principio puede regresar a su cargo, se ve muy improbable.
En la mañanera del jueves, aunque cargada a favor del gobernador, Sheinbaum advirtió que "como lo hemos dicho siempre: nosotros no vamos a proteger a nadie". Pidió más información antes de actuar. Ella tendrá que decidir. Tiene que enfrentar al ala radical de su partido, pero no entregarlo sería tensar la cuerda en la negociación del T-MEC y arriesgarse a una cascada de acusaciones contra otros aliados.
El riesgo mayor, aunque se escude en un emotivo discurso de soberanía, es que un comando venga por él. Tras la extracción de Maduro quedó claro que Estados Unidos violará el derecho internacional si lo cree conveniente. No lo avalo. Pero que nadie se engañe.
Sheinbaum declaró con soltura el viernes que no está entre la espada y la pared. Pero cómo decida marcará el rumbo de su sexenio y la relación con Estados Unidos.
ÁTICO
Al no actuar ante la penetración del crimen organizado en varias entidades, Morena abrió la puerta a la intervención de EU.