La ENSU no debe ocultar presuntas violaciones a derechos humanos: Attolini Murra

Tras la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el diputado Antonio Attolini Murra, advirtió que los indicadores de percepción de seguridad no pueden utilizarse para minimizar ni dejar fuera del escrutinio público los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos que permanecen sin ser plenamente esclarecidos.

Por lo anterior, el legislador morenista sostuvo que una encuesta sobre percepción ciudadana no puede convertirse en un “certificado de impunidad”, al señalar que el hecho de que una parte de la población manifieste sentirse más segura no libera a las autoridades de su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por agentes del Estado.

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En ese sentido, el también coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, exigió avances concretos en las investigaciones de los casos de Even Cerda, quien presuntamente fue privado de la libertad por elementos de la Policía Municipal; Cris Pérez Hernán, fallecido en circunstancias sospechosas al interior de los Tribunales Municipales de Torreón; y Rolando Medina, quien murió durante un operativo del Grupo de Reacción Torreón (GRT) en el ejido Nuevo Mieleras.

Recordó que en el caso de Rolando Medina, existe una recomendación emitida por el organismo estatal de derechos humanos que el Ayuntamiento de Torreón continúa sin cumplir, situación que calificó como una muestra preocupante de falta de compromiso con la rendición de cuentas.

Afirmó que una ciudad segura requiere que las propias autoridades sean las primeras en respetar la ley, al señalar que la confianza ciudadana no se construye únicamente con indicadores de percepción, sino con instituciones capaces de investigar sus propios abusos, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de estos hechos.

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También, enfatizó que los derechos humanos no representan un obstáculo para la seguridad pública, sino una condición indispensable para alcanzarla.

“Seguridad sin derechos humanos es pacto. Es pactar con el silencio, con la impunidad y con el abuso de poder. La verdadera seguridad exige legalidad, transparencia y justicia para las víctimas”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado, al Ayuntamiento de Torreón y a las autoridades competentes para esclarecer plenamente los tres casos, deslindar responsabilidades administrativas, políticas y penales, y actuar conforme a la ley.

Sostuvo que las familias de Even Cerda, Cris Pérez Hernán y Rolando Medina tienen derecho a la verdad y a la justicia, y subrayó que ningún resultado estadístico puede sustituir la obligación constitucional del Estado de proteger los derechos humanos y responder cuando sus propios agentes son señalados por presuntas vulneraciones.