México es un país de oportunidades. Aquí las metas se pueden cumplir sin temor a los escrúpulos. En la dialéctica nacional, las contradicciones fortalecen a quien sabe usarlas.
Del mismo modo en que la liga de futbol es patrocinada por una casa de apuestas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en manos de alguien que no contribuye al cumplimiento de la ley.
Cuando concluyó su primer periodo al frente de la institución, Rosario Piedra Ibarra dejó un saldo de 70 mil 734 quejas sin responder. A pesar de la pandemia, las peticiones no cesaron y la inoperancia de sus oficinas hizo que se acumularan. De 2020 a 2023, las solicitudes aumentaron en 74.9 por ciento. Seis miembros del Consejo Consultivo presentaron su renuncia porque, según dijeron, Piedra Ibarra les impedía hacer su tarea.
La CNDH no tiene capacidad jurídica directa; su función consiste en emitir recomendaciones. Un foro para visibilizar abusos y promover que se tomen cartas en el asunto. Se trata, pues, de una instancia de mediación. Durante cinco años, Piedra Ibarra convirtió ese espacio en una anulación de quejas. La basura quedó bajó la alfombra.
Las 164 recomendaciones emitidas durante su gestión tuvieron un claro sesgo político. 110 de ellas se refirieron a gobiernos anteriores, y las pocas que aludieron a la administración morenista se concentraron en temas como la gestión de la salud pública y el acceso a la información. En un país con más de 130 mil desaparecidos y parcialmente tomado por el narcotráfico, los temas de seguridad brillaron por su ausencia.
Piedra Ibarra fracasó ante la ciudadanía, a tal grado que ella misma advirtió la irrelevancia de su trabajo y en enero de 2024 sugirió que la CNDH desapareciera, pues ya no “responde a las necesidades del pueblo mexicano”. Sin embargo, su estrategia de no atender protestas rindió frutos ante quienes reclaman impunidad. Si en enero propuso que la CNDH se disolviera, en octubre, un pajarito la convenció de presentar su candidatura para reelegirse en el puesto donde archivaba quejas.
El Senado inició un proceso de evaluación que sonaba bien, pero que se desarrollaría en nuestro “país de oportunidades”. Los legisladores prometieron elegir a un candidato entre los cinco mejor calificados. De 12 contendientes, Piedra Ibarra ocupó un explicable doceavo lugar. Además, presentó un documento de respaldo a su candidatura, firmado por Raúl Vera, obispo de Saltillo y notable defensor de los derechos humanos, que resultó ser apócrifo. ¿Qué hizo el Senado? ¡Eligió a la peor calificada! Con talante crítico, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que la decisión no había estado libre de consideraciones políticas. Optar por Piedra Ibarra significaba impedir cualquier investigación que incomodara al ex presidente López Obrador o al Ejército. Cinco años de inoperancia la avalaban.
Ahora ha vuelto a las noticias con el caso Ayotzinapa. Piedra Ibarra desacreditó la información proporcionada por Alejandro Encinas, que presidió la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Un dato significativo aportado por Encinas era que el Ejército contaba con un infiltrado en la escuela rural: Julio César López Patolzin.
En la versión de la CNDH, López Patolzin era soldado, pero se limitaba a estudiar en Ayotzinapa sin informar al Ejército. Esta explicación recuerda la que hace poco dio la fiscal Wendy Chávez para justificar la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua: estaban ahí, pero no en plan profesional.
Encinas, actual embajador ante la OEA, respondió en su cuenta en X que hay evidencia de los contactos que López Patolzin mantuvo con mandos del Ejército en septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Para lavarse las manos, Piedra Ibarra elaboró un extenso documento en el que critica los distintos modos de aproximarse a la tragedia de Ayotzinapa: “Para encontrar la verdad llana, y la justicia, ha sido igual de nociva la narrativa de la ‘Verdad Histórica’ como la narrativa de la ‘Antiverdad Histórica’”. En otras palabras: todos los que han metido su nariz en el asunto están equivocados; en este crimen no hay culpables.
Está por verse lo que el infiltrado del Ejército hizo en Ayotzinapa. De algo no hay duda: los enemigos de los derechos humanos cuentan con la infiltrada perfecta en la CNDH.
