La irregularidad en concesiones de agua frena la tecnificación agrícola, advierte Conagua
En medio de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad en el uso de concesiones de agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha intensificado sus acciones en la región lagunera, con especial atención en los módulos de riego 14, 15, 16 y 17, con lo que se busca dar celeridad a la revisión de padrones y a la integración de ejidos, ya que persiste un rezago histórico.
Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, explicó que el padrón de usuarios y de suelo agrícola presenta inconsistencias derivadas de arrendamientos de derechos de agua otorgados en los años noventa, con vigencia de 30 años. Muchos de estos contratos comenzaron a vencer en 2022 y 2024, aunque algunos se mantienen hasta 2030.
La situación ha generado señalamientos de asociaciones civiles que denuncian anomalías en el ciclo agrícola, al considerar irregular el uso de concesiones vencidas. Hasta la fecha, se han revisado 600 derechos de agua, de los cuales 222 han cambiado su estatus de arrendamiento a propiedad legal. Otros permanecen en litigio y dependen de resoluciones judiciales para ser inscritos en el padrón oficial. El funcionario subrayó que la actualización del padrón es indispensable, pues existen casos en que los derechos continúan a nombre de padres o abuelos fallecidos, sin que los herederos hayan realizado la regularización correspondiente.
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Personal técnico ya trabaja en la reparación de las afectaciones en el cableadoLa problemática tiene un impacto directo en el programa nacional de tecnificación parcelaria, que busca modernizar el riego agrícola. Conagua advirtió que no puede destinar recursos a parcelas que carezcan de certeza jurídica, incluso si se trata de superficies menores a cinco hectáreas.
“No es posible tecnificar una hectárea o un metro cuadrado que no tenga su estatus legal”, enfatizó el director.
Para enfrentar este reto, la dependencia trabaja en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Gobernación (Segob), con el objetivo de abrir oficinas en cada estado y facilitar la regularización. La meta es que todos los usuarios cuenten con documentación completa y actualizada, condición indispensable para acceder a programas de apoyo y modernización.
