Ernestina Godoy encabeza una Fiscalía performativa. Una institución donde importa más anunciar que acreditar. Detener que sentenciar. Incautar que demostrar.
Montar el operativo antes que construir el caso. Una FGR que produce imágenes de eficacia mientras batalla para producir justicia. Su modus operandi es primero anunciar algo espectacular. Después -si acaso- viene la investigación. Primero usa el adjetivo “histórico”. Después trata de recabar o acomodar la evidencia. Primero da el golpe, y después averigua si había algo que golpear.
El ejemplo más reciente roza la parodia. Anunció el “histórico” aseguramiento de 59 millones de litros de presunto huachicol en una terminal de SIMSA en Guanajuato. Diez tanques. Tres unidades. Un golpe sin precedente. Sólo había pequeños inconvenientes: no hubo detenidos, la planta no fue clausurada, operaba nuevamente desde el 10 de septiembre y la FGR todavía estaba recabando documentos para determinar si el combustible era ilícito. Godoy terminó ordenando que la investigación fuera atraída por la propia FEMDO (Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada).
No es un episodio aislado. En mayo, la Fiscalía presumió otro operativo contra el huachicol en Tihuatlán, Veracruz: 12 detenidos y miles de litros asegurados. Días después, un juez federal liberó a los 12, decidió no vincularlos a proceso y declaró nulas las pruebas. Encontró irregularidades en la carpeta y consideró insuficientes los datos aportados por el Ministerio Público. Y en otro expediente de huachicol fiscal, la FGR solicitó 23 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de una red criminal. Un juez de carrera judicial las negó porque la Fiscalía no había fundamentado adecuadamente sus “inferencias”.
La FGR volvió a intentarlo y consiguió órdenes ante otra juzgadora, pero el tropiezo original permanece: 23 órdenes pedidas, 23 rechazadas.
Y luego está Rafael Ojeda. La ironía merecería un lugar especial en la carpa de la procuración de justicia mexicana. La propia Godoy ha dicho que fue el exsecretario de Marina quien denunció actividades ilícitas de integrantes de la institución naval, y los principales acusados son sus sobrinos políticos. La defensa ha pedido que el almirante comparezca y existe un citatorio judicial. Pero la FGR no ha logrado localizarlo para notificarlo. Extraordinario. Una Fiscalía capaz de perseguir complejas redes transnacionales de contrabando, seguir buques, rastrear millones de litros, investigar aduanas y detectar empresas fachada no consigue encontrar al hombre que encabezó la Marina durante seis años. Quizá deberían buscarlo con una pipa.
El problema rebasa los tropiezos procesales. Es institucional. Godoy recibió una Fiscalía envenenada por Alejandro Gertz: opaca, personalista, selectiva, vengativa. Pero la solución de Claudia Sheinbaum fue colocar al frente a alguien todavía más cercana al poder presidencial. Godoy fue fiscal incondicional en CDMX cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno y después fue su consejera jurídica en la Presidencia. De ahí saltó a encabezar el órgano “constitucionalmente autónomo” encargado de investigar al propio gobierno. Autonomía a la mexicana: depender ayer de la Presidenta y vigilarla hoy.
Esa cercanía importa porque una Fiscalía no sólo debe ser independiente. Debe parecerlo. Debe poder investigar al poderoso sin esperar permiso, perseguir al aliado con la misma energía que al adversario y seguir la evidencia aunque termine en Palacio Nacional, en Morena, en las Fuerzas Armadas en Andy o en Palenque. Y precisamente allí aparece el problema del huachicol fiscal. La investigación ha tocado a altos mandos navales, a amigos, a familiares en la nueva élite. Pero la autoridad no actúa. Escenifica y elabora montajes que luego se caen.
Godoy no está corrigiendo la institución de Gertz; está reproduciendo sus peores métodos: expedientes endebles acompañados de declaraciones hiperbólicas; espectacularidad ministerial seguida de fragilidad judicial. Y una Fiscalía no se mide en litros decomisados, sospechosos detenidos, cateos televisados o comunicados triunfalistas. Se mide en investigaciones bien hechas, procesos sostenibles y sentencias obtenidas. La justicia no debe ser solo una puesta en escena. Y México necesita una Fiscalía General de la República, no una Fiscalía Performativa de la República.