La consigna "primero los pobres" ha sido durante 7 años la excusa para disfrazar de virtud pública cada decisión arbitraria del poder. Sin embargo, cuando la retórica se confronta con la realidad, descubrimos que, lejos de pretender la justicia, la sentencia reduce la vulnerabilidad a una simple categoría administrativa.
La pensión para adultos mayores trata por igual a un millonario de 65 años que a uno abandonado a su suerte en medio de la sierra. Se reparte con amplitud teatral, olvidando que la virtud de la justicia no está en dar a todos lo mismo, sino en dar a cada uno lo que corresponde.
Renunciar a discriminar entre fragilidad y privilegio no es justicia, es propaganda presupuestaria, y el daño que provoca, más que fiscal, es antropológico. Cuando el Estado sustituye la dignidad del trabajo por la pedagogía de la dependencia, termina por erosionar el carácter cívico de la nación. El bien común se corrompe cuando infantiliza a la sociedad y la pone bajo la tutela administrativa de la benevolencia.
Si la ayuda deja de ser excepcional, focalizada y temporal, el ciudadano deja de presentarse ante la República como agente moral productivo y empieza a comparecer como beneficiario; una relación devastadora que lacera su dignidad como persona y lo convierte en cliente de un gobierno dispensador de favores.
La fábula de una administración protectora de los pobres y enemiga de los privilegios se desvanece cuando la evidencia demuestra que el acceso al poder económico sigue abierto para los magnates bien conectados. Reuters y Forbes reportaron en 2025 y 2026 nuevos acuerdos y contratos relevantes entre Pemex y otras empresas del Estado con la élite de multimillonarios de México.
La forma de humillación más profunda que produce esta arquitectura política no es usar la pobreza como escenario teatral, sino usar a la clase trabajadora para pagar y sostener el andamiaje gubernamental. El comerciante formal, la pequeña empresa, el profesionista que factura, el patrón con nómina, el emprendedor que abre una cortina cada mañana y enfrenta permisos, inspecciones, cuotas, extorsiones, impuestos y costos laborales crecientes, vive en un país que parece castigarlo por hacer las cosas bien.
Según el Inegi, la economía informal alcanzó el año pasado 32.8 millones de personas, es decir, 54.8% de la población ocupada y 25.4% del PIB nacional en 2024. El país descansa sobre una paradoja obscena: el sector formal carga con obligaciones crecientes y el sector informal conserva ventajas materiales y políticas que vuelven irracional el cumplimiento.
Quien abre un negocio dentro de la ley encuentra trámites, costos y vulnerabilidades. Quien permanece fuera del sistema suele hallar tolerancia, clientela cautiva y hasta protección política. Así, la clase media trabajadora queda atrapada entre dos polos consentidos por el poder: la pobreza convertida en reserva electoral y la gran riqueza convertida en interlocutora privilegiada.
A la clase media nadie la escucha ni la halaga, no tiene el dramatismo fotogénico de la miseria extrema ni el picaporte de los grandes capitales. Sin embargo, es ella la que mantiene en pie el edificio de la República: paga impuestos, genera empleo, cumple regulaciones, financia servicios públicos y amortigua el resentimiento social.
El drama no está en que el gobierno haya escogido a los pobres, sino en la fabricación de una narrativa redentora para ocultar una realidad bastante más prosaica. Subsidia sin criterio, tolera la dependencia, corteja al gran dinero cuando le conviene y abandona al mexicano que trabaja dentro de la ley.
Una política económica seria debería premiar al que produce, no exprimirlo. No se genera crecimiento económico distribuyendo la riqueza, sino generándola; para eso, las ayudas sociales deben conducir al vulnerable hacia la autonomía, no mantenerlo en la precariedad. Históricamente, la dignidad nacional de México siempre ha recaído en la clase trabajadora, esa a la que nadie aplaude y de la que, sin embargo, todos vivimos.
(Notario, ex Procurador General de la República)