Hay fracasos de gobierno medibles en pesos y hay otros cuyo costo es mucho más oneroso, se miden en la angustia de una madre que no encuentra el medicamento de su hijo, en un paciente que interrumpe su tratamiento y/o en una familia obligada a pagar de su bolsillo lo que debería recibir de los servicios públicos de salud.
Lo ocurrido con el sistema de salud mexicano pertenece a esta segunda categoría y la pregunta fundamental no es solamente por qué fallaron las nuevas instituciones, sino cómo fue posible tomar decisiones de semejante trascendencia sin contar con una alternativa suficientemente preparada para sustituir lo que se estaba destruyendo. ¿Cómo puede un Presidente desmantelar un sistema de atención médica sin tener listo otro que garantice la continuidad de los servicios? ¿Cómo puede hacerlo sin previos estudios financieros rigurosos, sin una transición ordenada, sin mecanismos eficaces de distribución de medicamentos y sin evaluar previamente las consecuencias de sus decisiones? ¿Fue un impulso, un capricho, una ocurrencia, un exceso de improvisación? ¿Fue un berrinche político, una decisión movida por el rencor hacia lo que habían construido los gobiernos anteriores? ¿O simplemente una latida presidencial convertida, por la concentración del poder, en política pública? Porque desmantelar un sistema de salud sin tener preparada una alternativa funcional no es transformar, es improvisar con la salud y la vida de millones de personas.
El Seguro Popular tenía deficiencias y necesitaba mejoras, ningún sistema de salud es intocable ni está exento de errores, pero una cosa es corregir lo que funciona mal y otra muy distinta es destruir una estructura existente sin garantizar que la siguiente podrá cumplir su cometido. La sustitución por el Insabi y posteriormente, la reorganización alrededor del IMSS-Bienestar no resolvieron automáticamente los problemas de atención, abasto y operación. Cambiar nombres, estructuras administrativas y responsabilidades institucionales no equivale a construir un sistema funcional, mucho menos cuando los pacientes siguen enfrentándose a carencias y cuando, según múltiples testimonios, el personal médico debe recurrir a soluciones extraordinarias para atender necesidades básicas. Y en medio de todo esto apareció la Megafarmacia, presentada como una solución monumental al desabasto. La Megafarmacia no dejó de ser una Megaestupidez, un proyecto que simbolizó la distancia entre anunciar soluciones espectaculares y resolver los problemas cotidianos de millones de personas, porque tener medicamentos concentrados en una instalación no significa que lleguen oportunamente al paciente que los necesita.
El problema de fondo es la ligereza con la que se tomaron decisiones que exigían rigor, conocimiento y responsabilidad. En materia de salud no basta con anunciar una transformación ni con atribuirle intenciones nobles: hay que demostrar que funciona. Cuando están en juego la atención médica y la vida de millones de personas, la improvisación es una falla de gobierno cuyas consecuencias deben asumirse, deben reconocerse los errores, corregir el rumbo y responder por sus consecuencias. En los últimos días, insólitas protestas a nivel nacional han exhibido la dimensión de la crisis: quienes deben garantizar la salud de los pacientes han salido a las calles a denunciar las carencias del sistema que los obliga a atenderlos. Cuando hasta quienes curan levantan la voz, algo profundamente grave está ocurriendo en México.