Se dice que toda sociedad debe regirse por un Estado de Derecho, en el que se establecen normas que los ciudadanos están obligados a cumplir para garantizar la convivencia pacífica, normas que exigen derechos y obligaciones. Sin embargo, encuadrar el funcionamiento de una sociedad en esas normas implica en principio, su conocimiento, sin el cual difícilmente los ciudadanos las cumplirán, pero aún cuando los conocen existen quienes evaden o manipulan su cumplimiento.
Sin embargo, todos los ciudadanos sabemos que el libre albedrío que gozamos en una sociedad que se rige por un Estado de Derecho, nos obliga a conducirnos dentro de las normas que este establece y, por lo tanto, debemos utilizarlas para dirimir los conflictos o controversias que surjan o nos involucren, no podemos hacer justicia al margen de esas normas y corresponde a las instituciones del Estado, como ente jurídico-político, elaborarlas, aplicarlas y sancionar a quienes no las cumplan.
Bajo estas premisas, cuando varios colectivos de ciudadanos observamos un grave problema que nos aqueja a quienes residimos en esta región, observamos que no se cumplían varios derechos fundamentales que se establecen en el marco normativo que nos rige. Nos referimos al problema del agua, bien fundamental para la vida de toda sociedad, se nos proveía por las instituciones responsables de su gestión en forma insuficiente y contaminada, violando con ello algunos derechos humanos fundamentales que nos protegen como ciudadanos: a su acceso en cantidad y calidad suficiente, a la información sobre el estado en que se encuentra, a la participación ciudadana porque el marco institucional que rige esa gestión no establece mecanismos institucionales que nos permitan incidir en la toma de decisiones sobre su gestión (gobernanza frágil), a la justicia hídrica porque derivado de lo anterior se presentan afectaciones en nuestra vida doméstica y en nuestra salud y, en suma de todo lo anterior, a un ambiente sano.
Durante años estudiamos el problema consultando informes gubernamentales y estudios académicos para entender las causas que lo provocaron, observando que las instituciones oficiales responsables de la gestión del agua evadían el cumplimiento de esos derechos y centraban sus acciones solo en su mitigación temporal, desde pequeñas acciones hasta mega obras hidráulicas que solo diferían las soluciones de fondo, las posponían. La conclusión que obtuvimos fue que el Estado mexicano era omiso ante este problema al elaborar una legislación que provocó su agravamiento y aplicando políticas públicas que evadían resolverlo.
No descubrimos el hilo negro porque los mismos informes oficiales y académicos apuntaban a la realización de una gestión deficiente del agua, incumpliendo el mandato que, aún con leyes y normas restrictivos, les indicaban su obligatoria intervención. Solo discernimos que el problema central derivado de esa deficiente gestión había conducido a señalarlo en la sobreexplotación y contaminación del Acuífero Principal, la fuente más importante que abastecía a los cientos de miles de habitantes de la Comarca Lagunera.
Durante casi dos décadas informamos a través de los medios de comunicación que nos abrieron espacios para publicar notas y columnas editoriales, o que sus comunicadores produjeron reportajes de investigación sobre este tema, en aulas escolares, auditorios y otros espacios públicos, donde se nos permitiera expresarnos, en qué consistía el problema que enfrentamos los laguneros de no recibir, en nuestras viviendas y negocios, agua suficiente en calidad y cantidad, denunciando las causas que lo provocaron y señalamos el papel omiso de las instituciones del Estado mexicano. Este no era una controversia entre ciudadanos, sino de estos con esas instituciones omisas.
La mayor parte de nuestras expresiones las realizaron en el campo de la comunicación, eventualmente acompañadas de acciones colectivas de escasa concurrencia debido a en gran parte al desconocimiento que los ciudadanos tenían, a pesar de sufrir las afectaciones no visibilizadas en su salud por los padecimientos que les generaba la ingesta involuntaria de agua contaminada, o por el desabasto que complicaba su vida doméstica. Ante la agudización de este último, grupos de colonos urbanos o habitantes de comunidades rurales, se hartaron y decidieron expresar su inconformidad mediante protestas públicas que atrajeron la atención de los gobernantes, los cuales solo respondían con más medidas de mitigación temporal.
Después de décadas, los integrantes de estos colectivos ciudadanos y otros actores, como los propios comunicadores profesionales, construimos una narrativa pública irrefutable sobre el problema, sus causas, responsables y sobre propuestas de solución. Incluso, llegamos a promover algunos recursos jurídicos que no prosperaron en los circuitos del poder judicial.
