La voz de la niñez se prepara para decidir en 2027
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el Plan General de la XI Consulta Infantil y Juvenil 2027, un ejercicio que busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar sus opiniones sobre los temas que impactan su vida cotidiana.
Se trata de un mecanismo de inclusión y legitimidad que, además de su carácter pedagógico y democrático, constituye una herramienta fundamental para la formación ciudadana temprana y la participación activa de la niñez en la vida política y social del país.
La consulta se llevará a cabo en noviembre de 2027 bajo una modalidad mixta, con casillas físicas y un portal en línea, retomando la experiencia de 2024 para ampliar su alcance y cobertura.
Con ello, el INE busca que más voces infantiles y juveniles sean escuchadas en un proceso que combina innovación tecnológica con prácticas tradicionales de participación.
Para garantizar una participación representativa y accesible, se diseñaron cuatro versiones de boletas y una hoja de expresión gráfica, ajustadas a las características del desarrollo cognitivo y psicoemocional de las y los participantes.
Estas herramientas consideran la diversidad sociocultural y socioeconómica del país, además de incluir plantillas en sistema braille para las boletas impresas y traducciones a lenguas indígenas con mayor población monolingüe, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
El INE se posiciona así como garante de derechos y promotor de ciudadanía, al integrar nuevas tecnologías y acciones de inclusión que fortalecen la participación democrática.
La consulta no solo recoge opiniones, sino que también incorpora una fase de vinculación interinstitucional para dar seguimiento a los resultados. Se prevén indicadores verificables que permitirán distinguir entre la recepción de las opiniones, la adopción de compromisos y la implementación de acciones concretas.
El Plan General se sustenta en la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024‑2026 y se alineará con su nueva versión para asegurar trazabilidad hasta 2029.
Esto significa que las opiniones recabadas podrán traducirse en compromisos y acciones coordinadas, con impacto real en la vida pública.
