Edgar Amador Salazar, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 en el salón legisladores de la Cámara de Diputados. Foto: Agencia EL UNIVERSAL
Un análisis del Dr. Daniel González Torres
El Ejecutivo entregó el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027. El monto es de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, 4.3 por ciento más que el aprobado para 2026 en términos nominales y apenas 1.1 por ciento en términos reales.
Detrás de esa cifra hay una decisión de política fiscal que conviene nombrar con precisión: el gobierno no propone nuevos impuestos, pero sí una reconfiguración de fondo del impuesto sobre la renta empresarial.
El supuesto que sostiene todo
Hacienda proyecta un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento para 2027 y presupuesta sobre el punto medio, es decir, sobre 2.0 por ciento. Es una expectativa optimista frente al consenso privado, que ronda 1.8, y llega después de que la propia Secretaría recortara su estimación de 2026 de un rango de 1.8-2.8 a uno de 1.0-2.0.
El precio de la mezcla mexicana se estima en 61.8 dólares por barril, contra 78.4 del cierre de este año, y la plataforma de exportación cae de 522 a 427 mil barriles diarios. De ahí que los ingresos petroleros se desplomen 14.4 por ciento real.
Conviene corregir dos datos que circularon en la cobertura inmediata: no se proyecta un crecimiento de 2.4 por ciento, sino un rango de 1.5 a 2.5; y los Requerimientos Financieros del Sector Público no son 3.5 por ciento del PIB, sino 3.9.
Dónde está realmente la reforma
La caída petrolera se compensa con una expectativa de recaudación tributaria de 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos, equivalentes a 15.9 por ciento del PIB, el nivel más alto del que se tenga registro. El ISR crecería 7.2 por ciento real sobre una economía que crecería 2.0. La elasticidad implícita es cercana a tres, muy por encima de cualquier promedio histórico.
Ese diferencial no lo puede explicar la actividad económica. Por mi propio cálculo, alrededor de 160 mil millones de pesos deben provenir de las medidas de ampliación de base gravable contenidas en la iniciativa. Las principales son:
- Un tope a las deducciones autorizadas equivalente al 96.67 por ciento de los ingresos acumulables, que opera de hecho como un piso de utilidad gravable de 3.33 por ciento sobre ingresos.
- Limitación de la amortización de pérdidas fiscales al 50 por ciento de la utilidad, con plazo ampliado de 10 a 20 años.
- Reducción de la deducción de intereses netos del 30 al 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada.
- Eliminación del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades y cobro íntegro del impuesto diferido.
El argumento oficial es contundente en su diagnóstico: de 524 mil empresas que declararon ingresos positivos en 2025, 60.7 por ciento no pagó ISR, y de esas, siete de cada diez porque sus deducciones igualaron o superaron sus ingresos.
Del otro lado hay alivios. El RESICO amplía sus umbrales de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales, con la opción de pagar IVA aplicando 7 por ciento a los ingresos cobrados sin acreditamiento. Para el tejido de micro y pequeñas empresas de la región, ese cambio pesa más que cualquier otra medida del paquete.
Tres señalamientos críticos. Primero, el tope de deducciones es, en sustancia, un impuesto mínimo, y debería discutirse como tal, con su tasa efectiva declarada. Segundo, los topes proporcionales a ingresos brutos no son el estándar típico de la OCDE que la exposición de motivos invoca. Tercero, y más importante para el trabajo legislativo: los Criterios no publican una estimación del rendimiento recaudatorio por medida. Sin ese número, la meta tributaria no es auditable.
El riesgo unilateral más grande está en otra línea. El IEPS de gasolinas se presupuesta en 538 mil 549.2 millones de pesos, 16.2 por ciento real más que el cierre de 2026. Eso supone retirar el estímulo al precio de los combustibles. Este año ese IEPS cayó 2.1 por ciento real precisamente porque el estímulo se activó ante precios altos del crudo. Si el petróleo repunta, ese dinero no llega.
El gasto: crece la seguridad social, se comprime el aparato
El titular de "recorte a la inversión" es engañoso y conviene desactivarlo. La inversión total cae 12.3 por ciento real, pero la caída se concentra íntegramente en el rediseño del rescate de Pemex: el programa de Articulación de la Política de Hidrocarburos pasa de 263 mil 476 a 81 mil 100 millones de pesos. La inversión física, la que construye, aumenta 3.5 por ciento real.
El reparto interno es más revelador. Por mi cálculo contra el PEF 2026 aprobado, los ramos administrativos suman 2 billones 461 mil 789.8 millones, una caída real de 2.5 por ciento: en conjunto, las secretarías pierden poder de compra. En cambio, el gasto programable del IMSS pasa de 1 billón 590 mil a 1 billón 803 mil millones, un aumento real de 9.9 por ciento. El crecimiento real del presupuesto está en las instituciones de seguridad social, no en el aparato administrativo.
Los programas sociales prioritarios suman 1 billón 25 mil 388.5 millones, 2.6 por ciento del PIB, con la Pensión para Adultos Mayores en 543 mil 498.4 millones.
Y el dato estructural que ninguna administración podrá eludir: pensiones, costo financiero y participaciones suman 4 billones 963 mil 300 millones, 47.2 por ciento del gasto neto total. Las pensiones ya equivalen a 4.67 por ciento del PIB frente a 2.6 de inversión física.
Consolidación mínima y deuda al alza
El ajuste fiscal es de dos décimas del PIB en los RFSP, de 4.1 a 3.9 por ciento, con un superávit primario de 0.6. Aun así, el saldo histórico de los requerimientos sube de 54.0 a 55.0 por ciento del PIB. Conviene precisar que buena parte del salto respecto a lo aprobado en 2026 es estadístico: tras la revisión del PIB por el INEGI, el 52.3 por ciento aprobado equivale a 54.5 con la nueva base.
El techo de endeudamiento interno es de 1 billón 700 mil millones y el externo de 13 mil 500 millones de dólares. Ahí se coló una novedad que merece nota propia: el artículo 2 de la Ley de Ingresos faculta al Gobierno Federal a emitir deuda para canjear y refinanciar obligaciones de Pemex y CFE dentro del monto global autorizado. Es un paso más hacia la consolidación explícita del pasivo de Pemex en el balance soberano.
Lo que llega a las entidades
Las transferencias federales a estados y municipios suman 3 billones 48 mil 200 millones, 4.6 por ciento real más que lo aprobado en 2026. Participaciones al alza de 3.0 por ciento real y aportaciones de 5.9. La recaudación federal participable estimada es de 5 billones 722 mil 752 millones. Para Coahuila y para los municipios laguneros, esa es la cifra que hay que vigilar en el dictamen de noviembre, porque de ella depende el margen presupuestal local de todo 2027.
*Fuentes: CGPE 2027, Iniciativa de LIF 2027 y Proyecto de Decreto de PEF 2027, SHCP, 8 de septiembre de 2026. Los cálculos de variación real de ramos administrativos, IMSS y gasto neto total son propios, con deflactor implícito de 3.2 por ciento.
