Dado que no avanzó la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, esta anunció que hoy se presentará una nueva iniciativa de modificación constitucional, en la cual llama la atención el cambio de la naturaleza fundamentalmente electoral del Plan A, aunque es verdad que este contenía un elemento tendiente a reducir el gasto, pero en razón de la disminución de recursos a los partidos, en tanto que ahora el énfasis mayor se coloca justamente en la reducción de egresos, pero dirigiéndola a los presupuestos de los congresos locales y los ayuntamientos.
El objeto de este plan es "Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales y en los municipios [poniendo] un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los Congresos locales, [y] al Senado de la República". Tendrá que definirse aun si -como dijo la Presidenta- el tope se fija "como un porcentaje del presupuesto o de la población; o de lo que, en este momento, representa el promedio de lo que recibe cada diputado". Es decir, una primera línea consiste en la determinación de un límite presupuestal y se entiende que lo mismo habrá de hacerse en los municipios. En cuanto a esto último, será menester tomar en consideración la diferente potencialidad económica y poblacional de los municipios. Por lo que conocemos, la reducción presupuestal va ligada también a la disminución del número de miembros del Ayuntamiento. El otro elemento de la propuesta es el control de los emolumentos de los servidores públicos en el ámbito local de modo que no puedan rebasar la percepción presidencial.
Son, pues, tres los ejes que se entrecruzan: 1) El tope al presupuesto; 2) El número de integrantes de los congresos y los ayuntamientos, y 3) La percepción límite de los servidores públicos de estos órganos, lo cual tendría que abarcar también al personal administrativo. Eso vuelve muy compleja la fórmula que se deberá manejar, porque las tres variables pueden interactuar de modos diversos. Si solo se pone un límite al presupuesto, esto podría incidir en hacer variar el número de representantes electos. Si la aplicación se vincula al costo promedio por diputado, será necesario establecer parámetros claros que vinculen el número de diputados con la población y lo mismo debería hacerse en los ayuntamientos.
Al respecto, un estudiante me preguntó si esto no constituye una invasión a las facultades de los estados de la República y la respuesta es que técnicamente no es así porque la función del Poder Constituyente Permanente es determinar la conformación e integración de los órganos en los que se depositan los Poderes que ejercen la soberanía popular, así como las reglas de integración de los ayuntamientos. Desde el punto de vista de la Teoría de la Constitución la propuesta es procedente y todo parece indicar que contará con la mayoría calificada necesaria para su aprobación porque los partidos aliados a Morena han manifestado su anuencia.
Quizá lo más llamativo de este Plan B es la parte relativa a la ampliación de las posibilidades de las consultas populares, abriéndolas a los temas electorales, con lo cual habría la posibilidad de que a través de este mecanismo se logre la reducción del dinero destinado a los partidos políticos, pues es evidente que una mayoría de personas estarían de acuerdo en esa disminución. Habrá que ver cómo se desenvuelve el tema en el Senado de la República, porque pese al acuerdo inicialmente anunciado entre las fuerzas políticas, hay detalles que podrían reabrir diferencias entre ellas.