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Leija pide descalificar a Domínguez y exige solución para trabajadores de AHMSA

Ismael Leija pidió descalificar a José Arturo Domínguez si no concreta la compra de AHMSA y exigió garantizar el pago de finiquitos

Leija pide descalificar a Domínguez y exige solución para trabajadores de AHMSA

Leija pide descalificar a Domínguez y exige solución para trabajadores de AHMSA

SERGIO RODRÍGUEZ

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, pidió a la jueza del concurso mercantil de AHMSA descalificar al empresario José Arturo Domínguez Arteaga si no puede concretar su propuesta de adquisición, luego de solicitar 90 días adicionales para revisar las condiciones de la siderúrgica.

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Leija Escalante cuestionó que el empresario plantee ahora una nueva revisión de las instalaciones, cuando, de acuerdo con su versión, los interesados tuvieron meses para conocer la situación de Altos Hornos de México. Consideró que la solicitud genera nuevas dudas entre los trabajadores y prolonga la incertidumbre que enfrenta el personal desde el inicio de la crisis de la empresa.

El dirigente sindical sostuvo que los trabajadores ya no quieren más plazos ni nuevas promesas. Su petición es que la autoridad judicial defina una ruta que permita vender la empresa y garantizar el pago de los finiquitos pendientes.

Leija rechaza más prórrogas para AHMSA

“Le estamos pidiendo a la juez que lo descalifique automáticamente”, afirmó Leija Escalante al referirse a la posibilidad de que Domínguez no pueda cumplir con los requisitos establecidos para continuar con su propuesta de compra.

El líder sindical cuestionó particularmente el argumento de realizar una inspección contable y revisar los bienes existentes dentro de AHMSA. Señaló que los interesados tuvieron oportunidad de recorrer las instalaciones y conocer sus condiciones antes de llegar a esta etapa del procedimiento.

“Hasta donde yo sé, estuvieron tres meses visitando la empresa”, sostuvo. Para Leija, esa circunstancia hace difícil justificar que ahora se requiera un periodo adicional para verificar los activos y la situación de la siderúrgica.

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La postura del sindicato es que la nueva petición no debe convertirse en otro periodo prolongado de incertidumbre. Leija Escalante señaló que la prioridad debe ser definir al comprador y avanzar hacia el pago de los trabajadores, después de los años de parálisis que ha enfrentado AHMSA.

El dirigente afirmó que la propuesta de Domínguez generó expectativas entre los obreros, particularmente por la posibilidad de reactivar la empresa y recuperar las fuentes de empleo. Sin embargo, consideró que la solicitud de 90 días representa una decepción para quienes confiaron en que el proceso avanzaría con mayor rapidez.

“Vino y creó mucha esperanza, mucha confianza en muchos trabajadores”, declaró. Añadió que ya no considera válido que se generen nuevas expectativas si no existe capacidad para cumplir los compromisos planteados ante el proceso judicial.

Sindicato exige pago de finiquitos antes de nueva compra

Leija Escalante sostuvo que los trabajadores necesitan una solución concreta y no nuevas promesas. Por ello, planteó que cualquier grupo interesado en adquirir AHMSA debe asumir un compromiso formal para cubrir los pasivos laborales.

“Que hagan un compromiso de pagar los pasivos de los trabajadores”, pidió. El dirigente consideró que quien pretende adquirir la empresa debe demostrar capacidad financiera suficiente para responder por las obligaciones laborales.

El sindicato también ha manifestado su oposición a que la alternativa de Cargill y Grupo Afirme implique otros 90 días sin condiciones que garanticen una salida para los trabajadores. Esa propuesta corresponde a un proceso distinto, planteado por los acreedores para integrar un consorcio y preparar una oferta de adquisición.

Leija Escalante confirmó que el sindicato presentó un escrito ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para expresar su desacuerdo con prolongar el procedimiento. La petición busca que la jueza establezca condiciones que eviten una espera adicional sin una garantía concreta para los obreros.

El dirigente sindical también cuestionó si la nueva petición de Domínguez podría estar relacionada con dificultades para concretar el financiamiento que originalmente respaldaría su propuesta. Sin embargo, no presentó como hecho que exista un incumplimiento de Natures Agrimate ni que esa situación sea la causa de la solicitud.

Su planteamiento fue que un empresario que asume un compromiso de esta magnitud debe contar previamente con los recursos y acuerdos necesarios para respaldarlo.

“Debe tener los pelos de la burra en la mano”, expresó Leija, al señalar que no se deben generar falsas esperanzas entre los trabajadores.

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El empresario José Arturo Domínguez había presentado una oferta de mil 400 millones de dólares durante la subasta del 25 de septiembre. Posteriormente, el proceso quedó sujeto al cumplimiento de los requisitos judiciales establecidos para acreditar la seriedad y capacidad económica de la propuesta.

La situación adquirió mayor presión después de que se conociera la solicitud de 90 días para realizar verificaciones sobre las condiciones generales del complejo. La petición fue turnada a la jueza Ruth Haggi Huerta García, quien solicitó al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y a los acreedores garantizados emitir su opinión.

Para Leija Escalante, el proceso no debe extenderse nuevamente sin que exista una obligación concreta de atender primero los derechos laborales. El sindicato sostiene que la venta debe avanzar hacia una solución que permita liquidar a los trabajadores y definir el futuro productivo de AHMSA.

El dirigente también planteó que, en lugar de utilizar una garantía únicamente como requisito para continuar con el procedimiento, podría establecerse una condición que vincule los recursos disponibles con el pago de los finiquitos.

La propuesta refleja la principal preocupación de los trabajadores: que la venta de AHMSA vuelva a retrasarse mientras las obligaciones laborales permanecen pendientes.

Leija Escalante insistió en que los obreros ya han esperado demasiado tiempo y que cualquier nueva alternativa debe traducirse en acciones verificables. Para el sindicato, la prioridad inmediata es que exista una solución judicial que permita definir al comprador, proteger los activos de la empresa y garantizar el pago de los trabajadores.

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