Alejandro Jiménez Algara (EL SIGLO DE TORREÓN / FERNANDO COMPEÁN)
La falta de regulación clara para el transporte de combustibles en volúmenes menores, ha derivado en presiones indebidas y presuntos actos de extorsión contra empresarios y trabajadores, lo que afecta directamente la operación de las empresas constructoras en la región.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alejandro Jiménez Algara, alertó sobre este problema y explicó que el traslado de combustibles en el sector no tiene fines de comercialización, sino que se realiza exclusivamente para autoconsumo en obras, especialmente en zonas alejadas de estaciones de servicio. Sin embargo, la legislación vigente solo contempla permisos para volúmenes superiores a 75 mil litros, dejando sin normatividad a transportes menores, como los que utilizan las constructoras.
“Este vacío normativo ha generado interpretaciones discrecionales y, en algunos casos, presiones indebidas que se convierten en extorsiones. Lo que pedimos es certeza jurídica, reglas claras y piso parejo”, señaló.
El dirigente reveló que en las últimas semanas se registró un intento de extorsión por un millón de pesos contra una empresa constructora que trasladaba apenas unos cientos de litros de diésel. El chofer fue detenido e incomunicado, mientras el vehículo era retenido sin ingresar formalmente al corralón.
Aunque el caso pudo resolverse gracias a la intervención de autoridades estatales, Jiménez Algara advirtió que este tipo de prácticas llevan años afectando al sector.
“Las extorsiones van desde los 2 mil pesos hasta cifras millonarias. El año pasado hubo otro caso por 300 mil pesos”, recordó.
La CMIC hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades federales y legisladores para que se establezca un esquema de permisos accesibles y viables para pequeñas y medianas empresas, que garantice revisiones con apego estricto a la legalidad y sin margen para abusos.
