Ley de Telecomunicaciones puede fortalecer la ética periodística, pero genera debate por posibles restricciones
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión puede fortalecer la ética y el profesionalismo periodístico al exigir mayor sustento informativo, aunque también genera preocupación por posibles efectos restrictivos sobre la libertad de expresión, consideró el doctor en Derecho César García Diosdado.
El especialista señaló que la reforma contiene aspectos positivos para las audiencias, porque obliga a los medios y plataformas a identificar la fuente de la información o el hecho concreto que respalda una publicación, lo que busca reducir la difusión de contenidos falsos, descontextualizados o carentes de sustento.
Explicó que, al igual que los abogados deben fundar sus argumentos en normas escritas, los periodistas tendrán que respaldar sus notas con documentos oficiales, estadísticas o fuentes verificables, como el Diario Oficial de la Federación, el INEGI u otras instituciones públicas.
Exigen distinguir información y opinión
García Diosdado indicó que otro punto relevante de la ley es la obligación de diferenciar claramente entre información y opinión, lo que en términos periodísticos implica separar los datos verificables de las interpretaciones personales.
Advirtió que esa exigencia puede resultar compleja durante entrevistas o transmisiones en vivo, donde la información se desarrolla de manera continua y no siempre es posible precisar en tiempo real si una declaración corresponde a un hecho comprobado o a una opinión.
El jurista sostuvo que la reforma pretende evitar prácticas difamatorias o publicaciones sensacionalistas y, al mismo tiempo, proteger el derecho de la sociedad a recibir información veraz, actual y contextualizada dentro de un sistema democrático.
Debate por libertad de expresión
No obstante, reconoció que existe un debate legítimo sobre si algunas disposiciones podrían convertirse en una forma de presión o silenciamiento frente a temas críticos que resulten incómodos para determinados actores públicos o privados.
Precisó que las eventuales sanciones económicas recaerían sobre los concesionarios de radio y televisión y no directamente sobre los periodistas, con multas que podrían alcanzar hasta el uno por ciento de las utilidades anuales del medio.
A su juicio, ese esquema incentiva a las empresas informativas a fortalecer sus procesos editoriales y a contratar personal capacitado, lo que contribuiría al profesionalismo y a la responsabilidad social de los medios formales.
Sustento constitucional
El doctor en Derecho recordó que la discusión debe analizarse a la luz del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libertad de expresión, así como de los principios democráticos previstos en la propia Carta Magna.
Añadió que la legislación contempla mecanismos de autorregulación mediante representantes designados por los propios medios de comunicación, quienes tendrían la función de revisar posibles infracciones y defender los derechos de las audiencias.
Finalmente, García Diosdado subrayó que cualquier aplicación de la ley deberá respetar los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre libertad de expresión, derecho a la información y responsabilidades ulteriores derivadas de publicaciones periodísticas.
