Lizbeth 'N' queda en prisión preventiva por caso de maltrato animal en Fundación Frichem
La Fiscalía General del Estado sostiene que la acusada tenía una responsabilidad de cuidado sobre los animales y busca acreditar su participación mediante las pruebas reunidas durante la investigación.
Lizbeth “N”, presidenta de la Fundación Frichem, quedó sujeta a prisión preventiva durante la audiencia inicial por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal cometido contra perros que permanecían bajo resguardo del albergue en Castaños.
La audiencia comenzó con más de tres horas de retraso y concluyó con la solicitud de la defensa para ampliar el término constitucional. El juez de control determinó que Lizbeth “N” permanezca en prisión preventiva mientras se reanuda la audiencia el próximo viernes al mediodía, cuando se resolverá si existen elementos suficientes para vincularla o no a proceso.
Maltrato animal mantiene a presidenta de Frichem en prisión
La Fiscalía atribuye a Lizbeth “N” responsabilidad por las condiciones en que se encontraban los animales en el inmueble relacionado con la Fundación Frichem. De acuerdo con la investigación ministerial, los perros presentaban lesiones, desnutrición y otras afectaciones detectadas durante el operativo realizado en Castaños, por lo que la autoridad inició acciones penales contra quienes tenían obligaciones de cuidado.
Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, explicó previamente que la investigación no requiere necesariamente acreditar que la representante haya provocado directamente las lesiones. La autoridad busca establecer si, por su responsabilidad sobre el albergue y los animales, tenía el deber jurídico de garantizar condiciones adecuadas de alimentación, atención y cuidado.
La detención de Lizbeth “N” ocurrió después de que la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión y realizó labores de investigación para localizarla. La captura se produjo como parte de una segunda etapa de la investigación, después de que Juan Manuel “N”, identificado como cuidador del albergue, fuera detenido y sometido también a proceso penal.
El caso se originó después del operativo realizado en un inmueble de Castaños, donde fueron localizados decenas de perros en condiciones de abandono y presunto maltrato. Las primeras informaciones oficiales reportaron el rescate de 63 animales, aunque la investigación ministerial posteriormente ha manejado distintas cifras de animales considerados dentro de los hechos imputados.
La acusación que enfrenta Lizbeth “N” está relacionada específicamente con 53 perros, de acuerdo con la información proporcionada para esta audiencia. La Fiscalía sostiene que cada animal afectado puede constituir un hecho susceptible de responsabilidad penal, por lo que analiza la aplicación de las reglas del concurso real de delitos.
Defensa pide ampliación del término constitucional
Durante la audiencia inicial, la defensa de Lizbeth “N” solicitó la ampliación del término constitucional para contar con mayor tiempo para preparar sus argumentos y presentar los elementos que considere necesarios. Por esta razón, el juez no resolverá todavía si existen condiciones para dictar un auto de vinculación a proceso.
La audiencia continuará el viernes al mediodía en el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Monclova. En esa diligencia, el juez de control analizará los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa antes de determinar si la acusada debe enfrentar un proceso penal por el delito que se le atribuye.
La prisión preventiva impuesta durante esta etapa no representa una declaración de culpabilidad. Se trata de una medida cautelar que deberá mantenerse mientras se determina la situación jurídica de la imputada, quien conserva su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
El proceso contra Lizbeth “N” se suma al que enfrenta Juan Manuel “N”, quien fue señalado como cuidador del inmueble donde permanecían los perros. La Fiscalía ha sostenido que ambos casos forman parte de una investigación más amplia para determinar las responsabilidades de las personas que tenían relación con el funcionamiento y cuidado de los animales.
En el caso del cuidador, la autoridad judicial ya había impuesto prisión preventiva después de que la Fiscalía judicializara la carpeta de investigación. Los dictámenes veterinarios incorporados al expediente establecieron afectaciones en los perros localizados durante el cateo, elementos que fueron utilizados por el Ministerio Público para sustentar la acusación.
La Fiscalía también ha señalado que investiga la posible participación de otras personas relacionadas con el albergue. Everardo Lazo Chapa informó que las investigaciones continúan para establecer si existen más responsables y determinar si los datos de prueba permiten solicitar nuevas órdenes de aprehensión.
Fiscalía busca acumular penas por perros afectados
La investigación también abrió un debate jurídico respecto de la posible acumulación de sanciones por el número de animales afectados. La Fiscalía ha planteado que el delito pueda analizarse bajo las reglas del concurso real, debido a que existen múltiples seres sintientes que habrían sido víctimas de conductas susceptibles de sanción penal.
El Código Penal de Coahuila establece actualmente penas de prisión para diversas conductas consideradas crueldad contra seres sintientes. En este caso, la Fiscalía busca que los hechos sean analizados individualmente para determinar la responsabilidad que pudiera corresponder por cada animal, aunque la suma aritmética de las penas máximas no equivale automáticamente a la condena que podría imponer un juez.
Por ejemplo, la multiplicación de cuatro años, como máximo previsto para determinados supuestos, por 53 animales produciría una suma de 212 años. Sin embargo, esa cifra es únicamente una operación matemática y no significa que Lizbeth “N” pueda recibir automáticamente una condena de 212 años de prisión.
Las reglas del concurso real establecen mecanismos para individualizar y unificar las penas. En el escenario planteado anteriormente por la Fiscalía, si únicamente se consideran delitos de crueldad contra seres sintientes que no sean catalogados como graves, el límite legal aplicable a la pena total unificada sería de 25 años.
Por ello, el proceso que continuará el viernes no determinará solamente si Lizbeth “N” queda vinculada a proceso. También permitirá conocer con mayor precisión la clasificación jurídica de los hechos que la Fiscalía pretende acreditar y los datos de prueba que utilizará para sostener la responsabilidad que le atribuye.
La investigación permanece abierta mientras el juez analiza la situación jurídica de la presidenta de la Fundación Frichem. El siguiente paso será la audiencia de continuación programada para el viernes al mediodía, en la que se determinará si el Ministerio Público acreditó datos suficientes para establecer la probable participación de Lizbeth “N” en el delito de maltrato animal.
El caso mantiene bajo investigación las condiciones en que fueron encontrados los perros del albergue y las responsabilidades de quienes tenían obligaciones de cuidado.
La Fiscalía deberá acreditar sus imputaciones durante el proceso, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los datos presentados por el Ministerio Público ante el juez de control.
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