En 1908 el periodista James Creelman le preguntó al presidente Porfirio Díaz si México ya estaba preparado para la democracia. Setenta años después, Alan Riding publicó Vecinos distantes, un libro que estudia al mexicano y lo compara con los estadounidenses, analizando la difícil vinculación entre dos culturas tan dispares y contrastantes. Octavio Paz describió con clarividencia la complejidad cultural del mexicano y el desafío para incorporarse en el mundo moderno en la era de la globalización. El común denominador de estos y tantos otros estudios similares radica en la posibilidad de que el mexicano pueda construir un sistema sociopolítico capaz de preservar la estabilidad y generar prosperidad.
El asunto no es meramente filosófico o académico, pues de la respuesta que se dé a las interrogantes y caracterizaciones que han hecho estos estudiosos a lo largo del tiempo depende el tipo de devenir que le sea posible al país. De hecho, reconociendo las carencias y complicaciones inherentes a la política mexicana -reflejo de lo intrincado de la cultura nacional- fue que en los noventa México buscó un mecanismo que permitiese "aislar" la fenomenología política para fines de la economía y la inversión. De ahí el TLC norteamericano, cuya característica nodal cuando se negoció en los noventa fue que, de facto, Estados Unidos nos "prestaba" instituciones y mecanismos judiciales a fin de conferirles certidumbre a los inversionistas y empresarios.
Treinta años después de inaugurado, el TLC sigue siendo el pilar de la actividad económica nacional en el sentido de que las exportaciones son el principal motor de crecimiento que genera demanda y derrama sobre el resto del país. El desarrollo en materia económica que el mecanismo comercial ha generado es extraordinario: quienquiera que visite Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León y, en general, casi todo el norte del país, no podrá más que maravillarse de la transformación que esas regiones han experimentado. Existiendo reglas y certidumbre, el progreso avanza.
Por otro lado, es igual de patente que hay regiones y funciones que no sólo se han rezagado, sino que muchas han experimentado una clara regresión. Lo primero es visible en vastas zonas del sur del país, donde sea por negligencia política o por factores culturales que potencian la oposición a la modernidad, han mantenido pobre y rezagada a una enorme porción de la población. Todavía peor, el gobierno pasado, que llegó al poder en buena medida por su crítica a las desigualdades que existían en el país, no dedicó recurso alguno a atender esos rezagos. La incertidumbre tiene consecuencias que inexorablemente se manifiestan.
Algo similar se podría decir del segundo factor: qué tanto ha evolucionado, o involucionado, la política nacional en todos estos años en que el país ha dependido de reglas certeras para una parte de su realidad, especialmente de la economía, muchas de ellas provistas por factores externos. En términos concretos, ¿hemos desarrollado fuentes de certidumbre interna susceptibles de reemplazar a los contenidos en el TLC para conferirles reglas claras y certezas a los actores económicos?
La interrogante es clave porque nuestra historia está plagada de ausencia de fuentes de certeza y, como hemos visto, los intentos por construir nuevas instituciones han sido derruidos uno a uno. A lo largo de gran parte del siglo XX, el país contó con un régimen que se apegaba a las leyes formales como dogma casi religioso. Se decía que existía Estado de derecho y democracia. Sin embargo, cuando las leyes existentes no permitían hacer lo que el presidente deseaba, se modificaban las leyes a fin de que éstas se ajustaran a las preferencias o necesidades del momento. Esa forma de ser, que retorna con celeridad, implica la ausencia de Estado de derecho por el mero hecho de que las leyes se pueden modificar a modo, no existe un poder judicial autónomo y, en general, domina la inexistencia de un entorno de seguridad jurídica.
A partir del TLC se intentó construir un andamiaje institucional que poco a poco diera forma a un Estado de derecho. Dada la facilidad con que todo ese tinglado fue sistemáticamente desmantelado a partir de 2018, hoy sabemos que los presidentes desde el TLC hasta 2018 respetaron las reglas e instituciones más por decisión propia que por la fuerza de aquellas instituciones y leyes. Y es ahí donde nos encontramos ahora.
El asunto clave radica en la necesidad de contrapesos institucionales que le confieran certidumbre a la ciudadanía antes que a nadie y subsecuentemente a los actores económicos y políticos. La pretensión implícita de que un gobernante puede garantizar esa certidumbre por su estatura moral quizá funcionó en el siglo pasado, en el contexto de una nación que vivía relativamente aislada del resto del mundo y con poca información de lo que ahí acontecía. Hoy se requieren reglas claras, conocidas, predecibles y que se hacen cumplir. Nada de eso existe.
Más que democracia, que es en buena medida una consecuencia, al país le urge una nueva construcción institucional. Si para algo habrá de servir la concentración de poder que estamos viviendo, ojalá sea para realmente sentar las bases del desarrollo futuro y exitoso del país. De no ser así, las consecuencias serán abismales y no sólo para el gobierno.