Escribo esta columna a título personal, como lagunero y como alguien que ha estudiado de cerca el marco regulatorio del sector hidrocarburos. Lo que está ocurriendo con Grupo SIMSA y con la familia Issa Tafich merece una explicación que la conversación pública no ha tenido, y que conviene dar antes de que el daño se vuelva irreversible.
Partamos de algo que en esta región debería ser obvio y que sin embargo se olvida. Sin energía no hay industria. Sin hidrocarburos disponibles, almacenados y entregados a tiempo, no hay parque industrial, no hay planta automotriz, no hay cadena de frío, no hay flota de transporte ni hay nearshoring que valga.
El desarrollo que hoy presumen Torreón y La Laguna no se levantó únicamente con naves industriales y mano de obra calificada; se levantó porque alguien invirtió durante décadas en la infraestructura invisible que hace posible todo lo demás. Esa infraestructura no la improvisa el mercado ni la decreta un gobierno: exige capital paciente, permisos que tardan años y la voluntad de apostarle a una región que durante mucho tiempo no estuvo de moda.
Grupo SIMSA es una de las empresas que hizo esa apuesta. Fundado en 1967 por don Salomón Issa Murra, que se dedicó durante décadas al comercio de gas en la Comarca Lagunera, y conducido hoy por sus hijos Nesim y Salomón Issa Tafich, el grupo creció desde Torreón hacia el resto del país en energía, alimentos, comercio, construcción, transporte e inmobiliario, y emplea a más de 14 mil personas. No es un conglomerado que llegó a La Laguna a extraer: es un conglomerado que salió de La Laguna a competir.
Esa distinción, en una región acostumbrada a ver cómo el capital se va, no es un detalle menor.
Vayamos a los hechos. El jueves 17 de septiembre, autoridades federales y estatales intervinieron una terminal de almacenamiento en San José Iturbide, Guanajuato, donde aseguraron poco más de 59 millones de litros de hidrocarburos, además de diez tanques y unidades de carga. La instalación pertenece a Gas Natural del Noroeste, empresa del grupo. La Fiscalía General de la República investiga la procedencia, propiedad y trazabilidad del combustible y ha señalado que la documentación entregada todavía no acredita por completo origen, manejo y destino. La empresa sostiene que su operación es lícita y verificable, que opera desde 2016 con permiso federal de almacenamiento de petrolíferos con vigencia de treinta años, y que ya entregó la documentación correspondiente junto con sus clientes. Ese es el estado real del asunto: una investigación abierta, dos versiones y ninguna resolución.
Pero hay un dato de origen que conviene conocer, publicado esta semana por el periodista Arturo Rodríguez García, y que cambia bastante el cuadro. La revisión no comenzó el 17 de septiembre: arrancó diez días antes, derivada de otro operativo. A finales de agosto fue detenida una pipa de gas LP que no traía documentación en regla, y el conductor declaró que había cargado el producto en una planta de Grupo SIMSA. Esa sola afirmación bastó para que la autoridad estatal pusiera lupa sobre la terminal. El problema es que en esa terminal no se maneja gas LP. Si la premisa que detonó el operativo resulta materialmente imposible, la pregunta que sigue no es incómoda, es obligada: ¿sobre qué base se construyó todo lo demás? Y aquí entra la parte que nadie le ha explicado al público, que es la más importante. Una terminal de almacenamiento no es dueña del combustible que guarda. Es depositaria.
Su negocio es el porteo: recibir producto que pertenece a terceros, custodiarlo en tanque y despacharlo cuando el cliente lo solicita. Funciona como una Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex, pero privada, sin venta al público y sin distribución. Los clientes de ésta, dicho sea de paso, son ExxonMobil, Shell y Pemex Internacional. Quien debe acreditar la procedencia lícita de cada litro —pedimentos de importación, comprobantes fiscales, cadena de propiedad— es el dueño de la molécula, no quien renta el tanque.
Las obligaciones del almacenista son distintas: registro, medición, control volumétrico y reporte. Saltar del hallazgo de producto con trazabilidad en revisión a la culpabilidad de quienes operan la terminal no es una inferencia periodística: es un error jurídico.