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La mañana del jueves 23 de julio de 2026, mientras el secretario de Economía mexicano Marcelo Ebrard y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer cerraban la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre ambos países en la Ciudad de México, la oficina de Greer anunciaba desde Washington la imposición de un nuevo arancel del 10 por ciento a las exportaciones mexicanas, esta vez con el argumento de que México no estaba combatiendo eficazmente el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.
Los negociadores mexicanos se enteraron de este arancel casi al mismo tiempo que la opinión pública. Esa escena en particular, donde se dialoga en una mesa de acuerdos mientras por otra parte se legisla por proclamación, ofrece una perspectiva —mucho más clara que cualquier cifra— de lo que han sido las relaciones económicas en América del Norte a partir de 2025, cuando Trump inició su segundo periodo presidencial: incertidumbre constante y una “negociación” permanente en la que sólo uno de los participantes puede cambiar las reglas del juego cuando lo considera adecuado para sus intereses. A pesar de estas circunstancias, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue con vida.
El 1 de julio de 2026 fue la fecha prevista para la primera revisión conjunta del T-MEC. Afortunadamente no ocurrió la catástrofe que muchos esperaban —su cancelación—, pero tampoco se dio la renovación que México y Canadá habían solicitado formalmente un mes antes, sino que se presentó algo más ambiguo y a largo plazo, quizá mucho más costoso, ya que Estados Unidos se negó a extender el acuerdo por 16 años y, en su lugar, activó un régimen de revisiones anuales que se podrá prolongar hasta 2036. Si bien es cierto que el T-MEC no ha muerto, estará en observación constante y obligatoria cada doce meses, siempre bajo el riesgo de que cambien nuevamente las dinámicas comerciales entre México y Estados Unidos.
Bajo este escenario surgen tres preguntas: ¿Cómo quedó realmente el tratado? ¿Cómo se transformó la relación entre los tres países miembros? ¿Qué se puede esperar de las inversiones que durante casi cuatro décadas han apostado por esta región?
Para responder a estas cuestiones primero habría que despejar un malentendido de origen: lo ocurrido entre enero de 2025 y agosto de 2026 no se trata sólo de una historia de aranceles, sino de tres capas superpuestas que deben tenerse claras para dar sentido a la lógica comercial, los calendarios de negociación y los fundamentos legales de los convenios comerciales.
La primera capa es, en primera instancia, el arancel general impuesto a México, un gravamen amplio que el presidente Trump anunció desde su campaña electoral, donde ligaba al fentanilo con la migración y cuyo fundamento jurídico ha cambiado en tres ocasiones.
La segunda capa está conformada por los aranceles sectoriales de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que abarcan el acero, el aluminio, el cobre, los automóviles y los camiones pesados. Estados Unidos los justifica con temas de seguridad nacional y no dependen de los vaivenes de la primera capa. Son, por tanto, los que afectan en mayor medida la dinámica comercial entre ambos países.
Por último se encuentra el proceso institucional del propio tratado, que considera la revisión anual conjunta y prevista en su artículo 34.7, la cual actualmente corre en paralelo a la negociación del acuerdo y que tiene reglas propias.
Cuando estos factores se mezclan, el resultado puede ser complejo. Pareciera que México gana cuando un tribunal estadounidense da marcha atrás a un arancel o que pierde cuando surge un nuevo gravamen; sin embargo, cuando las tres capas se analizan por separado, puede ser más clara la dirección que tomará el libre comercio.
LA ESCALADA ARANCELARIA
El 1 de febrero de 2025, a doce días de haber regresado a la Casa Blanca, Donald Trump firmó las órdenes ejecutivas que imponían un arancel del 25 por ciento a los productos provenientes de México y Canadá, donde se invocaba la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una legislación diseñada en 1977 para sancionar adversarios geopolíticos y que ningún presidente norteamericano había usado para imponer gravámenes comerciales.
Dos días después, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum logró poner en pausa esta disposición, por un mes, a cambio de desplegar a diez mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de México. Ese intercambio (seguridad en la frontera a cambio de tiempo) fijó un precedente que marcaría los acontecimientos posteriores en las negociaciones del T-MEC, colocando el comercio y la seguridad sobre la misma mesa.
El 4 de marzo de 2025, los impuestos a las exportaciones mexicanas y canadienses entraron en vigor y, dos días más tarde, el gobierno estadounidense exentó a los bienes que cumplieran con las reglas de origen —aquellas que determinan la región de donde proviene un producto— del T-MEC. Ese 6 de marzo es, quizá, la fecha más crucial de la nueva relación comercial entre los países norteamericanos, ya que en ese momento el tratado dejó de ser un marco jurídico de certeza para los miembros y se convirtió en un escudo arancelario.
A partir de ahí, la pregunta relevante para los exportadores mexicanos no sería qué dice el acuerdo, sino si su mercancía califica para su protección. Cerca del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas han cumplido los requisitos para cruzar la frontera sin pagar aranceles, pero el resto ha quedado expuesto al gravamen.
En paralelo, la administración estadounidense agregó un 25 por ciento de arancel al acero y al aluminio en marzo de 2025, el cual se elevó hasta el 50 por ciento en junio. También aplicó un 25 por ciento a los automóviles y a las autopartes en abril y en mayo, respectivamente. A eso se añade un derecho compensatorio de 17.09 por ciento al jitomate en julio, un impuesto del 50 por ciento al cobre en agosto y, por último, un 25 por ciento a los camiones medianos y pesados a partir del 1 de noviembre. Este último fue un golpe especialmente fuerte y directo a uno de los sectores exportadores más dinámicos del norte de México. A diferencia del arancel general, todas estas medidas se sustentaron en investigaciones del Departamento de Comercio y no admitieron la protección plena del tratado.
Entre amenazas y prórrogas transcurrieron el verano y el otoño de 2025, junto a una carta de Trump donde anunció un 30 por ciento de aranceles a partir de agosto, una llamada telefónica que los pospuso 90 días y otra prórroga en octubre. El gobierno de México respondió con cabeza fría al tratar de negociar cada vencimiento y, en diciembre, aprobó su propia muralla arancelaria de hasta 50 por ciento a mil 463 fracciones provenientes de aquellos países con los que no tuviera un tratado de libre comercio, especialmente China, una medida presentada como parte del Plan México y que funcionalmente trata de responder a la principal exigencia estadounidense: cerrar las puertas al mercado asiático.
LAS ARTIMAÑAS LEGALES DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
Aquí es cuando irrumpe un actor que no había estado presente hasta el momento: el poder judicial estadounidense. El viernes 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de aquel país resolvió, en el caso de la empresa Learning Resources contra Trump, por seis votos contra tres, que la IEEPA no autorizaría al presidente los aranceles que había impuesto al mundo. El razonamiento fue contundente: cuando el Congreso delega la facultad de imponer estos gravámenes al poder ejecutivo, lo debe hacer de forma explícita y con restricciones cuidadosas, algo que no se había cumplido. Con ese fallo legal cayó el arancel del 25 por ciento a México y todo el esquema de aranceles “recíprocos” que Trump había desplegado contra el mundo desde abril de 2025.
Paradójicamente, la demanda que derribó la escalada arancelaria de Trump no la presentó un gobierno extranjero ni un gigante corporativo, sino que la encabezó una compañía de juguetes educativos de Illinois. Vale la pena detenerse en la ironía, ya que México pasó doce meses negociando para contener el impuesto del 25 por ciento y lo que finalmente lo redujo a la mitad no fue la diplomacia, sino un litigio interno estadounidense.
Una lección incómoda vino horas después, porque antes de que terminara ese mismo día, la Casa Blanca ya había firmado tres documentos, entre ellos una proclamación que invocaba, por primera vez en la historia, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que imponía un arancel global del 10 por ciento.
La sección 122 es una reliquia legal con fecha de caducidad. El Congreso estadounidense la creó para acotar las facultades presidenciales de imponer sobretasas por problemas de balanza de pagos, por lo que permite hasta 15 por ciento de impuestos por un máximo de 150 días, prorrogables solo por el legislativo. El 24 de febrero entró en vigor ese recargo del 10 por ciento y su fecha de término se estipuló para el 24 de julio.
No obstante, el 7 de mayo, por dos votos contra uno, el Tribunal de Comercio Internacional declaró ilegal esta medida, pero una suspensión del tribunal de apelaciones permitió el cobro íntegro del impuesto hasta su vencimiento. Este dato pareciera anecdótico, sin embargo, ofrece claridad en términos del comercio internacional actual: un arancel que había sido invalidado judicialmente dos veces, y bajo dos leyes distintas, se siguió recaudando a través de huecos legales.
El 12 de marzo de 2026, a sólo dieciséis días después de haber presentado la sección 122, la oficina de Jamieson Greer abrió una investigación bajo la sección 301 contra 60 economías, donde se incluyó a México —a pesar de ser socio comercial— por no prohibir ni sancionar con eficacia la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
A partir del 2 de junio, lo que siguió fue ingeniería de calendario: tras las audiencias públicas en torno a la investigación, que se llevaron a cabo del 7 al 9 de julio, se dio el anuncio final el 23 de julio, donde se sancionó a México con un 10 por ciento de gravamen, pero con una exención para los bienes que cumplían el tratado. El nuevo arancel entró en vigor el 24 de julio a partir de las 00:00 horas, justo en el momento en que expiraba el impuesto de la sección 122. Es decir, un instrumento sustituyó al otro sin que la caja registradora de la aduana estadounidense dejara de “marcar”.
De hecho, el secretario Ebrard informó, con inusual franqueza matemática, que el 10 por ciento nuevo era el mismo 10 por ciento anterior, pero con otro nombre. Y ese es precisamente el problema de fondo que enfrenta el comercio exterior, porque si un arancel sobrevive a la anulación de la Corte Suprema, a una segunda invalidación judicial y al vencimiento estatutario de su base legal, entonces el elemento central no es el monto de la tasa impositiva, ni siquiera el litigio, sino la permanencia de una voluntad proteccionista que en teoría el mundo ya había dejado atrás. Esto habla de una decisión estructural que pretende pasar del libre comercio a un nuevo modelo de defensa de la industria nacional, es decir, una autarquía.
Sin importar si la tasa se mueve al 25 o al 10 por ciento, la nueva arquitectura comercial —donde permanece inamovible el peaje discrecional a la entrada de productos al mercado estadounidense— puede cambiar de empaque legal: puede llamarse IEEPA de 1977, sección 122 de 1974, sección 301 de la misma ley contra Canadá, sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 o incluso ley Smoot-Hawley —que data de la Gran Depresión—, pero no deja de ser una visión proteccionista.
Si bien es cierto que la ley Smoot-Hawley no ha impactado a México todavía, el país no puede perderla de vista. El 20 de julio de 2026, Trump firmó tres nuevas proclamaciones para imponer 50 por ciento de carga fiscal a 554 fracciones de Canadá, aproximadamente unos veinte mil millones de dólares en lácteos, alcohol, vehículos y una larga lista de productos que incluyen desde vino hasta bastones de hockey, con el alegato de que sus vecinos norteños discriminan al comercio estadounidense frente al trato que le dan a otros socios. Es la primera vez en un siglo que se retoma esta disposición.
El pequeño detalle de este arancel de la sección 338 está en que se puede aplicar a cualquier mercancía sin importar si califica bajo los criterios del T-MEC, el escudo comercial que actualmente protege al 85 por ciento de las exportaciones mexicanas. Esto se debe a que se trata de una concesión discrecional donde cada proclamación puede otorgar o retirar. Visto desde esta perspectiva, le podría quitar el sueño hasta al más optimista.
Mientras esas cuatro leyes se relevaban una tras otra, la sección 232 —la que implicaba un 50 por ciento de arancel al acero, aluminio y cobre, y el 25 por ciento a los vehículos y camiones— siguió adelante.
Y mientras los titulares de los medios de comunicación en estos últimos dos años se ocuparon del andamiaje arancelario, la construcción del verdadero proyecto comercial estaba en otra parte.
BUSCAR UN BALANCE
La revisión del T-MEC, que inició formalmente el pasado 1 de julio, tiene tras de sí una demanda central y varias de tipo instrumental. La primera se refiere a las reglas de origen y el subrepresentante comercial Jeffrey Goettman lo planteó, sin rodeos, al asegurar que los fabricantes de Asia usaban a México y Canadá como la puerta trasera al mercado de Estados Unidos, por lo que Trump no aprobaría el acuerdo tal como está.
El dato que sostiene esa posición proviene de los informes de la oficina comercial del Congreso, que mencionan que el contenido de Estados Unidos en un vehículo fabricado en México cayó de cerca del 60 por ciento en 2017 al 35 por ciento en 2024, mientras que el valor agregado chino en esas mismas cadenas de producción creció. La exigencia estadounidense, en consecuencia, fue endurecer el texto del tratado para elevar el contenido regional, sobre todo el de Estados Unidos, y expulsar los insumos chinos.
México no rechaza esa premisa, sino que disputa cómo será el reparto de participación en dichas cadenas de producción. La fórmula de la presidenta Claudia Sheinbaum es: “Sí a más contenido regional, siempre que México también cuente dentro de él y no solo lo que se fabrica en Estados Unidos”. Además, la mandataria se respalda en un argumento jurídico que la prensa estadounidense suele omitir: el único litigio que ha existido sobre cómo se calculan las reglas de origen automotrices lo perdió Estados Unidos en 2023, pero decidió no acatarlo.
Es decir, el país que hoy pide endurecer las reglas de origen es el mismo que suele incumplir los acuerdos comerciales vigentes y los fallos judiciales, y es con quien hoy se tendrá que negociar. Esos incumplimientos están entre las trece preocupaciones formales que la Secretaría de Economía mexicana entregó al Senado en julio, junto con los aranceles sectoriales, el recargo del 10 por ciento y las barreras comerciales de estados como California y Florida.
Las demandas instrumentales completan el arco mediante la llamada “seguridad económica”, que en el vocabulario de Washington no se refiere al fentanilo o al control de armas, sino a la supervisión de las exportaciones de bienes de doble uso (tecnología con potencial uso militar), la revisión de las inversiones con capital chino y la trazabilidad en sectores estratégicos. También incluye a la agricultura, pues Estados Unidos quiere proteger sus exportaciones de maíz transgénico, los servicios de pagos electrónicos y el futuro del arbitraje de inversión.
México ya entregó en julio actualizaciones de sus controles de exportación de bienes de uso dual para alinearlos con la regulación de Estados Unidos, un gesto que Washington reconoció públicamente y que, por cierto, no tuvo una contraparte visible.
El calendario fue fijado por Greer ante el Senado de su país. Se esperan acuerdos provisionales con México antes del cierre de este año, pero los temas más importantes, como las reglas de origen, las laborales y ambientales, se tendrán que negociar en 2027; es decir, lo que se firme en 2026 será por diseño y no por fondo.
REPRESALIAS E INTERDEPENDENCIA
Otra pregunta que surge tras revisar este escenario es: ¿qué le pasó al proyecto de América del Norte? Durante 34 años, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al T-MEC, la región trató de construirse sobre la premisa de que la integración económica era positiva y que ninguna de las partes alteraría esta dirección de forma unilateral, pero esos cimientos se derrumbaron en 2025.
El comercio ha logrado resistir y las exportaciones mexicanas no petroleras todavía crecían a tasas de dos dígitos en mayo de 2026. No obstante, la integración comercial pactada está siendo sustituida por otra más “administrada”, que se revisará cada año y donde el acceso al mercado más grande del mundo dejó de ser un derecho para convertirse en una concesión renovable.
Desafortunadamente, el reacomodo se está presentando de manera asimétrica. Por un lado, Canadá eligió como represalias las sobretasas para los vehículos de Estados Unidos, además de restricciones al alcohol por provincia, y a cambio recibió el instrumento más agresivo del arsenal proteccionista cuando le aplicaron la sección 338, que ni siquiera el tratado puede contrarrestar. Por su parte, México eligió el pragmatismo y la negociación permanente para, de todas formas, quedarse con el 10 por ciento de aranceles que ya le había sido aplicado, aunque conservando la protección para el 85 por ciento de sus exportaciones, así como una mesa de negociaciones aún abierta.
Greer mismo ha reconocido que las pláticas con nuestro país avanzan porque los mexicanos son pragmáticos. Esta declaración puede ser un elogio, o bien, todo lo contrario, ya ante la falta de alternativas, ese pragmatismo suele parecerse más a la docilidad.
La relación entre México y Canadá históricamente había sido a través de Washington, sin embargo, en estos dos últimos años sus lazos se han estrechado: la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney firmaron el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, que incluye corredores marítimos, cadenas farmacéuticas, una misión comercial de 244 empresarios mexicanos en Toronto y Montreal (a celebrarse en mayo de 2027) y el compromiso explícito de coordinar sus posiciones frente a la revisión del T-MEC.
Es importante tener claro que cuando llegue la hora de la negociación individual, cada país actuará en su propio beneficio, como muestra la caída de las inversiones canadienses en México durante el primer trimestre de 2026. No obstante, al menos la relación ha comenzado a cambiar en el tono discursivo y bajo la lógica de dos economías expuestas al mismo vecino imprevisible. Finalmente han descubierto que la diversificación empieza por el socio que ya se tiene.
Estados Unidos y Canadá son dos economías desarrolladas, con ingresos per cápita que sobrepasan por mucho a los ingresos de los mexicanos y, sobre todo, con mayor capacidad de absorber el costo de sus decisiones proteccionistas. Para México, la amenaza arancelaria no es sólo un problema comercial, sino un riesgo macroeconómico integral al depender en un 84 por ciento de sus exportaciones no petroleras hacia el mercado estadounidense.
Pero esta dependencia puede ir en ambas direcciones: en 2025, México desplazó a Canadá como el principal comprador norteamericano de bienes de Estados Unidos. Es decir, hoy el socio menor del T-MEC es el primer cliente del socio mayor, y eso genera millones de empleos estadounidenses ligados a las ventas a México. Este es el argumento más sólido que se tiene para negociar en cada ronda y, en parte, explica por qué, pese a toda la retórica, nuestro vecino del norte no ha dado el paso para dinamitar el acuerdo.
La negociación comercial puede llevar al triunfalismo oficial o al catastrofismo fácil; los datos pueden sostener ambas narrativas, pero vale la pena no quedarse estancado en ninguna de las dos.
Por un lado, la inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó un máximo histórico de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un crecimiento del 10.4 por ciento anual, con Estados Unidos aportando el 43 por ciento del total (10 mil 210 millones), porcentaje que dirigió principalmente a software, dispositivos médicos, la industria automotriz y la banca. En plena guerra arancelaria, el capital estadounidense en México creció.
Por el lado catastrofista, vale la pena recordar que el 94 por ciento de la IED corresponde a reinversión de utilidades, es decir, a los ingresos de las empresas ya instaladas en México y que aún no se han repatriado. Las inversiones nuevas, en cambio, apenas alcanzaron los mil 705 millones de dólares (7 por ciento del total).
Es decir, las empresas que ya están en nuestro país están ampliando su producción y están reinvirtiendo ganancias porque desmontar una cadena de suministro integrada por más de tres décadas es más costoso que pagar la incertidumbre. Pero los nuevos proyectos están estancados, esperando conocer qué pasará con las reglas de origen y los aranceles, y qué tratado regirá los próximos años.
Ese es el costo del régimen de revisiones anuales: las decisiones de inversión no tomadas —que pesan más en una economía que apenas crece— y la incertidumbre que habrá cada doce meses. Las revisiones no deberían acabar con lo que existe, pero quizá lo mantengan en pausa.
EL ESTADO ACTUAL
¿Cómo quedó, entonces, el T-MEC? Vigente, funcional y condicionado. Sus aranceles preferenciales, sus reglas de origen y sus protecciones a la inversión siguen operando. El 85 por ciento del comercio mexicano hacia el norte fluye aún sin gravamen. Los mercados que ya habían descontado este escenario no sufrieron cambios el 1 de julio y el tipo de cambio cerró estable ese día en 17.54 pesos por dólar.
Pero el acuerdo perdió lo que un negociador mexicano llamó “su verdadero activo”: la certidumbre. Durante casi cuatro décadas, las empresas extranjeras habían invertido en México por la confianza en que las reglas establecidas durarían toda la vida útil de sus proyectos. Con las revisiones anuales, esa confianza hoy está racionada a cuentagotas.
La cuarta ronda de las negociaciones se llevará a cabo en Washington, en la primera quincena de septiembre, y es probable que a partir de ella surjan algunos acuerdos parciales en cuanto al acero, el aluminio y otros sectores estratégicos, pero lo más seguro es que las reglas de origen se sigan disputando durante el siguiente año. Es un hecho que la primera revisión anual a mediados de 2027 coincidirá con la antesala electoral de Estados Unidos de 2028, cuando la tentación de usar a México como argumento de campaña volverá a su máximo nivel.
La historia de estos 18 meses enseña que el escudo comercial que ofrece el T-MEC ha resistido a cuatro leyes, dos fallos judiciales y una revisión fallida, pero también que nada garantiza su continuidad. Entre el tratado que fue un contrato de largo plazo entre tres socios y el que es hoy —un permiso renovable entre un mercado y sus proveedores— se encuentra la transformación económica más profunda del mundo en los últimos años: el viraje al proteccionismo comercial. Nombrarla con precisión es el primer paso para no administrarla con una nostalgia que impida el crecimiento económico.
